En opinión del presidente Santiago Peña, el escándalo desatado en el Congreso por el nepotismo insolente no implicó un incumplimiento de la ley, sino solo un “problema ético y moral”, pues donde ella falta regirían criterios subjetivos. Según dijo, lo que es moralmente correcto para unos, puede que no lo sea para otros, de modo que volvió a insistir en que la ciudadanía espera “reglas claras”. En verdad, el administrador general de la República hizo muy mal en trasladar a la gente su ignorancia de las leyes, que juró cumplir y hacer cumplir. Para empezar, debería saber que el art. 47 de la Constitución garantiza la “igualdad en el acceso a los cargos públicos no electivos, sin más requisitos que la idoneidad”. En el caso que indigna a la opinión pública, quienes se convirtieron en funcionarios de las Cámaras de Senadores y de Diputados solo por ser parientes cercanos de ciertos legisladores, no la demostraron en un concurso público de oposición, como ordena el art. 15 de la Ley N° 1626/00, de la Función Pública. Como se ve, entonces, aquí no se trató de una cuestión de moral, sino de una afrenta a la ley. Es lamentable la defensa que pretende hacer el Jefe de Estado en una cuestión que debería preocuparle a él, en primer lugar, en vez de tratar de justificarla.
En efecto, los “funcionarios” debieron participar en dicho concurso, pues ninguno de ellos fue designado para ocupar uno de los cargos de confianza que menciona taxativamente el art. 8° de la misma ley, razón por la que los respectivos actos administrativos de nombramiento son nulos. Para conocimiento de Santiago Peña, otros familiares de los parlamentarios fueron contratados, pese a que no se daba la exigencia de dicha ley de “atender necesidades temporales de excepcional interés para la comunidad”, que fueran afines a los objetivos y a las exigencias de un mejor servicio (art. 24). El art. 25 dice que esas necesidades son las siguientes: combatir epidemias, atender situaciones de emergencia pública, realizar censos, encuestas o eventos electorales y ejecutar servicios personales especializados, previo concurso de méritos en estos dos últimos casos. Por su parte, el art. 28 prohíbe a los contratados desarrollar funciones o tareas distintas a aquellas para las que fueron incorporados, “bajo pena de nulidad del contrato y la responsabilidad civil, penal y administrativa de la autoridad contratante”. Como surge de las declaraciones de los propios contratados, las mencionadas disposiciones están siendo alevosamente avasalladas, sin que Santiago Peña se dé cuenta o no quiera darse cuenta.
Como puede notarse claramente, no se trata solo de una cuestión moral. Constituye una “falta grave” nombrar o contratar funcionarios contra la Ley de la Función Pública. Recuerde, presidente Peña, que sus amigos Silvio “Trato apu’a” Ovelar (ANR, cartista), presidente del Senado, y Raúl Latorre (ANR, cartista), titular de la Cámara de Diputados, incorporaron en los seis meses que llevan de funciones 313 contratados y 118 funcionarios, más 80 comisionados, incurriendo, quizá, en centenares de casos, en la “falta grave” calificada por la ley en su art. 68, no por la moral.
Por si las normas referidas no fueran lo bastante claras como para tachar de ilegales los actos administrativos perpetrados en el Congreso en pro de la parentela de varios de sus miembros, podría agregarse cuanto dispone el art. 6° de la Ley N° 6622/21, que establece Medidas de Racionalización del Gasto Público: “En ningún caso se podrá designar a un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, tanto de la máxima autoridad de los Organismos y Entidades del Estado como de los miembros de sus órganos colegiados, en el organismo o entidad del cual formen parte, sea en calidad de funcionario permanente, contratado o personal de confianza, que perciba una remuneración u honorarios del presupuesto público. Exceptúase el ingreso logrado a través de un concurso público de oposición” (las negritas son nuestras). El senador Ovelar se excusó con que él no sabía del nombramiento de su hijo, pero si conociera esta ley, debió pedir su destitución al enterarse de ello, pero no hizo otra cosa sino justificar la medida diciendo que su hijo provenía de un colegio “top”. El diputado Benjamín Cantero (ANR, cartista) fue aún más lejos, al admitir que abogó por su esposa Silvia Noemí Vega para que sea contratada como su “asesora”, pero se excusó con que él no fue quien la nombró. Es otro que, por lo visto, siendo legislador, ignora la ley. Quizá no se equivoque quien piense que el mismo incurrió (a confesión de parte...) en “tráfico de influencias”, causal de pérdida de investidura.
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Con estos elementos, ¿puede el presidente Santiago Peña seguir minimizando lo legal y tirar al campo de la moral los repugnantes casos que se registraron en el Congreso? Por otra parte, una grave responsabilidad recae sobre el senador Ovelar y el diputado Latorre, quienes firmaron las resoluciones ilegales para incorporar a centenares de personas. Es saludable que la fiscala Natalia Fúster, en una denuncia de la abogada Teresa Flecha, haya iniciado una investigación contra el titular del Congreso, quien admitió que dio su consentimiento para la incorporación de su hijo Alejandro Ovelar en ese Poder del Estado. La Secretaría de la Función Pública, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público ya debieron intervenir de oficio en esta maloliente cuestión, ante la aparición de tantas evidencias que afectan a legisladores.
Se podrá advertir, pues, que el jefe del Poder Ejecutivo está muy equivocado: las normas que regulan esta materia existen y son bastante claras. Actuando así, se burla de sus compatriotas. Es lamentable, pero está cumpliendo –o le están haciendo cumplir– un triste papel que desdibuja su figura, lo que puede llevar a una pérdida de respeto hacia su persona y a un creciente rechazo ciudadano.