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La tarifa de Itaipú es lo que les cobra la entidad binacional a sus socios-propietarios, tanto a Brasil como a Paraguay –en realidad a ENBpar y a la ANDE– por la contratación de potencia y consecuente retiro de electricidad generada. En teoría no debería presentar ninguna dificultad, puesto que Itaipú es una entidad sin fines de lucro, por lo cual solo les debe cobrar a sus dueños lo estrictamente necesario para cubrir sus costos, sean por operación, por administración, por mantenimiento, por reinversiones, por depreciación y por el servicio de la deuda. En pocas palabras, la tarifa de Itaipú es y debe ser simplemente el precio de costo, ni un dólar más, ni un dólar menos, y así está establecido en el Tratado.
Ocurre que, históricamente, el mayor componente del costo de Itaipú fue financiero, es decir, lo que debía destinar la entidad en su presupuesto para pagar las (groseramente infladas) deudas por su construcción. Al quedar estas deudas canceladas en febrero de 2023, hace exactamente un año, los costos de la entidad cayeron dramáticamente y, con ello, también la tarifa prevista en el Tratado. En teoría esto debería ser bueno para ambos países, que cuentan con una formidable central hidroeléctrica ya totalmente amortizada y, por tanto, una fuente gigantesca de energía limpia, renovable y barata.
¿Por qué, entonces, el Gobierno insiste tanto en el tema? Lo que se pretende es que la tarifa esté por encima del costo real con el fin de generar una diferencia a ser repartida en partes iguales por los dos países a través de Itaipú, en forma de “gastos sociales”. En su último discurso anual ante el Congreso, el 1 de julio de 2023, después de las elecciones, el expresidente Mario Abdo Benítez habló de un supuesto “acuerdo tarifario” con Brasil que le permitiría solo a la margen paraguaya contar con 409 millones de dólares al año, lo que inmediatamente encendió la codicia de toda la clase política, sobre todo del nuevo oficialismo, deseoso de tener “plata dulce” de Itaipú para gastar discrecionalmente al margen del presupuesto nacional.
Tal acuerdo no existía, más allá de posibles promesas de palabra, y las estimaciones de Marito estaban exageradas. Dependiendo de la cifra a la que finalmente se arribe, tal diferencia podría alcanzar en total unos 500 millones de dólares, 250 millones para cada país. Pero si bien esa suma es insignificante para el Brasil, sigue siendo muy considerable para los gobernantes y políticos paraguayos, que llegaron a deslizar que hasta el almuerzo escolar dependía de ello, lo cual es falso.
Originalmente el Gobierno quería mantener la tarifa por encima de los 22,75 dólares el kilovatio/mes, mientras Brasil sostenía que había que conservarla en la vigente de 16,71 dólares el KWmes o bajarla aún más. La última propuesta paraguaya es de 19,66 dólares el KWmes y el canciller Rubén Ramírez Lezcano dijo que “ya existe un avance importantísimo, ya hay coincidencias”, lo que preludia un probable próximo trato.
La lógica de ello es que Brasil contrata el 70% de la potencia de Itaipú, con lo cual una mayor tarifa la pagaría proporcionalmente más Brasil que Paraguay, en una relación de 70/30. Pero aún si este razonamiento fuera correcto, ¿le conviene a Paraguay, estratégica y económicamente, poner en segundo plano la negociación por la libre disponibilidad y un precio justo por su energía a cambio de 250 millones de dólares?
Paraguay, solo en 2023, tuvo 22.424.500 MWh de excedentes en Itaipú que actualmente cede a Brasil por una “compensación” de 10,39 dólares el MWh. Si dispusiera de ellos, siendo conservadores, podría obtener un margen de alrededor de 40 dólares el MWh, ya restándole la tarifa de Itaipú (precio de costo), lo que implica una renta potencial anual de 1.000 millones de dólares, que no serían dadivosos “gastos sociales”, sino ingresos genuinos del Estado paraguayo. En este caso, cuanto menor sea la tarifa, mejor.
Para ello hay que renegociar el Anexo C o llegar a un acuerdo para que sea Paraguay, y no ENBpar, el que comercialice la energía paraguaya en el desmonopolizado mercado eléctrico brasileño. Pero de esto prácticamente ni se habla. El Gobierno paraguayo ni siquiera ha integrado un equipo negociador y Brasil está más que cómodo manteniendo por el máximo tiempo posible el statu quo, que les es sumamente favorable.