Soberanía energética en hechos, no en fanfarronadas

El Gobierno de Santiago Peña se jacta pomposamente de “haber demostrado soberanía energética en Yacyretá”, según declaró el presidente de la ANDE, ingeniero Félix Sosa. Se refiere al retiro del 100% de la energía que le corresponde a Paraguay en esa hidroeléctrica por los crónicos atrasos de Argentina en el pago de las compensaciones a nuestro país y por la contratación de potencia a la propia EBY, e indirectamente por el cobro de peaje en la hidrovía. Lo que no dice es que la “fuerte medida” duró apenas un ratito de un solo día, le costó mucho dinero a la ANDE y al país, y fue rápidamente revertida tras aparentes represalias en la frontera y por supuestas promesas de regularización que, previsiblemente, no se cumplieron en absoluto y hasta fueron desmentidas.

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Efectivamente, el lunes 11 de septiembre Paraguay retiró el 97,5% de la mitad que le corresponde de la potencia y generación de Yacyretá, pero, tal como lo calificó una crónica en este diario, fue tan solo un fogonazo en un día específico a una hora determinada, que se apagó tan pronto como se encendió. En realidad, la tasa paraguaya de aprovechamiento de la energía de Yacyretá se contrajo fuertemente en 2023 en comparación con 2022, en más de 21%. Paraguay utilizó 1.267.000 megavatios/hora de enero a septiembre, frente a 1.608.000 MWh en el mismo período del año anterior.

El pretendido “cháke” que le quiso hacer el Gobierno paraguayo a su par de Argentina tuvo para la ANDE un costo adicional de 1.600.000 dólares, y eso que fue solo durante un momento de alto consumo. Es así por la sencilla razón de que, al mantenerse la demanda estable, para retirar más de Yacyretá tuvo que retirar menos de Itaipú, donde la energía es mucho más barata y donde Paraguay ya tiene la potencia previamente contratada, por lo que la tiene que pagar de todos modos, la use o no.

Tanto Yacyretá como Itaipú son entidades sin fines de lucro, pero eso no significa que la energía que producen sea gratis. Los socios-propietarios deben pagarles el precio de costo, que supuestamente está reflejado en sus respectivas tarifas, las cuales tienen que surgir del prorrateo de todos los gastos, sean operativos, financieros o de cualquier índole, por el total de la potencia garantizada y contratada.

La tarifa vigente en Itaipú es el equivalente a 23 dólares el MWh. Para muchos debería ser menor, pero esa es otra discusión. En Yacyretá, como parte del tremendo desorden en el que se desenvuelve, nadie sabe a ciencia cierta cuánto es o, mejor dicho, cuánto terminará siendo la tarifa. La última se estableció en la Nota Reversal de 1992 y, con las actualizaciones posteriores, supuestamente es hoy de 50 dólares el MWh, más del doble que la de Itaipú.

Debido a su política de subsidios, la operadora argentina Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista S.A.) se hace cargo de 15 dólares el MWh y los restantes 35 son absorbidos por el Tesoro de su país, algo que solo ocurre en los papeles, porque en la práctica simplemente no paga, por lo cual ya lleva 4.400 millones de dólares de atraso, amén de los más de 100 millones de dólares que adeuda a Paraguay por compensación por cesión de energía, todo ello sin considerar intereses.

Paraguay, por su parte, nunca ratificó legislativamente dicha nota reversal y no reconoce formalmente esa tarifa, por lo que provisionalmente la ANDE paga el equivalente a 22,6 dólares el MWh. Sin embargo, se le anota la diferencia en una cuenta, en la que ya acumula una deuda potencial de 500 millones de dólares, y eso porque solo retira una parte pequeña, de aproximadamente un 10%, de su porción de la energía.

Para que sea viable que Paraguay aproveche toda su mitad en Yacyretá se tiene que llegar a una tarifa realista y competitiva, para lo cual lo crucial es sanear la deuda de una vez por todas. La deuda de Yacyretá es otro gran misterio. Se habla de 25.000 millones de dólares, pero eso no tiene documentación respaldatoria ni consolidaciones de cuentas. Si realmente se pretende ejercer la soberanía energética hay que empezar por ahí.

En cuanto a Itaipú, ya se cumplió el plazo para la revisión del Anexo C y no hay ningún avance, ni siquiera se conformó el equipo negociador ni se informó a la opinión pública lo que el Gobierno aspira a conseguir. Mientras tanto, la única verdad es que Paraguay tiene 20 millones de MWh anuales de excedentes en Itaipú y 10 millones en Yacyretá que hoy entrega a sus socios por monedas: ¿soberanía energética?

El ejercicio de la soberanía energética no se va a demostrar con bravatas sin sentido, sino con negociaciones serias y con decisiones estratégicas sostenibles tanto en Yacyretá como en Itaipú, y al respecto este Gobierno, más allá de comunicados y declaraciones grandilocuentes, hasta ahora no ha hecho absolutamente nada.

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