La gravísima denuncia de “extorsión”, formulada por el Presidente de la República contra anónimos legisladores colorados y opositores, tiene connotaciones políticas y jurídicas de singular relevancia. Vaya por delante que Santiago Peña cedió ante los presuntos autores de un hecho punible de acción pública al proponer al Congreso, mediante una adenda al proyecto del Presupuesto nacional, un aumento de la dieta parlamentaria por valor de cinco millones de guaraníes mensuales, para luego limitarse a revelar el escándalo en una entrevista televisiva.
Lo que tendría que haber hecho es rechazar enfáticamente la demanda extorsiva y denunciarla formalmente ante el Ministerio Público, en virtud del art. 286, inc. 1), del Código Procesal Penal (CPP): “Tendrán obligación de denunciar los hechos punibles de acción pública los funcionarios y empleados públicos que conozcan el hecho en ejercicio de sus funciones”, debiendo entenderse que la norma incluye aquí al jefe del Poder Ejecutivo, el mismo que al asumir el cargo juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes.
Por otra parte, el art. 5° de su ley orgánica obliga al Ministerio Público, en este caso, a promover de oficio la persecución penal “inmediatamente después de la noticia” de que Santiago Peña habría sido extorsionado. Ello implicaría interrogar de entrada al Jefe de Estado acerca de las circunstancias de lo acaecido.
Las acusaciones de grueso calibre son habituales en nuestra “clase política”. En efecto, los adversarios de hoy intercambian improperios para confabularse mañana, como si su “buen nombre y honor” jamás hubiera sido afectado: se dirá que no son rencorosos, pero también puede sostenerse que son unos cínicos redomados. Alguna vez habrá que otorgar valor a las palabras y esta sería una ocasión propicia, considerando el contexto y los protagonistas: el denunciante y los denunciados dialogaron en su condición de hombres públicos sobre una cuestión presupuestaria, en la que está en juego el dinero de los contribuyentes.
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La ciudadanía tiene derecho a saber desde ya quiénes habrían sido los extorsionadores y a que lo afirmado por el primer mandatario tenga consecuencias: si dijo la verdad, los legisladores hasta hora innominados deben ir a la cárcel; de lo contrario, Santiago Peña habría cometido el delito de calumnia, pudiendo ser destituido previo juicio político. Una cuestión tan seria como esta no debe quedar en la nada: el uno o los otros deben conocer el peso de la ley penal. Quienes delinquen ejerciendo un cargo electivo ofenden al pueblo paraguayo, de modo que urge el esclarecimiento de lo que habría acontecido. Tomar a la ligera este grave caso implicaría que el jefe del Poder Ejecutivo y los legisladores pueden cometer con toda impunidad un hecho punible ligado al ejercicio de una función pública, como si no tuviera la menor importancia.
Es necesario que los implicados pongan todas las cartas sobre la mesa, con la ayuda del Ministerio Público si fuera preciso. El “extorsionado” las puso a medias, en tanto que los “extorsionadores” siguen ocultos: hay que hallarlos, pues no tienen el valor de dar la cara. En tal sentido, es saludable el proyecto de declaración presentado por los senadores Rafael Filizzola (PDP), Celeste Amarilla (PLRA), Kattya González (PEN), Esperanza Martínez (FG), Yolanda Paredes (CN) y Éver Villalba (PLRA), por el cual se insta al Presidente de la República a revelar la identidad de los legisladores involucrados.
Aquí no se trata, repetimos, de escaramuzas verbales lanzadas en el marco de unas campañas proselitistas, que se olvidan al terminar la contienda electoral. En este caso, la persecución penal ya dependería de la demanda que promueva el aludido en las acusaciones, pero, como se sabe, los políticos suelen abrazarse y olvidar todo con la frase: “en política ocurre de todo”. Recuérdese en tal sentido que muchos correligionarios del actual titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, entre ellos el senador Javier Zacarías Irún, el diputado Walter Harms y el propio expresidente Mario Abdo Benítez lo acusaron y lo trataron de lo peor, para después convertirse en sus aliados y defensores. En el caso que nos ocupa, sin embargo, los interlocutores hablaron del dinero de todos, así que lo tratado interesa a la ciudadanía, cuya representación ante los Poderes Públicos la detenta la Fiscalía General del Estado.
En suma, este indignante asunto debe ser aclarado cuanto antes: los paraguayos no merecen tener un Presidente de la República que habría capitulado ante una “extorsión” ni unos congresistas que la habrían perpetrado en beneficio propio.