Santiago Peña, quien había pasado de ministro de Hacienda a miembro del directorio de Banco Basa, todavía en enero de 2024 –ya en ejercicio del Poder Ejecutivo– seguía asegurando que no tenía vinculaciones comerciales de ninguna clase con ningún grupo económico. Sin embargo, en abril de ese mismo año, tras quedar expuesto por publicaciones en la prensa, se deshizo nominalmente de acciones por 6.144 millones de guaraníes (casi un millón de dólares) en Ueno Holding Saeca, filial del Grupo Vázquez SAE y de U Paraguay SA, dueños de Ueno Bank.
Toda vez que pueda demostrar el origen del dinero (¿puede?), que el presidente haya sido socio de una corporación no es ningún delito ni tendría por qué llamar demasiado la atención, si no fuera por el hecho de que, durante los pocos más de dos años que lleva Peña en el poder, Ueno Bank ha sido con mucha diferencia la entidad financiera con mayor crecimiento en captaciones de fondos públicos y del IPS, pasando de una participación muy marginal a ocupar los primeros lugares del ranking, en tanto a que otras empresas del mismo grupo se han convertido en importantes contratistas del Estado.
De acuerdo con las últimas cifras disponibles, Ueno Bank, surgido de la adquisición de Financiera El Comercio y la posterior absorción de Banco Visión, de prácticamente no figurar, en solo dos años escaló al segundo lugar entre las entidades con mayores depósitos del sector público, con 653 millones de dólares a septiembre de 2025, solo por detrás del Banco Nacional de Fomento.
En cuanto a depósitos del IPS, de tener 70.000 millones de guaraníes en septiembre de 2023 pasó a acumular el equivalente de 2 billones 194.000 millones de guaraníes en mayo de 2025, una disparada de 3.000% en menos de dos años, coincidentes con el mandato de Santiago Peña.
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Aunque llamativo, tampoco esto es irregular en sí mismo. Si una empresa bancaria consigue ser más competitiva que las demás, bien por ella, siempre que se cumplan las reglas supuestamente estrictas que regulan el sistema financiero, y es aquí donde radica el problema.
Se ha conocido una sucesión de medidas de riesgosa relajación de las normas en beneficio de Ueno Bank. Por ejemplo, le permitieron diferir a 20 años un altísimo pasivo resultante de su operación con Visión Banco sin exigirle previsiones, enmascarándolo como una inversión, algo sin precedentes y contrapuesto a normas de prudencia internacionalmente aceptadas. Igualmente, se le permitió compensar su escaso margen financiero, uno de los más bajos de plaza, con una ambigua cuenta de “otras ganancias” en el balance.
Asimismo, Ueno Bank tiene por lejos la mayor cartera incobrable del mercado, con el 14% en categoría 6, que es muchísimo, seguido muy atrás por el BNF con el 2,95%. Sin embargo, la Superintendencia de Bancos parece hacer la vista gorda. Que se sepa, no ha tomado acciones al respecto ni ha obligado a los accionistas a hacer nuevos aportes de capital.
En este contexto, no se puede desconocer que el titular del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo Spalding, al momento de ser nombrado por Peña, era nada menos que presidente de la entonces financiera Ueno, en proceso de convertirse en banco, algo que en la jerga se conoce como “práctica de puertas giratorias” y que constituye un vidrioso conflicto de intereses. Máxime cuando, en esa época, Santiago Peña todavía estaba ligado formalmente al Grupo Vázquez.
También el Consejo de Administración del IPS, presidido por Jorge Brítez, fue suavizando sistemáticamente sus parámetros de colocaciones para abrirle las puertas a Ueno Bank. La primera modificación fue en noviembre de 2023 al reducir de 70 a 60 el puntaje mínimo requerido, lo que solo se supo un año después por una investigación periodística. Otra fue la eliminación de los topes conforme al patrimonio neto y al límite de exposición de cada entidad. Se introdujeron al menos 25 cambios para hacer más laxo el reglamento, a la medida del banco amigo.
Todo esto tendrá que ser cuidadosamente revisado por la flamante superintendenta de Jubilaciones y Pensiones, Griselda Figueredo, que acaba de ser nombrada y entra en funciones el 1 de enero. Es de esperar que tenga las agallas.
Entretanto, el pedido de informes de la Cámara de Diputados es oportuno y necesario. En el Paraguay ya hemos tenido muy malas experiencias, justamente con el IPS como una de las principales víctimas. Los más altos exponentes del BCP, del propio IPS y del Gobierno no solo deben dar explicaciones detalladas, sino hacerse personalmente responsables del dinero de la ciudadanía y de los aportes de trabajadores y empleadores.