El consorcio Parxin parece haberse convertido en un concesionario ilegítimo del estacionamiento tarifado asunceno, porque habría violado tanto la Ley de Concesiones de Obras y Servicios Públicos, como el pliego de bases y condiciones de la licitación, al modificar su composición accionaria, sin previo permiso municipal. La maniobra inconsulta hizo que la empresa líder, con el 60% de las acciones, llegara a ser Geolatina SA, carente de la experiencia mínima de tres años en la gestión de cinco mil lugares de parqueo y en la prestación de servicios similares por un valor de al menos veinte millones de dólares, según lo exigía el pliego antes referido. El contrato suscrito tendría que ser rescindido porque todo conduce a pensar que el concesionario incurrió en una muy grave irregularidad, que la administración municipal no debería consentir en absoluto, si alguna idea tiene del principio de legalidad.
No obstante, el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista) ya cometió el 5 de julio el desatino de firmar la orden de inicio de los trabajos, esto es, incluso antes de que recién hace unos días la Junta Municipal archivara el proyecto de ordenanza, presentado el 20 de junio por 9.000 ciudadanos, que proponía que se suspenda el estacionamiento tarifado. Se plantea la pregunta de por qué el “Lord Mayor” incurrió en la insensatez de dictarla sin esperar la decisión del cuerpo colegiado, a la que podría responderse con que tal vez quiso tener un gesto de buena voluntad con el ansioso consorcio y a la vez emitir un claro mensaje a los mayoritarios concejales oficialistas, en el sentido de rechazar de una vez por todas la iniciativa popular.
Su mensaje fue escuchado, pero no así la declaración de marzo último, por la que la Cámara de Diputados instó a la Municipalidad de Asunción a rescindir el contrato de estacionamiento tarifado con Parxin, entre otras cosas porque Asunción carece de un buen sistema de transporte público que reduzca el uso de vehículos privados y porque la firma Onix había transferido a Geolatina SA el 20% de sus acciones, convirtiéndola en la empresa líder, aunque no reúna los requisitos exigidos en el pliego de bases y condiciones. La mayoría de los concejales alegó, en suma, que las publicaciones periodísticas en torno a ciertas oscuras transacciones no eran motivo suficiente para rescindir el contrato, sin tomarse la molestia de investigar la veracidad de las revelaciones.
Todo indica, pues, que se empezará a ejecutar un proyecto que tendría graves vicios de origen, más allá de que convenga o no que Asunción tenga un estacionamiento tarifado, que redituaría un millón de dólares mensuales, durante quince años: el 65% correspondería al gestor y el resto a la Municipalidad. Aquí hay mucho dinero en juego, así que el interés en poner manos a la obra fue muy fuerte y no solo por parte de los concesionarios, cuyas reiteradas maniobras en materia accionaria desconcertaron incluso a la Contraloría General de la República.
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La administración municipal trató de asustar y confundir a la opinión pública, recurriendo al jefe de Gabinete Federico Mora y al edil Félix Ayala (PLRA): con toda mala fe, esgrimieron la amenaza de la ejecución de una supuesta multa de 15 millones de dólares, impuesta por la judicatura a la Municipalidad, debido a que en 2017 rescindió el contrato con el consorcio, porque este no habría entregado la garantía de su fiel cumplimiento. En otras palabras, creyeron oportuno someterse a una suerte de chantaje, pero Parxin tuvo a bien informar que no pretendía el pago de la multa, sino solo que se cumpla con la adjudicación, por mandato de la Corte Suprema de Justicia. Como la rescisión del contrato iba a obedecer ahora a otras causas, no cabía invocar dicho antecedente, como tampoco el laudo arbitral de aquel entonces, mencionado en la Junta Municipal.
Pese a todo, Nenecho Rodríguez se empeñó en que empiece la ejecución de lo que podría ser un gran negociado, según fuertes indicios. Impartió la orden de servicio habiéndose quebrantado, según parece, la Ley N° 1618/00 y el pliego de bases y condiciones de la licitación pública; los ediles convalidaron su actuación al desechar la iniciativa popular. Si se tratara de un acto administrativo irregular puede ser impugnado por la vía del amparo judicial o de una acción contencioso-administrativa ante el Tribunal de Cuentas. La Municipalidad no puede tolerar que la ley y el pliego de bases y condiciones sean ignorados. La rescisión del contrato, por culpa imputable a la otra parte, debe ser la consecuencia necesaria de esa actuación aparentemente irregular. Si se confirmaran las sospechas, el intendente y los concejales que lo secundan deberían rendir cuentas, en vez de arrojar sobre los usuarios los efectos de sus deficiencias.