Como estaba previsto, en sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados el miércoles, los legisladores dieron su acuerdo constitucional para la intervención, a pedido de la Contraloría General de la República, de las municipalidades de Asunción, a cargo de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista), imputado por supuesta lesión de confianza y asociación criminal, y de Ciudad del Este, a cargo de Miguel Prieto (Yo Creo), líder de la comuna esteña que logró destronar al clan Zacarías que gobernó la zona por 17 años, poniendo además fin al imperio colorado que dominó la ciudad fronteriza desde su fundación.
Esta jugada del cartismo, siempre previsible en su actuar, deja al descubierto la verdadera consigna: eliminar del tablero político a un potencial contrincante electoral como Prieto a través de una intervención en la cual también se incluye al intendente capitalino, asfixiado por denuncias de mala gestión, salpicado con sospechas de desvíos de fondos públicos y falta de transparencia, pero que al mismo tiempo se jacta de que el movimiento cartista “no le soltó la mano”.
Esta antagónica jugada coloca el tablero político en una paradoja. Por un lado, se tiene a un líder emergente, capaz de imponerse a la estructura colorada, al poder zonal y a la coyuntura actual en unas elecciones que lo posicionaron ampliamente por encima de sus adversarios, y que demuestra que un joven puede mover masas cuando el pueblo se siente defraudado. Por lo tanto, interponer un proceso de intervención montado que lleve a un resultado de antemano establecido significaría desoír nuevamente la voluntad del pueblo, anteponiendo intereses mezquinos y revanchistas, como sucedió con el proceso de pérdida de investidura de la exsenadora Kattya González.
De hecho, la Contraloría General también señaló cuestionamientos en contra de Miguel Prieto, como la falta de comprobantes que respalden millonarios ingresos, transferencias y pagos efectuados a proveedores sin la documentación exigida, falta de evidencias documentales que verifiquen obras y adquisiciones, y que parte de los recursos habría sido aplicada a gastos corrientes, entre otros. Sin embargo, muchas otras municipalidades también son frecuentemente cuestionadas, pero como son manejadas por “amigos”, no son molestadas, salvo que intervenirlas resulte beneficioso para algunos voraces políticos. En el caso de Ciudad del Este y Asunción se aplicó el 2 por 1. Como la intervención de la comuna asuncena resultaba inminente e inevitable, se cumplió además con aquella amenaza lanzada por Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista), quien dijo en su momento que solo permitirán una eventual intervención a la administración de su correligionario (refiriéndose a Nenecho) si es que hacen lo mismo con la gestión del opositor Miguel Prieto, en Ciudad del Este.
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Por otro lado, seguir sosteniendo la mano –tal como lo anticipó Nenecho en un arrebato de soberbia– de un intendente a todas luces desgastado por su inutilidad y su pésima gestión al frente de la capital del Paraguay, demostraría no solo que el cartismo se mantiene fiel en su estilo, que parece desoír la voz del pueblo, sino que además está ensañándose con los asuncenos, con la sociedad paraguaya y con los destinos del país para seguir protegiendo a un intendente que no ha hecho más que defraudar en la labor de administrar uno de los mayores presupuestos públicos que se le encomendó.
A juzgar por los discursos de apoyo a la gestión del imputado Nenecho, pareciera ser cierto que el cartismo sigue sosteniendo de la mano a sus serviles soldados. En la sesión de la Cámara Baja se oyeron hasta palabras de aliento a su favor. El diputado Yamil Esgaib (ANR, cartista), famoso por sus posturas en contra de la libertad de expresión, sugirió públicamente al intendente capitalino que “renuncie” antes de ser sometido a una intervención. En otro momento del debate, el diputado Esteban Samaniego (ANR, cartista), también imputado por lesión de confianza, sindicado de formar parte de un esquema de desvío de fondos por más de 1.100 millones de guaraníes cuando se desempeñaba como intendente de Quyquyhó, empatizó con el jefe comunal asunceno, tal vez por tener muchas cosas en común, y expresó que “le creyó a su amigo Nenecho”.
Pese al triste espectáculo, la diputada Rocío Vallejo (Patria Querida) se tomó el tiempo necesario para desgranar punto por punto las acusaciones que pesan sobre el intendente asunceno y por las cuales el contralor pidió su intervención. Sin embargo, subrayó que “lastimosamente son rumores de pasillo que hoy se interviene pero luego se lo salva de la destitución”, destacando además que con los elementos con los cuales se cuenta, ni siquiera es necesario que ingrese un interventor ya que Nenecho debe ser inmediatamente destituido.
Dentro de todo lo grave por lo que se le acusa, una de las cuestiones más indignantes reflejadas por la propia comisión especial investigadora es el presunto desvío de G. 360.000 millones en bonos para construcción de obras de alcantarillado, que el propio intendente y sus colaboradores admitieron haber utilizado en gastos corrientes, como pago de salarios. Sin embargo, actualmente los funcionarios municipales se manifiestan por falta de cumplimiento en el cobro de sus haberes. Ni obras, ni pagos ni salarios. Solo deudas sobre los asuncenos y un perjuicio enorme a la Municipalidad, la capital y el país.
Por su parte, y en lo que respecta a la intervención contra Miguel Prieto, la diputada Johanna Ortega denunció que este hecho es parte de una operación política y mediática para “sacar del camino al intendente esteño”. Lo cual solo reflejaría que el Estado de derecho, el pluralismo y las bases de la democracia representativa son un tema menor para el cartismo. Cuando existe un verdadero interés de eliminar adversarios, no importa sostener de la mano a personajes de la más cuestionada reputación, los verdaderos “guapitos” de turno, aunque eso signifique soltarle las manos al pueblo, al que juraron representar.