El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, sorprendió con declaraciones públicas inusitadamente fuertes contra su compañera de gabinete Claudia Centurión, ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, a quien acusó de “pésima gestión” y responsabilizó por las altas deudas vencidas a contratistas de construcción. Pero por mucho que se pasen la pelota y se culpen unos a otros, tal parece que la pésima gestión es compartida y el máximo responsable de ello, de acuerdo con la Constitución Nacional, es quien ejerce unipersonalmente el Poder Ejecutivo y la administración del Estado: Santiago Peña Palacios.
Es cierto que el desempeño de Claudia Centurión viene siendo cuestionado desde hace tiempo, pero las explicaciones de Fernández Valdovinos para esquivar el bulto distan de ser mínimamente convincentes.
Lo que dijo fue que el problema de los atrasos en el pago a contratistas “se debe” a un “error de priorización” de la ministra Centurión, quien, según indicó, solicitó el desembolso de fondos locales en vez de utilizar una partida de 28 millones de dólares de fondos externos que estaban disponibles y listos para ser liquidados.
Calificó la situación de “inaceptable” y la atribuyó a una “pésima gestión”. “No puede ser que tengamos recursos disponibles de fondos externos, que tienen un costo, y el MOPC me mande a pagar con fondos locales. Eso no se hace”, señaló.
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Sin embargo, 28 millones de dólares representan menos del 10% de lo que reclaman solamente los contratistas de obras, que afirman tener certificados impagos por 300 millones de dólares. Si a eso se le suman 600 millones de dólares, más intereses, que requiere el sector farmacéutico, más 300 millones de dólares de atrasos por medicamentos e insumos del fondo de salud del Instituto de Previsión Social, más todos los vencimientos que afirman tener los demás sectores, la cifra mencionada por el ministro se vuelve prácticamente insignificante y sus pomposas declaraciones quedan como poco más que una cortina de humo.
El hecho es que, tras dos años de “gestión”, los atrasos a proveedores y contratistas del Estado, algo por lo que Fernández Valdovinos había criticado duramente al Gobierno anterior, no están igual, sino peor que antes, con el agravante de que Santiago Peña tomó un préstamo extraordinario de 600 millones de dólares en 2023, y recalendarizó todo el cronograma de convergencia fiscal, supuestamente para ponerse al día y cortar de raíz el problema.
En aquella oportunidad, Fernández Valdovinos acusó a la administración de Mario Abdo Benítez y de su colega Óscar Llamosas de esconder deudas vencidas bajo la alfombra y deliberadamente excluir de la contabilidad pública los atrasos con contratistas y proveedores para maquillar el verdadero déficit fiscal. La misma acusación fue esgrimida en más de una ocasión por el propio Peña. Y resulta que ahora todo indica que ocurre exactamente lo mismo, pero con montos mucho mayores.
El Gobierno afirma que se cerrará 2025 con un déficit de 1,9% del PIB y que se volverá por fin al tope del 1,5% de la ley de responsabilidad fiscal en 2026. Pero esto no parece ser consistente con una deuda vencida de 900 millones de dólares, más intereses, que reclaman solamente los asociados de la Cámara Paraguaya de la Construcción y de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay, más otros 300 millones de dólares del IPS. Este monto ya equivale al 1,9% del PIB, lo mismo que el déficit fiscal reportado para todo el ejercicio. Es cierto que el Gobierno cuestiona la cifra, pero ese es, de hecho, un claro indicio de que estos pasivos no están debidamente contabilizados.
Ahora bien, ¿quién es el responsable? ¿La ministra Centurión? El artículo 226 de la Constitución Nacional establece: “El Poder Ejecutivo es ejercido por el Presidente de la República”. Obviamente, los ministros deben rendir cuentas, atenerse a la ley, demostrar eficiencia, idoneidad y resultados, pero no son parte del Poder Ejecutivo, como erróneamente se suele señalar, sino brazos ejecutores, gerentes si se quiere, del Presidente de la República. En el Paraguay, el poder administrador recae sobre una sola persona.
Santiago Peña, que exhibe en su currículum una maestría en administración pública de la Universidad de Columbia de Nueva York, no puede desconocer el principio elemental de que se pueden delegar funciones, pero no responsabilidades. El responsable es él. Su ministro de Economía, jefe de su Equipo Económico, habla de “pésima gestión” en el Gobierno. A confesión de parte, relevo de pruebas.