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La caridad de la clase política empieza por casa, a costa de quienes trabajan

Este artículo tiene 2 años de antigüedad

El nepotismo, definido como el uso de un cargo para designar a familiares o amigos en ciertos empleos u otorgarles otros favores, al margen del mérito y la capacidad, es una práctica ilícita e inmoral muy extendida en la administración pública, que en el Congreso ha alcanzado elevadas cotas. Los infames casos que ya han salido a la luz, protagonizados por el presidente de la Cámara de Senadores, Silvio Ovelar (ANR, cartista), y por el de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, cartista), dan cuenta de que la caridad de la clase política empieza por casa, a costa de quienes se ganan el pan trabajando. “Le dan sueldo hasta a su perro”, dijo el obispo de Benjamín Acebal, monseñor Amancio Benítez.

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El nepotismo, definido como el uso de un cargo para designar a familiares o amigos en ciertos empleos u otorgarles otros favores, al margen del mérito y la capacidad, es una práctica ilícita e inmoral muy extendida en la administración pública, que en el Congreso ha alcanzado elevadas cotas. Los últimos repugnantes casos muestran que el vicio de regalar el dinero de los contribuyentes puede favorecer no solo a la parentela de los actuales legisladores, sino también a la de quienes ya han dejado de serlo y a estos mismos. Según publica la prensa local, lo demuestran el exdiputado Andrés Giménez (PLRA) y su esposa, Marisa Gladys Castro, que cobran en total 18.600.000 guaraníes mensuales como funcionarios de la Cámara Baja, pero están comisionados a la Municipalidad de Villa Ygatimí, administrada por un hermano del primero.

Los infames casos que ya han salido a la luz, protagonizados por el presidente de la Cámara de Senadores, Silvio Ovelar (ANR, cartista), y por el de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, cartista), dan cuenta de que la caridad de la clase política empieza por casa, a costa de quienes se ganan el pan trabajando: sus esposas e hijos –nombrados, contratados o comisionados sin necesidad alguna, contra la Constitución y las leyes– no han tenido más mérito para el efecto que el matrimonio o el parentesco por consanguinidad con un legislador o con el vicepresidente de la República, Pedro Alliana.

Se alega que ni el senador Ovelar ni el diputado Latorre violaron la Ley que Prohíbe el Nepotismo en la Función Pública por no ser cónyuges, concubinos ni parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las personas a quienes nombraron o contrataron contra las normas que regulan el acceso a la función pública. Evidentemente, para ellos, las leyes son papel mojado, como la que dispone Medidas de Racionalización del Gasto Público, que expresamente prohíbe designar a un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, tanto de la máxima autoridad de los organismo del Estado (que son ellos) como de los miembros de sus organismos colegiados (que son los senadores y diputados), en la entidad de la que formen parte como funcionario permanente, contratado o personal de confianza, salvo el ingreso logrado a través de un concurso público de oposición. O sea que, sin este requisito previo, la ley no solo impide emplear en el Congreso a los parientes próximos de los presidentes de las Cámaras, sino también a los de cualquier legislador, aunque sean para un cargo de “confianza”. Más aún, el decreto reglamentario ratifica que los miembros de los órganos colegiados, incluidos los electos por el pueblo, “en ningún caso podrán nombrar o contratar o designar en cargos de confianza” a sus familiares cercanos, para cumplir funciones en el organismo que integren, salvo que ingresen previo concurso público de oposición. A todas luces, este procedimiento no fue aplicado en los casos aludidos.

Es obvio, al menos, que los presidentes de ambas Cámaras se sometieron a una “influencia indebida” usada a beneficio de familiares cercanos de ciertos legisladores. Pese a que ninguno de los nombrados ocupó uno de los cargos de confianza citados taxativamente en la Ley de la Función Pública, no tuvo que demostrar sus méritos y aptitudes en un concurso público de oposición. Tampoco nadie fue contratado para “atender necesidades temporales de excepcional interés para la comunidad”, como exige la misma ley. En suma, los nombramientos, los contratos y los comisionamientos se concretaron en flagrante violación de la ley.

Montserrat Alliana, de 25 años, hija del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, integra el grupo de los bautizados como “nepobabies”. Un mes después de asumir el Gobierno donde su padre es vicepresidente, ya apareció nombrada en la Cámara de Diputados, con un salario de poco más de ¡18 millones de guaraníes! “Yo estoy en un cargo de confianza que me dio el diputado Latorre”, llegó a decir, sin darse cuenta de que el “cargo de confianza” no lo da cualquier persona, aunque sea titular de un Poder del Estado, sino que lo determina la ley.

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, se lava las manos: “No puedo hacerme responsable de cómo las personas terminan nombrando personal (...), no solo este Gobierno, sino cualquier político hace básicamente lo mismo”, observación esta que dista de ser antojadiza: el nepotismo y el prebendarismo, en términos generales, forman parte de una aberrante cultura político-administrativa. Es lamentable que lo diga nada menos que el ministro responsable de la hacienda pública, y evidentemente también así piensan los titulares de la Secretaría de la Función Pública, de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público, entre otras dependencias del Estado.

A este paso, se puede entender la preocupación expresada el domingo en Caacupé por el obispo de Benjamín Aceval, monseñor Amancio Benítez, quien se refirió al mal ejemplo que dan a la ciudadanía muchos legisladores y autoridades, y aludiendo a las recientes informaciones sobre la repartija de cargos entre parientes de los mismos, sostuvo que “le dan sueldo hasta a su perro”.

Este repugnante estado de cosas solo puede ser modificado mediante una firme y sostenida manifestación de repudio, dentro de lo que marca la ley, por parte de la ciudadanía. Resulta evidente que para los que mandan, disponer de la cosa pública para provecho personal y de los allegados es de lo más normal, y así nomás luego debe ser. El pueblo debe demostrarles que están equivocados.

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