El interventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, presentaría hoy al Poder Ejecutivo su dictamen, junto con el de la Contraloría General de la República (CGR), para que sean remitidos de inmediato a la Cámara de Diputados, que podría destituir, si así lo decidiera una mayoría absoluta, al impresentable intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista).
Los ya revelados hallazgos de la fiscalización iniciada el 24 de junio dan cuenta de que, como bien se sabía, la capital del país fue administrada de la peor manera, por culpa de una presunta corrupción, del clientelismo, del derroche y de la ineptitud, tanto del intendente como de la gran mayoría de los concejales que lo ha venido apañando. Como las papas ya venían quemando para Nenecho, sus antiguos sostenedores han optado por abandonar el barco como las ratas ante la entrada de agua, al punto que la Junta Municipal resolvió pedirle ahora informes sobre la última presunta fechoría detectada por el interventor, tras un informe de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. La administración de Nenecho habría recurrido a facturas dudosas para justificar en parte el uso de los 500.000 millones de guaraníes en bonos que debieron invertirse en obras de infraestructura, pero que tuvieron otros destinos que habrían consagrado al intervenido intendente como el mayor malversador de la historia patria, según comparó un legislador.
La lista de los descubrimientos de Carlos Pereira, que se añaden a los de la CGR, es tan extensa que también podría interesar al Ministerio Público, que ya imputó con anterioridad al intendente por lesión de confianza y asociación criminal en el caso de los “detergentes de oro”, escándalo este que habría causado a la Municipalidad un daño patrimonial de 1.830 millones de guaraníes. Aparte de la pesquisa ya abierta por el desvío de los fondos ingresados mediante la emisión de los bonos, el agente fiscal Luis Piñánez dijo que se está estudiando si cabe hacer lo mismo con respecto a una denuncia de este año, presentada también contra catorce ediles, por los delitos de lesión de confianza y producción de documentos públicos de contenido falso, en la ejecución del dinero recaudado con los bonos y en la evasión de aportes municipales a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal. Quien o quienes sean eventualmente condenados, deberán además reparar el perjuicio ocasionado, algo que suele olvidarse.
De entre las diversas “irregularidades” constatadas por la intervención, pueden citarse: el empleo de la mitad de los 500.000 millones de guaraníes de los bonos para el pago de salarios de los 9.119 funcionarios, que podrían ser tres mil menos según Carlos Pereira, y cuya asistencia no era registrada por alguno de los 27 sistemas informáticos con énfasis en recursos humanos, que ahora resultó que tenía la Municipalidad; la exclusión del balance general de la deuda de 1.500 millones de dólares (19,950 billones de guaraníes) que tienen los contribuyentes, ignorándose si podrán ser cobrados; y la falta de contabilización de los 488.000 millones de guaraníes adeudados por la Municipalidad en concepto de intereses: al Estado le adeuda 278.000 millones de guaraníes, mientras que este le debe 355.000 millones. Por de pronto, habrá que ver a qué se apela para seguir prestando servicios y abonar los salarios de este mes, dada la insuficiente recaudación y la enormidad de las deudas, señaladas por el interventor.
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La bancarrota municipal se advierte en los atrasos en los pagos a bancos, tenedores de bonos y proveedores, así como también –y sobre todo– en el desastroso estado de la “Madre de Ciudades”. En su desesperación financiera, Nenecho y sus amigos –por no llamarles cómplices– de la Junta, que al parecer ahora le dieron la espalda, buscaron a fines del año pasado malvender seis hectáreas del dominio privado municipal, ubicadas en la Costanera Norte. Felizmente, el repudio ciudadano impidió la consumación del despojo disfrazado de subasta.
También el dictamen del interventor municipal denota una clara repulsa, con el agravante de que afecta a la gestión municipal como un todo. Desde ya, se espera que la vergonzosa historia no se repita, que los diputados tomen la obvia medida que la decencia exige y que el Ministerio Público acelere sus pesquisas en torno a los 500.000 millones de guaraníes, que los asuncenos tendrán que devolver con intereses, sin haberles servido para los desagües pluviales.
Se debe poner las cosas en su lugar. Se trata de una cuestión de dignidad ciudadana, que no debe ser menoscabada por un intendente y unos ediles que desvían fondos o lo toleran para, entre otras canalladas, mantener a un personal parasitario integrado en gran medida por “operadores políticos”.
Los asuncenos anhelan un intendente que levante Asunción de la postración. El Palacete Municipal no es un sitio apropiado para ladrones que se las dan de políticos: hay otro que sí lo es, ubicado en el barrio capitalino de Tacumbú.