El último 10 de marzo, siendo aún candidato presidencial, Santiago Peña subestimó groseramente la inseguridad reinante al afirmar que “si quitamos el índice de criminalidad que hay en San Pedro, en Amambay y en Canindeyú, probablemente vamos a encontrar que el Paraguay tiene el índice de criminalidad de países nórdicos: muy bajo es, pero tenemos un problema de delincuencia” (las negritas son nuestras). A casi tres meses de haber asumido el Gobierno, sus dichos resultan desmentidos por los atracos violentos, con el empleo de armas largas, que se suceden con suma frecuencia, tanto que la proliferación de motoasaltantes ya no es el principal problema del que debe ocuparse el Ministerio del Interior, hoy encabezado por Enrique Riera, es decir, por el mismo que como ministro de Educación y Ciencias movilizó a docentes en una campaña electoral y como senador favoreció a que Itaipú Binacional indemnice a extrabajadores de sus firmas contratistas de hace largos años, aparte de perorar sobre cualquier tema: todo un especialista en generalidades, que habla de cualquier cosa: un “todólogo”, en una palabra, que nunca brilló por su sapiencia en temas de seguridad.
Hubiera sido deseable tener al frente a un conocedor auténtico del área, atendiendo los gravísimos problemas que allí se observan. Ya no se trata solo de la inserción social e institucional del crimen organizado, sino también del surgimiento de bandas no necesariamente ligadas al narcotráfico, que disponen de un notable aparato logístico y exhiben una gran profesionalidad. Valga como ejemplo el asalto rutero cometido el martes en General Delgado (Itapúa) por quince malhechores, que emplearon explosivos y armas muy potentes contra un camión blindado de la empresa Prosegur, que transportaba dinero; aparte de ultimar a un guardia, incendiaron dos vehículos para dificultar la respuesta policial; falleció uno de ellos, con órdenes de captura por homicidio doloso, robo agravado y asociación criminal: “fueron diez a quince minutos de terror”, dijo un testigo ocular.
Otro caso inusual reciente fue el ataque de decenas de motochorros en el barrio Kennedy de Lambaré, tras salir masivamente del sepelio de una niña de 15 años asesinada aparentemente en una guerra entre pandillas. Los delincuentes realizaron al menos tres robos y aterrorizaron a los vecinos, lo que demuestra que se están volviendo más audaces ante la débil respuesta de las autoridades.
En verdad, en nuestro país ha aumentado en gran medida la “sensación de inseguridad”, debido a una serie de factores concomitantes, entre los cuales figuran el consumo de drogas y el tráfico de armas, así como la corrupción y las carencias en la Policía Nacional (PN). Sin duda, la difusión del crack contribuye a que los malvivientes abandonen sus inhibiciones a la hora de actuar, no solo para financiar su adicción: se estima que el 70% de ellos son reincidentes, pues el sistema penitenciario no sirve para readaptarlos, sino más bien para que aprendan nuevas modalidades delictivas.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
En 2018, la Dirección de Material Bélico (Dimabel), dependiente del Ministerio de Defensa, informó que desde el 11 de mayo estaba prohibida la importación de armas, muchas de las cuales llegaban a manos de la mafia brasileña. Como el tráfico persiste, el actual Presidente de la República informó a fines de octubre que se suspendería la importación de armas, en el acto de la firma de un acuerdo con el Brasil contra la corrupción, el crimen organizado y el lavado de activos. Aparte de hacer cumplir esa medida, hay que impedir que se sigan sustrayendo armas y balas de la Dimabel, probablemente con la participación de los propios militares. La tenencia irregular de armas de fuego debe ser atacada y su uso repelido mediante la fuerza legítima monopolizada por el Estado, siendo inadmisible que agentes policiales se retiren del lugar ante su empleo por parte de fanáticos de un club de fútbol, tal como ocurrió hace unos días en Luque. Como se ve, la situación viene adquiriendo un cariz más dramático cada vez.
Bien se sabe que la PN, algunos de cuyos miembros consumen drogas ilícitas, según lo admitió el anterior jefe de la fuerza, comisario general Gilberto Fleitas, está infestada por la corrupción voraz, siendo de esperar que su comandante, comisario general Carlos Humberto Benítez, cumpla con su anuncio de reforzar el control interno: los “polibandis” deben desaparecer del mapa. También convendría disponer de patrulleras no muy obsoletas y con suficiente combustible, para que sea innecesario pedir aportes a los comerciantes de la zona de la comisaría, como si se estuviera vendiendo protección. El ministro del Interior prometió que el grupo motorizado “Lince” llegaría a los 300 efectivos, en los primeros cien días de Gobierno. Está por verse; por de pronto, no se advierte en absoluto su mayor presencia en las calles, donde la zozobra va en aumento, como lo saben también quienes trabajan en delivery y los conductores de plataformas vehiculares, expuestos tanto al robo como al asesinato.
El Estado tiene la misión primordial de proteger la vida, la libertad y los bienes de las personas: el paraguayo no la está cumpliendo como es debido, a raíz de la ineficiencia, de la corrupción y de la desidia de sus agentes, con lo que se corre el riesgo de que en este país se llegue a extremos como a los que llegaron los salvadoreños: hay barriadas de Asunción que de hecho ya están sometidas al Clan Rotela.
Se ha dicho que es preciso cortar de raíz los inicios, para que el remedio no llegue muy tarde: es de creer que estamos aún a tiempo, siempre que exista la firme voluntad de combatir el crimen en el marco de la ley, para liberar a la población del miedo causado por el hampa en auge, a causa de la inacción de los órganos competentes.