El Consejo de Ministros es un cuerpo consultivo que delibera sobre los asuntos presentados por el Presidente de la República, así como sobre los proyectos de ley, coordina las tareas ejecutivas, impulsa la política gubernamental y toma decisiones colectivas. En su reunión del 28 de agosto, advirtió a los ministros que “no hay espacio para lobbys individuales” ante la Comisión Bicameral de Presupuesto: las “negociaciones” estarían a cargo exclusivo del Vicepresidente de la República. El mensaje apuntó a poner fin a la aberrante práctica de que las diversas carteras traten de obtener más fondos de los asignados en el proyecto entregado por el Poder Ejecutivo, cuyas relaciones con el Legislativo deben ser coordinadas por la Vicepresidencia de la República, según la Constitución.
A tanto ha llegado el desorden en esta cuestión que un ministro de Agricultura y Ganadería del Gobierno anterior no supo que 160 subordinados suyos habían obtenido de los congresistas aumentos salariales no aprobados por el Ministerio de Hacienda, hoy de Economía y Finanzas. El ninguneo de esta cartera por parte de ministros y funcionarios, con la complicidad de los legisladores, viola el art. 18 de la Ley de Administración Financiera del Estado, según el cual las relaciones del Poder Ejecutivo con el Legislativo en materia presupuestaria “se mantendrán exclusivamente a través del Ministerio de Hacienda, el que podrá proponer modificaciones al proyecto de presupuesto después de presentado, siempre que existan razones fundadas y el respaldo económico requerido para tales modificaciones”.
Mientras esta norma ignorada no sea declarada inconstitucional, debe ser observada estrictamente, sin recurrir a argucias como la empleada por el ministro del Interior, Enrique Riera, ante la Comisión Bicameral de Presupuesto: empezó aclarando que no pediría ningún aumento para su cartera, pero luego habló de las necesidades de la Policía Nacional, como la de contar con más efectivos; su comandante, el comisario general Carlos Humberto Benítez, señaló que había una diferencia de 264.558 millones de guaraníes (35,9 millones de dólares) entre lo asignado en el proyecto del Presupuesto nacional y los pedidos para cubrir el aumento de las bonificaciones. ¿No constituyen estas declaraciones velados pedidos de aumentos ante los “generosos” legisladores? Al mismo ardid recurrió el ministro de Defensa Nacional, Óscar González: dijo que no reclamaría más fondos, para señalar luego que en los últimos ocho años el presupuesto de su cartera varió muy poco y que no resta mucho para inversiones en infraestructura, equipos y modernización tecnológica. Respondiendo a una consulta de los propios legisladores, el comandante de la Fuerza Aérea, general Arturo González, que acompañaba al ministro, informó que para “radarizar” el país se requerían unos cien millones de dólares. Ya lo había adelantando el Presidente de la República en la sesión del Consejo de Ministros: les iban a decir que lo presentado era “muy poco para todas las necesidades”. Es como si les incitaran a pedir más.
El implícito mensaje de los nombrados, que supuso desobedecer a Santiago Peña, no habrá caído en oídos sordos, ya que los parlamentarios suelen destacar por su afición al gasto público. Si desde el propio Poder Ejecutivo se elude de hecho al Ministerio de Economía y Finanzas, no debe sorprender que también el Ministerio Público y el de la Defensa Pública, así como las universidades nacionales y varias Gobernaciones, hayan reclamado incrementos de sus respectivos presupuestos ante la Comisión Bicameral, con el objeto de financiar ajustes salariales, inversiones y alimentos escolares. Estos organismos presentaron sus respectivos anteproyectos al Ministerio competente, que los habrá estudiado considerando los recursos con que podría contar en 2024, dado que está obligado a preservar la sostenibilidad financiera de las políticas públicas y la salud financiera del Estado, regulando el proceso presupuestario. No es cuestión de satisfacer todas las solicitudes sin tener en cuenta los ingresos previsibles. Pero los legisladores parecen que son más “papistas que el Papa”.
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El art. 17 de la Ley de Administración Financiera del Estado dice que en el estudio del proyecto de ley “las ampliaciones presupuestarias solo podrán destinarse a rubros de inversión y deberán prever específicamente su fuente de financiamiento”. Como en la gran mayoría de los casos la práctica de recurrir directamente al Congreso, a espaldas del Ministerio competente, tiene por objeto aumentar los gastos corrientes, resulta que esa normativa es violada por partida doble. La deplorable historia se está volviendo a repetir, empezando con un par de ministros, que se han burlado de la instrucción impartida. En la reunión del Consejo de Ministros, el presidente Santiago Peña les había prohibido a sus ministros hacer sus gestiones por separado en el Congreso o con congresistas separadamente. Veremos hasta dónde se hace respetar.