La endeblez moral del senador Silvio Ovelar (ANR, cartista), más conocido como “Trato apu’a”, presidente de la Cámara Alta y por ende del Congreso, tornó inútil la norma constitucional de que los parlamentarios no están sujetos a mandatos imperativos. Antes que responder a su conciencia, opuesta a la arbitraria destitución de su hoy excolega Kattya González, prefirió someterse a los dictados del Comando Nacional de Honor Colorado, presidido por el titular partidario y exjefe del Poder Ejecutivo, Horacio Cartes, y del que forman parte él mismo, el presidente, Santiago Peña; el vicepresidente, Pedro Alliana; el titular de la Cámara Baja, diputado Raúl Latorre, y el exsenador Juan Carlos Galaverna, entre otros.
Antes de iniciarse la sesión extraordinaria, que no debió haber sido convocada por él sino por la Comisión Permanente del Congreso, según el art. 219 de la Constitución, lo que tornaría inválida la reunión, el senador suspendido alguna vez por haber comprado cédulas de identidad en vísperas de las elecciones generales de 2013, se abstuvo de dar declaraciones a la prensa porque “de lo que no se puede hablar es mejor callar”, según dijo citando a cierto filósofo austriaco. En otros términos, probablemente no podía hablar de los verdaderos motivos que movieron a su líder a ordenar deshacerse de una legisladora incisiva, recurriendo incluso al voto de los senadores Erico Galeano (ANR, cartista) y Hernán Rivas (ANR, cartista), imputados penalmente.
Una vez cometido el atropello contra la Constitución y el reglamento interno del Senado con su voto decisivo, que sirvió para alcanzar veintitrés pese a que se requerían treinta, creyó que podía revelar su desacuerdo, agregando como disculpa que “me opuse a la destitución de Kattya”, pero que debió “acatar lo que en el Comando y en la bancada se decidió”. Es decir, votó contra su propia convicción para cumplir con un mandato imperativo de Honor Colorado, que es como decir de Horacio Cartes, lo que mucho dice acerca de su falta de dignidad. Tuvo luego el descaro de afirmar que si el afectado hubiera sido él, “iría hasta Tanganica” para defenderse. En realidad, no se necesitaría ir tan lejos, bastaría con quedarse en Asunción, si se confiara en la independencia del Poder Judicial, pues el art. 17 de la Constitución dice que “en todo proceso penal, o en cualquier otro del que pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a la comunicación previa y detallada de la imputación, así como a disponer de copias, medios o plazos indispensables para la preparación de su defensa…” (las negritas son nuestras). Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene su sede en San José de Costa Rica, y esta bien podría acoger una demanda contra el Estado paraguayo por haberse violado el derecho a la defensa.
La disciplina cartista se impuso a la razón, a la ética y al Derecho, gracias a la sumisión de los acólitos, quizá inducida por el dinero. ¿Qué castigo habría recibido el senador Ovelar si hubiera desacatado lo resuelto por el Comando Nacional? Tendría que haber sido muy dura, no solo desde el punto de vista político, para que haya creído necesario bajar la cabeza, vergonzosamente. A la opinión pública también le gustaría saber qué dijeron Santiago Peña y Pedro Alliana en las deliberaciones del Comando, pues aún no se han referido al escándalo en cuestión.
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Desde el Palacio de López se adujo que al Poder Ejecutivo no le compete opinar sobre la conformación de los otros Poderes y que quien lo ejerce es “muy respetuoso de la independencia y separación” de los mismos. En verdad, el primer mandatario mal podría alegar que no puede inmiscuirse en un asunto que atañe al Senado, pues ya lo hizo como miembro del selecto grupo que dispuso la expulsión referida, en una reunión celebrada nada menos que en la residencia presidencial, el último 5 de febrero. ¿O es que, pese a ser el anfitrión, no le consultaron porque su opinión sería irrelevante?
La ley suprema permite que el Presidente y el vicepresidente de la República sean destituidos mediante un juicio político, pero no así que ellos ni mucho menos su jefe de hecho priven de su investidura a un parlamentario a través de unas marionetas con fueros. La orden no provino de la Junta de Gobierno de la ANR, sino de un sector partidario. Desde luego, esa orden también hubiera sido inadmisible en caso contrario, pero vale apuntarlo para subrayar que si poco importa la institucionalidad del país, mucho menos importará la de la ANR y que en el Paraguay de hoy impera algo peor que la partidocracia: el Gobierno de un sector, cuyo líder no está legitimado por el voto ciudadano. En otras palabras, un movimiento interno puede alejar del Congreso a legisladores que le resultan molestos, con el apoyo de ávidos colegas de otros partidos.
Es de lamentar que exista un poder dual, nada favorable a la buena marcha del país, que recuerda el eslogan peronista de la Argentina de inicios de 1973: “Cámpora al Gobierno, Perón al poder”. Aquí no se llegó tan lejos el año pasado en cuanto al mensaje explícito, pero en la práctica ha ocurrido algo similar, para mal del sistema democrático y para bien del autoritario, que necesita contar con personajes tan impresentables como Silvio Ovelar: muy serviles, sin el menor respeto a sí mismos ni a la ciudadanía.