La precaria barrera construida en una de las calles de Lambaré, reciclando postes viejos de semáforos, como protección en una de las calles cuyos raudales conducen peligrosamente hacia el arroyo, parece reflejar la mentalidad de las autoridades municipales de la vecina localidad. Si bien posiblemente proteja a algún automóvil arrastrado por las aguas, difícilmente lo haga con alguna motocicleta o con personas como para salvarles la vida. Por allí fue arrastrado el automóvil en el que desaparecieron dos militares. El remedio es tan chapucero que cuesta imaginar que sea la solución para salvar a los lugareños de las críticas situaciones que ocurren en casos de lluvias. Y ni siquiera se sabe a quién creer, porque mientras el jefe de Gabinete de la Municipalidad lambareña, Luis Valiente, dijo a la prensa que hasta hace cinco meses había allí una valla de seguridad, el capitán de bomberos Gerardo Melgarejo reveló que desde hace al menos dos años allí se sufre de la falta de protección correspondiente.
El último temporal que azotó el área metropolitana de Asunción ha vuelto a evidenciar que sus pobladores corren el serio riesgo de perder la vida a causa de la falta de obras de infraestructura que sirvan tan siquiera para atenuar los efectos del viento y de los torrentes desatados, debidos a un fenómeno meteorológico que en este país no resulta extraordinario. Ocurre lo mismo que con las inundaciones periódicas, que nunca conducen a que de una vez por todas se adopten medidas de fondo para aunque más no sea paliar sus consecuencias: pasan los años y los sucesivos Gobiernos nacionales y municipales se limitan, en el mejor de los casos, a socorrer a las víctimas con víveres y “viviendas” precarias, en tanto que los politicastros aprovechan la ocasión para tratar de ganar votos con dádivas.
A tanto llega la desidia en materia de obras de seguridad, por así llamarlas, que la Municipalidad capitalina aún no ha reparado el “mirador” de Itapytãpunta, que en enero de este año casi provocó la muerte de una mujer, tras hundirse el piso. Ciertamente, está llevando a cabo tres obras de desagüe pluvial, que podrían contribuir a desagotar algunas calles, siempre que los vecinos dejen la costumbre de arrojar a los raudales la basura no recogida, que acaba bloqueando las tomas de agua y llegando a los arroyos, que con las crecidas la depositan en las adyacencias. A propósito: la construcción del desagüe pluvial de Isabel la Católica-Kanonnikoff, que debió haber terminado hace más de un año, sigue inconclusa, así que solo el 23% de la capital cuenta con uno, de acuerdo al concejal Álvaro Grau (PPQ). ¿A dónde va a parar el dinero aportado por los asuncenos desde hace décadas, para construirlo y mantener el sistema?
Ya desde 2009, la competencia para elaborar proyectos de desagües pluviales, así como para construirlos, explotarlos y administrarlos, corresponde a las municipalidades, de modo que la responsabilidad final sobre lo acaecido en la mañana del jueves a los sargentos primeros de las Fuerzas Armadas, Alexis Sosa y Domingo Ríos, recae sobre la de Lambaré, cuyo intendente actual se llama Rosa Agustín “Guido” González (ANR), pero que ha tenido la desgracia de contar con otros lamentables jefes comunales, como el repudiable Roberto Cárdenas (ANR).
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Estas gravísimas negligencias municipales, la más reciente con el fallecimiento de los dos militares, deben acarrear las consecuencias penales y civiles que no tuvieron anteriores accidentes. Entre otras cosas, la Constitución dice que “toda persona tiene derecho a ser indemnizada justa y adecuadamente por los daños o perjuicios de que fuere objeto por parte del Estado”, entendiéndose que este último concepto abarca los Gobiernos locales. Si esas desgracias fueron causadas por transgresiones, faltas o delitos cometidos por funcionarios, incluidos los intendentes, estos serán personalmente responsables. Muy suelto de cuerpo, el intendente lambareño, que asumió su cargo hace dos años, dijo que “no se puede hacer todo a la vez”, pues serían numerosos los sitios en que se deben realizar trabajos para prevenir los accidentes causados por los raudales y, cabe agregar, por la culposa desidia municipal de larga data.
Recién luego del último mortal episodio se empezó a levantar el mencionado precario vallado en el sitio de la tragedia, en tanto que el intendente pidió a los concejales que declaren un estado de emergencia vial y ambiental –como siempre se produce una vez ocurridos los hechos–, esto es, tuvieron que desaparecer dos personas para que de pronto advirtiera tal necesidad: ni la Intendencia ni la Junta Municipal sabían, por lo visto, que ya hubo accidentes mortales anteriores ni que los bomberos voluntarios, que tienen su cuartel en la misma zona llena de basura y de cráteres con agua, suelen sujetar sus pertenencias para que no sean arrastradas al mismo curso fluvial. La declaración solicitada fue emitida en una sesión extraordinaria: ahora habrá que esperar los resultados.
En las condiciones reinantes en numerosos municipios, se juega no solo con los bienes públicos y privados, sino también con la vida de las personas. Es hora de poner fin a esta calamidad y de sancionar a los responsables.