Un 8 de agosto de 1967 se fundó ABC Color como un medio revolucionario que incorporó el color y otras innovaciones inéditas para esa década. Contra todos los pronósticos que auguraban su escasa posibilidad de supervivencia, muy pronto el diario se abrió camino con el compromiso de informar y defender la libertad de expresión, un derecho que la dictadura de Alfredo Stroessner avasalló sin piedad y por el cual varios periodistas –incluido nuestro primer director, Aldo Zuccolillo– terminaron presos. Intolerante al disenso y al pluralismo, el régimen clausuró el diario en marzo de 1984, no sin antes vulnerar valores democráticos y derechos inherentes a la libre prensa y a la manifestación del pensamiento.

La larga noche de la dictadura terminó en febrero de 1989 y ABC Color reapareció en marzo de ese mismo año, retomando sus apuestas tecnológicas y el compromiso con la ciudadanía…, pero pronto regresaron viejos temores: los mismos autoritarios de siempre, amenazas antiguas disfrazadas de nuevos métodos, acosos legales, amedrentamientos y hasta el asesinato de periodistas.

Nuestro medio ha enfrentado casos emblemáticos contra la prensa y sus trabajadores, episodios que recuerdan que, así como hay quienes traicionan el pacto constitucional, también existen luchadores por la defensa de las libertades como piedra angular del Estado de derecho. Hoy vuelven los discursos intolerantes, proyectos de ley destinados a restringir derechos y un aparato coercitivo dispuesto a cortar de raíz cualquier manifestación que incomode a los dueños del poder.

Las restricciones a las garantías democráticas en nuestro país se han manifestado de múltiples formas: a veces de manera contundente, otras con sutileza, generando un clima de autocensura, inhibiendo el debate mediante amenazas de aplicación de leyes penales o manipulando normas para imponer censura previa por resoluciones judiciales. Cada vez con más frecuencia se atropellan derechos fundamentales, con un Poder Judicial sumiso y un Ministerio Público anestesiado que, más veces de las aceptables, han fallado contra principios constitucionalmente consagrados en la República del Paraguay.

Los exabruptos del presidente Santiago Peña han sido una constante desde el inicio de su gobierno. Ha increpado a trabajadores de la prensa en vez de rendir explicaciones, se ha victimizado como “perseguido” en lugar de rendir cuentas sobre su gestión y ha provocado a reporteros que piden información sobre el uso de recursos públicos o preguntan por graves episodios de corrupción. Esta actitud, lejos de demostrar compromiso democrático, evidencia que, en materia de derechos fundamentales, ni la Constitución ni los tratados garantizan su real vigencia cuando los gobernantes muestran tendencias autoritarias o carecen de la fortaleza para enfrentar el absolutismo.

El Poder Ejecutivo –y varios de sus integrantes– no ha sido el único poco dispuesto a respetar el trabajo periodístico. El reciente caso de amonestación a la activista y abogada Esther Roa por parte del Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, integrado por los ministros César Diesel y Carolina Llanes, constituye una grave violación al derecho a la protesta, en especial en casos de corrupción pública, al prohibírsele asistir, junto a otras personas, a una audiencia pública. Una manifestación ciudadana como símbolo de repudio es, a menudo, lo último que queda ante la impunidad de quienes delinquen. Otro hecho igualmente grosero ocurrió en otra protesta: agentes policiales impidieron al sacerdote jesuita Alberto Luna portar una pancarta con un “peligroso” reclamo: la reforma del servicio de transporte público.

Son tiempos difíciles para el periodismo y para la libre manifestación de las ideas: no han sido pocas las ocasiones en que los medios fueron tachados de “desinformadores” o directamente amenazados con acciones legales. La senadora tránsfuga Norma Aquino, alias Yamy Nal (ANR, cartista), hizo gestos obscenos contra comunicadores que denunciaron presunto planillerismo de un familiar. Tampoco puede olvidarse el caso de la exsenadora Kattya González, despojada de su banca mediante un cuestionado juicio político en el que se le negó el derecho básico a la defensa, un ardid para silenciar una de las voces más críticas del Parlamento. El objetivo parece claro: acallar a cualquiera que pueda poner en riesgo la estabilidad del sistema.

En esa misma línea, recientemente el Parlamento volvió a actuar en contra de la transparencia al recurrir al proyecto de ley de protección de datos personales para otorgarse una discrecionalidad casi total en la entrega o negación de información de interés público cuando esta pudiera, supuestamente, afectar “derechos particulares”. Esa redacción inconstitucional arrojaría un manto de oscuridad sobre la incipiente cultura de apertura que empezó con la promulgación de la Ley 5282/14, de acceso a la información pública.

Estas prácticas antidemocráticas, resabios de la dictadura stronista, revelan la añoranza de ciertas autoridades por la temida Ley 209, paradójicamente llamada “De defensa de la paz pública y libertad de las personas”, que bajo el pretexto de garantizar la “paz pública” reprimía cualquier disidencia o actividad considerada subversiva. Con lo que está ocurriendo, Paraguay se encamina, irremediablemente, hacia aquella funesta época.

ABC Color cumple hoy 58 años de existencia y, tras casi seis décadas de compromiso con la información, conoce de sobra estos oscuros pasillos del poder, transitados por tiranos y aprendices de dictador. Sabemos lo que implica recorrer un camino plagado de obstáculos impuestos por quienes temen a la verdad porque tienen mucho que ocultar. Nuestro fundador, Aldo Zuccolillo, sostenía que la libertad de expresión es la madre de todas las libertades; por eso, nuestro diario continúa –como ayer y como lo hará mañana– firme en la defensa de este derecho fundamental de la ciudadanía.

Así como en la dictadura no nos amilanamos ante la fuerza bruta de quienes pretendían mantener al pueblo sometido, hoy seguimos con la misma decisión inquebrantable de servir a la verdad y de proteger el derecho de la gente a expresarse sin miedo. Mantenemos la lucha implacable contra la corrupción y defendemos la soberanía conculcada, como ocurre actualmente, por ejemplo, en Itaipú.

En este nuevo aniversario, renovamos nuestro compromiso con el pueblo paraguayo, con la Constitución Nacional y con la protección de los derechos ciudadanos a la libre expresión y al acceso a la información. Así nacimos, así crecimos, por eso nos clausuraron y por eso seguiremos peleando.