Carlos Pereira, quien es miembro del Consejo de Administración del IPS en representación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, es decir, uno de los tres que responde directamente al Gobierno (aunque los seis son nombrados por el Poder Ejecutivo), aseguró que las colocaciones se adecuan a los parámetros de solvencia y riesgo establecidos, los cuales, según afirmó, ahora son más estrictos que antes.
Mencionó que ya en 2015 se redujo del 75% al 65% el puntaje mínimo que debían alcanzar bancos y financieras para ser elegibles como captadores de fondos del IPS, con el fin de ampliar la participación en las licitaciones. Pero omitió decir que en noviembre de 2023, apenas asumió Santiago Peña, subrepticiamente se volvió a reducir el umbral al 60% con el único aparente objetivo de abrirle las puertas a Ueno Bank, que en ese momento estaba concluyendo su integración como banco y, por ende, no llegaba a los parámetros exigidos.
Pereira señala que los requisitos son más severos ahora que antes, pero ello no se condice con la realidad. Durante este Gobierno se introdujeron al menos 25 modificaciones al reglamento de inversiones del IPS para hacerlo más laxo. Por ejemplo, se eliminaron los topes conforme al patrimonio neto y al límite de exposición de cada entidad, a la medida del “banco amigo”.
Curiosamente, Pereira señaló que con la promulgación de la ley de Superintendencia de Pensiones “se introdujeron nuevas parametrizaciones y límites”, entre ellos que ninguna institución financiera pueda recibir más del 10% del portafolio total administrado por el IPS, además del tope del 20% del pasivo exigible de cada entidad.
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Si lo anterior es así, esas disposiciones no se están cumpliendo en el caso de Ueno Bank. A mayo de 2025 (último dato confirmado; actualmente es más), este banco tenía depósitos del IPS por el equivalente a 2,2 billones de guaraníes, que al cambio de hoy son unos 340 millones de dólares, muy por encima del 10% del portafolio total del ente, que es de alrededor de 2.500 millones de dólares.
Igualmente, esos 340 millones de dólares del IPS depositados en Ueno Bank exceden largamente el 20% de los pasivos exigibles de la entidad, que a junio de 2025 tenía una cartera bruta de 1.281 millones de dólares, según lo reportó a la consultora Standard & Poor’s, que le otorgó una calificación BB, rango especulativo.
Más importante aún, el monto casi triplica su patrimonio neto, que a septiembre de 2025 era de aproximadamente 811.000 millones de guaraníes, unos 125 millones de dólares. Pereira dijo que, “aunque no esté expresado en procedimientos escritos, el patrimonio efectivo forma parte natural del análisis de riesgo que realiza la Dirección de Inversiones del IPS”. No lo parece.
Cuando se inició este Gobierno, Ueno Bank tenía una participación muy marginal en las colocaciones de IPS y hoy ocupa los primeros lugares, con un crecimiento de más de 3.000% en dos años, pero Pereira sostiene que no ha habido ningún tipo de favoritismo.
Llamativamente, adujo que la entidad “fue sometida durante cinco años a un proceso de vigilancia localizada por parte del Banco Central del Paraguay, en línea con estándares internacionales de Basilea, lo que implica un escrutinio profundo de sus indicadores financieros”, pero Ueno Bank no tiene cinco años de existencia. La Financiera Ueno nació hace cuatro años, el 20 de diciembre de 2021, y se convirtió en banco el 20 de diciembre de 2023, hace dos.
Últimamente han surgido graves sospechas justamente sobre el “escrutinio profundo de los indicadores financieros” de Ueno Bank por parte del Banco Central del Paraguay, cuyo presidente, Carlos Carvallo, era a su vez presidente de esa entidad cuando asumió su cargo en septiembre de 2023. En ese entonces Santiago Peña, quien lo nombró, todavía era socio comercial del Grupo Vázquez, al que Ueno Bank pertenece.
Según el diputado colorado Mauricio Espínola, quien tramita un pedido de informes en la Cámara respectiva, el Banco Central del Paraguay habría apañado presuntas maniobras contables de Ueno Bank para encubrir préstamos vinculados a empresas de su mismo grupo corporativo por encima de los límites establecidos en la Ley 5787/16 y en la Resolución 3/17 del propio BCP. De confirmarse, ello significaría que el Grupo Vázquez está utilizando dinero de los ahorristas de su banco, en especial del IPS y del sector público, para autofinanciarse, lo cual constituye una de las prácticas más riesgosas del negocio financiero. En el pasado ello provocó graves crisis en el Paraguay, que al IPS le costaron pérdidas de 900 millones de dólares, de acuerdo con una estimación realizada durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.
El 1 de enero de 2026 asume sus funciones la flamante superintendenta de Jubilaciones y Pensiones, Griselda Figueredo, abogada de larga carrera como funcionaria en el área de supervisiones del BCP. Solamente si demuestra tener el coraje necesario ante quien sea, caiga quien caiga, se le podrá llevar cierta tranquilidad a los jubilados, a los aportantes y a la ciudadanía. El Consejo de Administración del IPS no goza de ninguna credibilidad para ello.