No es arriesgado suponer que uno de los peores Consejos de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) de las últimas décadas haya sido el presidido por Vicente Bataglia e integrado por Ricardo Oviedo, Ludia Silvera, Miguel Ángel Doldán, Gustavo Arias y Roberto Brítez, representando, respectivamente, al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, al de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a los empleadores, a los trabajadores, y a los jubilados y pensionados. Es mucho decir, tratándose de una entidad que arrastra un largo historial de corrupción, derroche e ineficiencia, pero ocurre que el desempeño de los susodichos fue un verdadero desastre, tanto en lo que atañe a los asuntos puramente administrativos como a la prestación de servicios médicos.
Cuanto ha revelado ahora la Contraloría General de la República (CGR) en torno a una auditoría financiera y de cumplimiento de los pagos realizados en 2022 sería increíble, si no fuera porque a estas alturas la opinión pública ya debe de estar curada de espanto. Para empezar, el hecho de que, según el citado documento, el IPS haya abonado a proveedores de bienes y servicios más de un billón de guaraníes (158 millones de dólares) sin contar con documentos respaldatorios, vulgo recibos, implica una gravísima negligencia culposa, en el mejor de los casos. El más elemental sentido común exige obtener una constancia de haberse efectuado un pago, más aún tratándose del empleo de dinero público, pero al parecer el presidente y los consejeros del IPS, al igual que el entonces gerente administrativo y financiero José Luis Urizar, creyeron que la precaución era innecesaria. Se habrán creído muy protegidos desde arriba para actuar de esa manera.
A estos irresponsables, por decir lo menos, no les importó en absoluto que la Ley de Administración Financiera del Estado ordene a las unidades institucionales de contabilidad “preparar, custodiar y tener a disposición de los órganos de control interno y externo la documentación de respaldo de las operaciones asentadas en sus registros”. ¿Habrá que creerles cuando aseguren que los bienes y servicios fueron efectivamente proveídos? Suponiendo que así haya sido, pagaban sin cubrirse las espaldas, ahora expuestas a la necesaria pesquisa del Ministerio Público. Por cierto, el IPS no efectuó ningún descargo ante la CGR con respecto a esta “observación” tan seria, esto es, la admitió con un silencio muy elocuente. Que la friolera de más de un billón de guaraníes haya sido entregada sin constancia alguna, solo en 2022, habla de un tremendo desmanejo administrativo. ¿Cuánto se habrá entregado “de palabra” en los años anteriores?
Según el órgano contralor, que habría descubierto 37 irregularidades, el Consejo de Administración también ignoró que la Ley N° 5655/16 declara la inembargabilidad de los fondos del IPS, al ofrecerlos como garantía de los préstamos solicitados a tres bancos de plaza, por un valor total de 425.000 millones de guaraníes, para saldar sus deudas con empresas farmacéuticas. La ejecución de una garantía presupone el embargo, pero el Código Procesal Civil dice que “no se trabará nunca embargo (...) sobre bienes y rentas del Estado, de las entidades autárquicas o autónomas o de los departamentos o municipalidades”; por ende, no pueden ser ejecutados.
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En su descargo ante la CGR, el IPS sostuvo que las operaciones se realizaron “a sola firma, sin ofrecer ninguna garantía adicional”, pero admitió que los contratos mencionan sus bienes patrimoniales, sobre los cuales no pesarían gravámenes ni restricciones de dominio, fuera de lo declarado; los documentos dicen también que la entidad no está fallida. Surge así la pregunta sobre el objeto de estas alusiones, si no fuera el de garantizar en forma implícita la devolución de los préstamos. ¿O acaso los prestamistas embargarían y ejecutarían, eventualmente, los bienes privados del firmante? La entidad aduce que, siendo pública, debe revelar su estado financiero o patrimonial a todo recurrente. El equipo auditor de la CGR se ratificó en su observación.
Estas dos presuntas irregularidades, entre las que también figurarían cargas de combustible por más de mil millones de guaraníes, hechas el último año por un solo funcionario, bastan para instar a las nuevas autoridades del IPS y al Ministerio Público a que realicen una pronta y exhaustiva investigación, con base en el informe final del órgano contralor. Desde ya, se le toma la palabra al nuevo presidente, Jorge Brítez, aunque haya sido consejero del IPS desde 2013 hasta 2018, cuando anuncia que los responsables de las irregularidades confirmadas serán denunciados penalmente y que, además, se examinarán las licitaciones sobre insumos, remedios, obras en construcción y labores de mantenimiento.
Esta desastrosa entidad es una caja de Pandora que contiene todos los males propios de nuestra administración pública; algún día, más temprano que tarde, habrá que limpiarla a fondo, en defensa de su sostenibilidad financiera y de los sufridos asegurados. Entretanto y por razones obvias, Miguel Ángel Doldán, Gustavo Arias y Roberto Brítez –quienes permanecen en sus cargos– no pueden seguir siendo consejeros, ni un solo día más. Bajo sus narices ocurrieron groseros desmanes y manoseos a los bienes del ente, en perjuicio de los sufridos aportantes.