Testigos de la época cuentan que la firma del Tratado de Itaipú se precipitó por un exabrupto del Gral. Alejandro Lanusse en la mesa del Gral. Emilio Garrastazu Médici, y, por su parte, la del Tratado de Yacyretá, el 3 de diciembre de 1973, hace 52 años, por una llamada telefónica de Juan Domingo Perón a su amigo Alfredo Stroessner. Desde entonces han pasado 13 presidentes en Brasil, 16 en Argentina, aquí cayó la dictadura y se han sucedido diez gobiernos más, y hasta el día de hoy las condiciones leoninas en detrimento del Paraguay en ambos instrumentos continúan vigentes, con una diferencia: Brasil, al menos, ha pagado el precio de costo. Argentina, ni eso.
El resultado es que, 52 años después, la deuda por la construcción de Itaipú ya está cancelada, mientras que la deuda de Yacyretá es un agujero negro cuya profundidad nadie conoce a ciencia cierta y que, en vez de reducirse, crece cada vez más.
Para colmo, a ciertos círculos del establishment argentino les gusta cínicamente deslizar que se trata de una “deuda paraguaya”, afirmación falsa que a menudo se ve reflejada en la prensa del vecino país. Nada más alejado de la verdad.
En primer lugar, la deudora es la Entidad Binacional Yacyretá, no el Paraguay, que, a diferencia de su socia, ha cumplido cabalmente con sus pagos por la contratación de la poca potencia que ha utilizado de la central a lo largo de los años.
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En segundo lugar, y más importante aún, Yacyretá, al igual que Itaipú y como cualquier emprendimiento económico, fue concebida para autofinanciarse, es decir, que la deuda se tenía que amortizar con la tarifa que pagaran por el retiro de energía tanto la empresa eléctrica argentina, actualmente CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA), como la ANDE.
En 31 años desde que comenzó a producir la primera turbina, Argentina ha consumido el 91,6% de toda la energía generada por Yacyretá, y Paraguay solamente el 8,4%. Por lo tanto, cualquier deuda pendiente de la EBY es en más del 90% responsabilidad de Argentina, que, o directamente no ha pagado por la energía que ha retirado, o ha pagado montos muy inferiores al costo, en abierta violación del Tratado.
Además, la acumulación excesiva de costos financieros en Yacyretá se debe también al desmedido atraso de las obras, algo igualmente atribuible a la Argentina, que no cumplió en tiempo y forma con los compromisos asumidos. De acuerdo con el cronograma, la primera unidad generadora debía entrar en servicio el 24 de marzo de 1981, pero lo hizo trece años después, en octubre de 1994. Esto privó a la EBY de ingresos genuinos por más de una década y afectó profunda y estructuralmente su esquema de factibilidad.
Paraguay, en cambio, no solamente ha utilizado una porción mínima de la generación, sino que, al igual que en Itaipú, ha recibido una “compensación” arbitraria e ínfima por la cesión de todos sus excedentes a Argentina, abonados con largos y permanentes retrasos. Más allá de algunas obras en la zona de influencia (que también se hicieron del lado argentino), más ciertos aportes discrecionales y altos sueldos para amigos del poder, Paraguay prácticamente no ha obtenido beneficios del proyecto binacional.
Hoy Yacyretá es un descalabro económico-financiero y no por culpa del Paraguay. Para decirlo en las palabras que utilizó el jefe financiero paraguayo, Federico Vergara, atraviesa una “crisis catastrófica”. La única razón por la que todavía puede funcionar es que ambos gobiernos decidieron ponerse una venda en los ojos, ignorar olímpicamente el Tratado y fijar una tarifa que le permita por lo menos cubrir el pago de salarios y los costos básicos, pero no la amortización de la deuda. Aun así, esta tarifa (28 dólares el megavatio/hora) es mayor que la ya inflada tarifa de Itaipú. Si la misma contemplara el pago de la deuda, como exige el Tratado, elevaría el precio a niveles inviables.
Pero hacer la vista gorda no va a resolver el problema. Para empezar a solucionarlo, el primer paso es sincerar y cuantificar el pasivo. Se dice que la deuda pendiente es de más de 20.000 millones de dólares, pero solo alrededor de 4.000 millones están debidamente documentados.
Hubo un intento entre los gobiernos de Horacio Cartes y Mauricio Macri, cuando se llegó a fijar un monto precisamente de 4.000 millones de dólares, pero el acuerdo no llegó ni a estar cerca de su ratificación, en parte porque, de manera indignante y capciosa, se publicitó como una “condonación al Paraguay”.
Es cierto que el principal acreedor es el Tesoro argentino, que fue el que otorgó o garantizó la mayor parte de los préstamos, pero si a alguien hay que condonar en Yacyretá es a la propia Argentina. En 52 años Paraguay puso el 50% del recurso natural, que es el potencial energético del río, a lo que se agrega más del 80% del territorio inundado, algo por lo cual jamás fue compensado, utilizó menos del 9% de la energía generada, no recibió un precio justo por sus excedentes y encima lo tratan de deudor moroso. Pésimo negocio.