Se está sintiendo una creciente preocupación ciudadana por la dudosa constitucionalidad de ciertas decisiones adoptadas por el Gobierno de Santiago Peña, inclusive con la participación –por no decir complicidad– del Congreso, completamente manejado por Honor Colorado y sus aliados de la primera y última hora.
El tema que es objeto de discusión en este momento está vinculado con la designación de la exvicepresidenta de la República Alicia Pucheta como miembro del Consejo de la Magistratura (CM). Según la Constitución, los integrantes de dicho organismo duran tres años en sus funciones y son reelegibles solo por otro periodo consecutivo o alternativo. Siendo así, la duración del mandato de quien allí representa al Poder Ejecutivo no coincide con la del Presidente de la República. El actual, Enrique Kronawetter, fue designado en abril de 2023, de modo que su mandato aún no ha concluido y recién lo hará en el mismo mes de 2026; empero, Santiago Peña decidió reemplazarlo, tras el supuesto fenecimiento de su representación. Así, Alicia Pucheta prestaría hoy juramento ante el Senado.
Como bien dijo el presidente del CM, Óscar Paciello, esta designación “no es constitucional”. Puede pensarse que el Presidente de la República fue desinformado o actuó de mala fe, asentando en un decreto la falsedad de que el mandato de Enrique Kronawetter había fenecido. Mientras el periodo mencionado no se haya cumplido, solo puede ser removido mediante un juicio político. Si la vacancia hubiera ocurrido en verdad, el presidente del CM tendría que haberla notificado “de inmediato” al Poder Ejecutivo, para que este lo confirme o lo reemplace (dado el caso); esa notificación no fue realizada por la simple razón de que el mandato del representante seguía vigente.
La ley respectiva dispone también que quienes dejen de pertenecer al órgano que los designó, como los legisladores, cesarán en sus cargos, pero seguirán en funciones hasta ser reemplazados. El que hoy sería defenestrado no pertenecía al Poder Ejecutivo, es decir, su mandato no concluyó con el presidencial de Mario Abdo Benítez. Si su desempeño no fue del agrado del sucesor y posiblemente creyó necesario retribuir los servicios prestados a su líder, Horacio Cartes, nombrando a Alicia Pucheta –tal vez para indemnizarla por no haberse convertido en senadora–, aparte de aumentar la presencia del cartismo en el CM, tendría que instar a los diputados oficialistas a promover un juicio político. Lo que se sugiere más arriba solo se hace eco de la opinión PUBLICADA de muchas personas, como la del diputado colorado Mauricio Espínola (FR), quien dijo que Santiago Peña “no puede soportar la presión de la calle España” (en referencia al lugar donde está ubicada la residencia de Horacio Cartes).
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La nueva miembro jurará cumplir y hacer cumplir la Carta Magna y las leyes, tras haberlas quebrantado de entrada con la indispensable ayuda del Poder Ejecutivo, el mismo que ya ha venido dando muestras, en pocos meses, de un escaso apego al ordenamiento jurídico. Su expresión más acabada fue la ley inconstitucional sancionada a iniciativa suya por unos legisladores complacientes, que faculta al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), so pretexto de enfrentar el endeudamiento, a tomar “medidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas”, una suerte de carta blanca en detrimento de diversas potestades del Congreso y, por ende, en violación de la norma constitucional que prohíbe a los Poderes del Estado “atribuirse ni otorgar a otro ni a persona alguna (...) facultades extraordinarias o la suma del Poder Público”.
A este paso, hasta podría ocurrir que los legisladores sumisos le autoricen al Presidente a emitir “decretos por razones de necesidad y urgencia”, con fuerza de ley. Santiago Peña ha reforzado no solo al MEF, sino también a su Gabinete Civil, encabezado por la “ministra” Lea Giménez, al permitirle firmar acuerdos de cooperación con entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales.
El Gobierno, con la peligrosa captación de una gran mayoría de legisladores, que debilita la posibilidad del necesario disenso para que las discusiones arrojen el mejor resultado para el país, viene transitando terreno resbaladizo. Una situación como esta, tan preocupante, solo puede llevar a pensar que está en marcha algún proyecto autoritario, con fachada democrática, como los que hoy abundan en el continente.
Nuestra sociedad ha dado muestras de su carácter pacífico, pero no tolera que le toquen la oreja reiteradamente, como lo demostró cuando salió a las calles en el Marzo Paraguayo, o para repeler el intento del propio Horacio Cartes de pisotear la Constitución para mantenerse en el poder. Todo indica que sería prudente que nuevamente se ponga en guardia, por si acaso, para impedir una regresión autoritaria.