Por declaraciones públicas y en redes sociales de analistas y agentes económicos, conversaciones privadas, debates internos en empresas y organizaciones, se percibe amplio consenso entre distintas corrientes de pensamiento de que Santiago Peña ha perdido una oportunidad sumamente importante de aprovechar el envión inicial y su amplia mayoría parlamentaria para dar un impulso decisivo al paquete de reformas que, casi todos coinciden, necesita imperiosamente el país. Se esfumaron los primeros cien días, más los cuatro meses de transición, el Presidente realizó reiterados viajes que podría haber dejado para más adelante en vez de concentrarse en poner primero la casa en orden, y las señales hasta el momento tienden a ser más preocupantes que halagüeñas, con demasiado tiempo y energías dedicados a enmendar despistes y pagar favores políticos, aun a costa de la institucionalidad de la República.
En el campo socioeconómico, en este lapso se creó el Ministerio de Economía y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, con la fusión de la Subsecretaría de Tributación y la Dirección de Aduanas; se diseñó un Presupuesto 2024 sin grandes cambios estructurales, altamente deficitario y con 87% de gastos rígidos; se forzó la aprobación de una cuestionable ley de “medidas extraordinarias” que, en otras palabras, solo implica endeudarse para pagar deudas anteriores, con el agravante de que otorga al Ejecutivo atribuciones no contempladas en la Constitución; se echó por tierra el cronograma de convergencia del déficit fiscal acordado tras la pandemia; y solo hace unos días se presentó finalmente el proyecto de ley de supervisión de cajas jubilatorias, que sería el primer pequeño paso en dirección de las reformas prometidas, a más de tres meses de haber asumido el nuevo Gobierno.
En el ínterin, el Presidente ha estado derrochando rápidamente su credibilidad y su capital político en resbalones, reculadas y controvertidas movidas, algunas de ellas extrañamente innecesarias. El caso más emblemático es el nombramiento y confirmación a tambor batiente de la exministra de la Corte Suprema Alicia Pucheta como representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura sin que se haya declarado una vacancia y en reemplazo de alguien en plenas funciones, presumiblemente por orden de Horacio Cartes. Si tanto querían, podrían haberle dado un cargo jurídico en la Presidencia mientras se cumplían los mecanismos institucionales, pero prefirieron atropellar.
Hubo a la vez una seguidilla de pequeños y no tan pequeños escándalos y bochornos, como la adjudicación y posterior cancelación de una compra directa de 51 millones de dólares de combustible, el caso de los “ocupantes vip”, la descontratación y recontratación de jóvenes concursantes en Itaipú, el viraje de 180 grados en el acuerdo con la Unión Europea, la adenda al proyecto de presupuesto enviada para subir el sueldo a congresistas, luego retirada con el argumento de que fue “bajo extorsión”, o las turbias negociaciones con el Clan Rotela en la Penitenciaría Nacional.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Los inversores actuales y potenciales, la gente de trabajo, los observadores, los evaluadores de riesgo, los tomadores de decisión, la ciudadanía en general habrían preferido que se utilizaran estos meses en cuestiones más útiles para el prospecto del país. El exministro de Economía Dionisio Borda recordó que existe una hoja de ruta acordada con el Fondo Monetario Internacional hasta 2024 que no se está cumpliendo. Incluye compromisos con metas específicas para asegurar la estabilidad y la resiliencia macroeconómicas, impulsar reformas en el sector público, mejorar la protección social y formalizar la economía y el trabajo.
Hay leyes ya aprobadas que no se aplican por falta de reglamentación, como la de adquisiciones y contrataciones públicas, varios proyectos de ley que duermen en el Congreso y varios otros por presentarse. Ejemplos de los que ya se remitieron y ni se habla de ellos son el de fortalecimiento de la institucionalidad fiscal, que establece nuevos lineamientos para aprobación y manejo del Presupuesto; el de garantías mobiliarias, que formaliza y dinamiza el uso financiero de bienes muebles, instrumentos de futuro y créditos por cobrar; el de transparencia e inclusión financieras; el de resolución de la insolvencia, que modifica la ley de quiebras, que data del año 1969; el de la función pública, que pone nuevas reglas para la contratación, ascenso y carrera civil de los funcionarios; y un nuevo marco regulatorio para las empresas públicas.
Tampoco hay noticias sobre las necesarias e imperiosas reformas de la Caja Fiscal y del sistema previsional en general, salvo el atrasado planteamiento de creación de una superintendencia de pensiones. Y, no menos importante, prácticamente nada se ha hecho en estos meses en pos de la renegociación de los términos del Anexo C del Tratado de Itaipú, cuando cada día que pasa es en desmedro de los intereses de Paraguay, que debe ceder a precio irrisorio sus excedentes energéticos a Brasil.
El Presidente de la República debería estar dándoles máximas prioridad y atención a estos grandes temas nacionales y no dejarlos para después, porque el propio desgaste del ejercicio del poder más pronto que tarde le hará perder fuerza, incluso dentro de su partido y de su facción. Ya ha desperdiciado cien días. Que tenga cuidado porque, cuando se quiera acordar, habrá desperdiciado todo su gobierno.