Una amplia publicidad tuvo en los últimos días el informe correspondiente a este año del denominado Índice Global de Crimen Organizado, que estudia la situación de este grave problema en los 193 países que integran las Naciones Unidas. El informe ubica a nuestro país en un vergonzoso cuarto lugar en el mundo entre los países ganados por el crimen organizado y la respuesta que los gobiernos y el sector privado deberían dar al mismo. No se conoce de ninguna reacción ni en la sociedad ni el Gobierno al documento que nos sitúa en tan lamentable situación.
El Índice Global es una herramienta diseñada para evaluar los niveles de criminalidad y la resiliencia ante el avance incontenible de este gran problema para la seguridad de la ciudadanía y del Estado paraguayo. La resiliencia se refiere a las medidas políticas, económicas, sociales y legales que el país debería adoptar, ya sea en el sector público o en el privado, para resistir o desmantelar esta violenta forma de criminalidad de alcance internacional.
Ocupar el cuarto lugar en el mencionado informe significa estar apenas por debajo de Colombia y México en el continente, y de un pequeño país (Myanmar) que se encuentra en el sureste asiático, titular del primer puesto. Dimos un gran salto en la ubicación de este año desde la última vez que se publicó el mismo informe, en el 2021, cuando estábamos no muy lejos pero no tan cerca de la punta: en el decimoquinto lugar.
La información que la BBC de Londres da al respecto destaca que la redacción de dicho medio, al cual no se puede considerar viciado ni dudoso, hizo el intento de dialogar con algún funcionario paraguayo para tratar de entender por qué se dio un salto muy grande en la lista, pero no tuvo éxito, ni siquiera con el gabinete del presidente Santiago Peña. Una actitud totalmente contraria a las promesas de campaña electoral de gobernar con las puertas abiertas y de respetar el genuino interés de la prensa y de la opinión pública sobre temas cruciales, como la seguridad, también prometida por el actual presidente y su equipo político.
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A falta de una “visión paraguaya” de la situación revelada en el estudio, los expertos que trabajaron en la elaboración del informe sostienen que cuando Paraguay aparecía en el decimoquinto lugar, ya era considerado un país centro de la criminalidad y de la delincuencia organizada a nivel internacional, aunque al parecer existía un problema de visibilidad que lo encubría para “lograr una mejor ubicación” negativa.
El crimen del fiscal compatriota Marcelo Pecci, el 10 de mayo de 2022 en Colombia mientras estaba de luna de miel, encendió la mecha y la alerta ganó la percepción de los analistas del tema, quienes finalmente se dieron cuenta de que cosas terribles estaban pasando en nuestro país desde hace tiempo, sin que las mismas lograran ganar méritos suficientes para que el Paraguay se insertara al lado de los países que, como Colombia y México, estaban ya sorteando situaciones de dramática naturaleza. Pues ahora ya estamos nivelados con esos países donde se generan hechos que nos producen zozobra, terror y pánico.
En cuanto a las razones de este indecoroso lugar que ocupa el Paraguay, los autores del informe destacan argumentos que venimos repitiendo en nuestros editoriales: que los actores de la violencia y los mercados existentes en el continente para el desarrollo del crimen organizado se aprovechan de la debilidad de los liderazgos políticos y de los gobiernos de turno, por sobre todo de la pusilanimidad de la justicia ordinaria y de la cobardía de quienes actúan en el ámbito del Ministerio Público, para que los delincuentes puedan operar como si estuvieran en casa.
Las pruebas están a la vista con la reciente ocupación y puesta bajo control de los “soldados del Clan Rotela” de la cárcel de Tacumbú, desde donde dirigen las operaciones sin obstáculo alguno, haciendo inclusive cumplir órdenes que terminan poniendo en ridículo a las autoridades nacionales, como fue el caso del ministro de Justicia, Ángel Barchini, quien informó al Presidente de la República de la posible muerte y descuartizamiento de un presunto soldado de los criminales, que –sin embargo– apareció vivo. Hubo casos de asalto en que los delincuentes anularon primero a la comisaría local para luego hacer sus fechorías y otro en que incendiaron casi todo en medio de disparos de poderosas armas de fuego para aterrorizar a la población. Todo esto, y más, sin la más mínima reacción gubernamental.
Con este tétrico panorama es poco creíble que las medidas anunciadas, luego de una reunión estratégica, por el ministro del Interior, Enrique Riera; y el comandante de la Policía Nacional, comisario Carlos Benítez, para mejorar la seguridad ciudadana, sean suficientes y efectivas para combatir el crimen organizado. De hecho, no alcanzará que se pida cédula a los ciudadanos en la calle, como en la época de la dictadura, ni que se triplique la cantidad de agentes conocidos como “Lince” para combatir la drogadicción de los jóvenes y el feminicidio. El crimen organizado y nuestro cuarto lugar en el ranking de países que lo soportan, exigen mucho más que eso.
Efectivamente, es necesario mucho más. Como por ejemplo, que las nuevas autoridades realicen una purga radical de los organismos –especialmente la Policía Nacional– que operan en el campo de la prevención y la represión de la delincuencia, para imponer nuevos métodos de enfrentar este grave problema. Esto pasa por una tolerancia cero a la impunidad, lo que requiere no ser parte del crimen y tener coraje para enfrentarlo.