Antes de la aprobación a rajatabla por parte de los senadores cartistas y sus satélites, del proyecto de “ley garrote” en contra de las organizaciones sin fines de lucro, hemos sido testigos de discursos que quedaron para la historia, pero para la historia de la represión, la censura, el autoritarismo y el desconocimiento de las obligaciones del Estado.
El neocartista Orlando Penner (ex Patria Querida) arremetió en contra de la ONG Tierraviva, calificando a quienes lo promueven de desalmados y llamándolos “bolsillo vivo”, criticando además que no hayan podido solucionar los problemas básicos, como la provisión de agua potable a las comunidades indígenas del Chaco paraguayo, cuando claramente esta es una obligación del Estado y no de organizaciones de la sociedad civil.
Escuchamos también al senador Dionisio Amarilla (expulsado del PLRA) argumentar que semejante ley es necesaria ya que, según sostuvo, muchas organizaciones de la sociedad civil trabajan en forma secreta bajo supuestos fines filantrópicos. Expuso además que los colegas que argumentaron en contra del proyecto lo hicieron bajo sus limitadas acotaciones, que sus discursos salen de las cloacas, y algunos de ellos son ratas de albañales con una “moralina propia de los cipayos”.
En contrapartida, la senadora Esperanza Martínez (FG) habló de una parcialidad manifiesta de perseguir, desprestigiar e infundir temor solo a algunas organizaciones, buscando asimilar el término ONG a la delincuencia o el lavado de dinero, resultándole paradójico que tengan que controlar aquellas que no pueden controlarse a sí mismas. Pidió además al presidente Santiago Peña que tenga coraje y valentía para vetar el proyecto sancionado. El senador Ignacio Iramain (PEN) expresó que estamos volviendo al “círculo del eterno retorno” con una ley que busca enterrar a la sociedad civil, y parafraseando al recordado escritor Helio Vera mencionó que Paraguay es el país de la “sopa dura”, donde la justicia tarda y no llega, y donde la mediocridad va ganando la guerra, en este caso, con el exterminio de la sociedad civil y la violación de la Constitución Nacional, discriminando a aquellos que critican para evitar que la sociedad piense. La senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional), que al principio pareció estar a favor del proyecto, finalmente se manifestó en contra y reafirmó su postura de transparentar los fondos de las binacionales. Los senadores Eduardo Nakayama (ex-PLRA) y Rafael Filizzola (PDP) argumentaron que la ley sancionada es contraria a la Constitución, los Tratados Internacionales y el Estado social de derecho, y mencionaron las leyes ya existentes a las cuales se encuentran obligadas las organizaciones sin fines de lucro, y la cantidad de registros que deben cumplir.
Por su parte, el senador “oenegero transparente” Gustavo Leite (ANR, cartista) realizó varias preguntas, como: ¿Cuál es el garrote? ¿Cuál es el miedo de la sociedad civil? ¿Por qué no quieren que se vea en qué gastan el dinero? ¿Tienen miedo a la sociedad civil que representan? Estas preguntas nos recuerdan aquella conocida frase que dice: “El que nada debe, nada teme”, con la cual, en tiempos pasados, se irrumpía sin orden de allanamiento en viviendas particulares e instituciones privadas, se cateaba a personas sin cumplir con los requisitos legales para el efecto, se solicitaban informes personales sin la existencia de un proceso en el cual se pueda ejercer una defensa, se detenía a personas por encontrarse reunidas en algún espacio público y se las trasladaba hasta el tenebroso Departamento de Investigaciones, y otras tantas prácticas que a la luz de esta frase se encontraban justificadas.
El problema real no es “¿Por qué no quieren que se les controle?” sino ¿Cuáles son las atribuciones legales, legítimas y necesarias para controlar?”. Debemos recordar que cuanto mayor sea la injerencia de la autoridad pública en el ámbito o el espacio privado de las personas, más arbitraria es la conducta del Estado, y por lo tanto, más resquebrajada se encontrará la democracia.
El verdugo final fue el presidente del Congreso, quien culminó el debate con la siguiente frase: “Vamos a combatir a estos oenegeros que deben lamerle la suela del zapato a nuestros dignos hurreros que se van a vibrar por nuestros partidos tradicionales”.
Queda claro así que el verdadero anhelo de los senadores cartistas y satélites es combatir a aquellas organizaciones que pretendan luchar contra la corrupción estatal, aquellas que busquen transparentar la conducta de las autoridades, aquellas que se manifiesten en contra del nepotismo, el clientelismo y otros actos de corrupción, aquellas que luchen por la justicia social y recuerden al Gobierno que la obligación de garantizar derechos y libertades recae en quienes ejercen el poder estatal. Hemos escuchado a aquellos que con sus voces demostraron que el verdadero propósito de la “ley garrote” no es buscar la transparencia, sino acallar –como dice la canción– “TODAS LAS VOCES, TODAS”