El antes diputado y hoy senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista) se estaría valiendo de la finca N° 916 del municipio de Villa Hayes, perteneciente al Ministerio de Defensa Nacional (MDN), según aparenta, para obtener réditos electorales y hasta quizá económicos, invocando el remanido “interés social”. El oportuno veto presidencial de Santiago Peña frustró su última audaz operación político-financiera a expensas del Estado, pero nada impidió que otra iniciativa del “generoso” senador junto a otros legisladores, la Ley N° 7083/23, promulgada el 16 de mayo, privara al Estado de una fracción de 1.167 hectáreas, incluida en el mismo inmueble, cuyo valor real ha aumentado notablemente en los últimos años, debido a la erección del puente Héroes del Chaco, en las cercanías de la capital.
El proyecto de ley original del influyente legislador pretendía que la “desafectación” llegara a 7.400 hectáreas y así lo aprobó la Cámara Baja a ojos cerrados, pero el daño fue reducido en el Senado, gracias quizá a la advertencia del MDN de que los ocupantes –supuestos campesinos sin tierra– ni siquiera habían sido censados, algo imprescindible para “evitar el negociado y venta de lotes por parte de los seudodirigentes”, al decir de la mencionada cartera de Estado. No obstante, en vez de propugnar el rechazo liso y llano de la iniciativa, el Ministerio dueño de la encarecida finca –área silvestre protegida– se limitó a pedir que el daño al patrimonio público fuera reducido, desafectando una superficie de solo 400 hectáreas. Así, aunque en menor escala, el perjuicio fue consumado en beneficio del “visionario” promotor de la iniciativa y de los ávidos “líderes campesinos”, que ya están ofreciendo en las redes sociales los terrenos obtenidos. Así, desde el inicio, todo aparenta ser una vulgar estafa al Estado en nombre de supuestos desheredados.
La Ley N° 5387/14 dice que los inmuebles del MDN - Fuerzas Armadas de la Nación solo pueden ser desafectados “a título oneroso y a cotización actualizada”; se ignora cuánto se pagó por la “regularización de los asentamientos”, pero no así que un “dueño” no avecindado en el lugar, a 20 minutos del puente, está ofreciendo un predio de tres hectáreas –con mejoras– por 220 millones de guaraníes: el falso “campesino sin tierra” lo habría adquirido hace varios años, mediante un contrato privado con un vendedor desconocido. Al cúmulo de arbitrariedades se sumaría que numerosas viviendas “regularizadas” tienen conexiones ilegales para la provisión de agua potable y de energía eléctrica, lo que implica la comisión de un hecho punible, que exige la actuación de oficio del Ministerio Público.
De esta manera, como la voz cantante, el presunto responsable final del daño inferido al Estado, aparece el senador Bachi Núñez, líder de la bancada cartista en el Senado, que fungió de asesor político de su líder cuando este presidía la República, y que, cuando la matufiada salió a la luz pública, no temió hacer el ridículo al anunciar que ¡él mismo propondría el veto del Poder Ejecutivo!, esto es, tras haberse revelado el fraude que implicó el proyecto de ley de su coautoría “Que declara de interés social y desafecta del dominio privado del Estado paraguayo - Ministerio de Defensa Nacional, a favor de la Municipalidad de Villa Hayes, para su posterior transferencia a título oneroso a favor de sus actuales ocupantes”.
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Ni en esta frustrada iniciativa ni en la otra mencionada que infelizmente prosperó el 16 de mayo, hubo el menor “interés social”. Lo que hubo fue el enorme interés político de ganarse la adhesión de “dirigentes campesinos” y el agradecimiento, quizá contante y sonante, de personas de alto poder económico, todo ello a costa del patrimonio público y con el asentimiento de la mayoría de los parlamentarios.
“El Estado soy yo”, dijo un rey francés; “Villa Hayes y sus alrededores soy yo”, podría decir Bachi, quien, según aparenta, tiene además cortesanos diversos en el Palacio Legislativo, algunos de ellos especializados en dar manotazos a la propiedad privada mediante leyes de expropiación, siempre en nombre de los pobres. Despojar al Estado es más fácil, ya que de hecho nadie se ocupa de preservar sus bienes, como si ellos fueran vacantes. Está visto que, a criterio de muchos políticos, se trata de un botín a ser distribuido, antes o después de unas elecciones, para obtener votos o para retribuir los apoyos económicos, mediante la entrega de tierras o de cargos públicos. El hecho de que al saqueo se le dé forma de ley no altera su aberrante condición.