En efecto, se ha revelado que un hijo de Francisco Maioli Díaz, dueño de Geolatina SA –que tiene el 60% de las acciones del consorcio Parxin–, integra el Gabinete Civil de la Presidencia de la República con un sueldo mensual de 18.780.000 guaraníes, tras haber formado parte del estudio jurídico de Francisco Barriocanal, procurador general de la República durante el gobierno de Horacio Cartes, líder del jefe de Estado, Santiago Peña, y del intendente municipal Óscar Nenecho Rodríguez.
El “asesor” Juan Manuel Maioli, de quien se trata, llegó a publicar que en dicho bufete el trabajo se hizo “mucho más llevadero estando en compañía de un gran amigo como Mario Rafael Balbuena Noguera”, hoy director general de Relaciones Interinstitucionales y Cooperación Externa de la municipalidad capitalina. Aunque este alegue que no interviene en nada relacionado con Parxin, no puede descartarse que tendría interés en que el emprendimiento del padre de su “gran amigo” no sufra grandes tropiezos; es innecesario que su oficina tenga alguna competencia en la materia o que su intervención conste en actas, ya que el director general bien puede abogar informalmente en pro del consorcio.
Más llamativo aún resulta que el concesionario tenga un “asesor” tan bien instalado en el Palacio de López desde el 2 de septiembre de 2023, es decir, pocos días después de que Nenecho Rodríguez haya ordenado el inicio de los trabajos. En un país relativamente pequeño, como el nuestro, los lazos político-empresariales pueden ser estrechos e influir notablemente en la administración pública. El hecho de que Juan Manuel Maioli haya estado antes en el estudio jurídico de un exprocurador general y que ahora lo esté en el Gabinete Civil del presidente de la República sugiere que el dueño de Geolatina SA puede confiar en que Nenecho Rodríguez no se atreva a poner fin a lo que aparenta como un gran negociado.
Pero hay más: Pedro Britos fue un diputado cartista entre 2013 y 2018, que luego se encargó del Viceministerio de Transporte hasta 2021. Siendo ya representante de Parxin, fue contratado el 3 agosto de 2023 como abogado dictaminante en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, presidido desde dos días antes por el diputado Orlando Arévalo (ANR, cartista). Cabe preguntar: ¿Habrá un juez que se atreva a fallar contra el consorcio si puede terminar siendo enjuiciado por un órgano asesorado por su representante? Puede pensarse que el intendente de Asunción tendrá muy en cuenta las conexiones referidas, sin necesidad de esperar instrucciones expresas desde un poder político y económico muy influyente, por decir lo menos.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Todo indica que el cuestionado concesionario está bien amparado y que, por ende, Nenecho Rodríguez intentaría convencer a la opinión pública de que el estacionamiento tarifado y controlado funcionará a las mil maravillas y de que la nueva composición accionaria de Parxin no vulneró el pliego de bases y condiciones. Por su parte, Francisco Maioli Díaz podría quedarse tranquilo: tal como están las cosas, difícilmente haya juez que se atreva a poner punto final a la concesión.
Con todo, es necesario que la ciudadanía siga insistiendo en que este malhadado emprendimiento no continúe. Será difícil vencer a la alianza de hecho entre Parxin y los que mandan, tanto a nivel nacional como municipal, pero valdrá la pena bregar por el imperio de la ley y de la moral. Aquí está en juego el bien común, en defensa del cual hay que recurrir a todos los medios lícitos al alcance. Este engendro ya debió haber sido abortado en sus mismos orígenes por las graves irregularidades que salieron a luz, pero ignoradas por las autoridades.