Un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR) confirma que el acueducto del Chaco, de 203 kilómetros de largo, es un fiasco monumental. Entre 2012 y 2022, ha insumido más de cien millones de dólares en quince contrataciones, sin provecho alguno para los pobladores, que hasta hoy se ven forzados a recurrir a tajamares. Según la “fiscalización especial inmediata” del órgano contralor, iniciada en enero de 2023 (!), se cometieron gravísimas irregularidades, como la falta de estudios de factibilidad del proyecto y de auditorías internas de su ejecución, las ampliaciones ilegales de la vigencia de los contratos, la inclusión de obras y rubros no previstos en ellos y el hecho de que no hayan sido rescindidos, pese a las sugerencias de una consultoría fiscalizadora que costó 7.000 millones de guaraníes.
En 2020, siempre según el informe en cuestión, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se desprendió del fallido emprendimiento, transfiriendo su administración a la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay SA (Essap), sin que las obras estuvieran terminadas ni recibidas definitivamente. El 18 de marzo de 2025, tras realizar 318 reparaciones en la red e invertir 3.000 millones de guaraníes en nuevos equipos de bombeo, la citada empresa estatal rehabilitó parcialmente el acueducto, con una gran reducción de la presión del agua para evitar nuevas rupturas en las tuberías, lo que impide que el líquido llegue desde el río Paraguay a los centros urbanos del Chaco Central.
Tan considerables serían las ilicitudes perpetradas que la CGR hizo llegar los antecedentes al Ministerio Público, donde el agente fiscal Luis Piñánez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, está investigando la presunta comisión del delito de lesión de confianza. Por de pronto, a inicios de este mes pidió informes al MOPC, a la Essap y al Ministerio de Economía y Finanzas, cuyos respectivos contenidos aún se ignoran, suponiendo que ya fueron presentados. Por cierto, tampoco se conocen los resultados de la verificación del estado de las cañerías, dispuesta por la ministra Claudia Centurión al asumir el cargo.
Desde ya, se espera que los autores, cómplices y encubridores de la muy costosa canallada, que sigue absorbiendo fondos públicos, no queden impunes, es decir, que el reporte de la CGR tenga mejor destino que la denuncia penal hecha en vano por el Ing. Augusto Ríos Tonina, ya en 2023: el “error” de entrada habría sido desatender que el suelo por el que se extiende la obra tiene un declive ascendente de cincuenta metros. Es intolerable que desde hace más de una década se venga defraudando al erario y a la población chaqueña, sin que hasta hoy los responsables hayan rendido cuentas a la Justicia.
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El amplio informe de la CGR, que involucra a los Gobiernos de Federico Franco, Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez, afecta en particular la gestión de los exministros Enrique Salyn Buzarquis, hoy senador por el PLRA; Ramón Jiménez Gaona; Arnoldo Wiens, hoy precandidato presidencial, y Rodolfo Segovia. Si lo que ha venido ocurriendo va más allá de un partido político o de un sector del mismo es porque, según enseña la triste experiencia, la corrupción, el derroche y la ineficiencia no distinguen colores.
El afán de lucro y los golpes de efectos propagandísticos suelen combinarse para pulverizar el dinero público, sin que a los angurrientos de turno les disuada una sanción penal, por improbable. El esperpéntico acueducto implicó un miserable engaño a los pobladores del Chaco central y una enorme malversación en perjuicio de todo el país. Durante más de una década, las acciones y omisiones de diversas autoridades han convertido a este emprendimiento en uno de los más indignantes de nuestra historia contemporánea, rica en fechorías gubernativas. Tanto la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas como la CGR no han creído necesario intervenir a tiempo para evitar daños o impedir que aumenten; más bien, hicieron la vista gorda, al igual que el Congreso, en gran medida.
Ahora solo resta esperar que el Ministerio Público y la judicatura pongan las cosas en su debido lugar, aunque más no sea para hacer efectivas las responsabilidades penales que correspondan. Lamentablemente, sería quizá ilusorio confiar en que, algún día, se repare el cuantioso daño económico causado. Esa vista gorda y la falta de sanción a los responsables son una invitación para seguir delinquiendo en perjuicio del Estado, o de los contribuyentes.