Nuestro país está cediendo terreno a la drogadicción

El director del Hospital General de Itapúa, Juan María Martínez, llamó la atención acerca del aumento del consumo de fentanilo, cocaína y sus derivados, sobre todo entre los jóvenes de la capital del departamento. La aparición del fentanilo debe ser motivo de enorme preocupación, ya que se lo considera cincuenta veces más potente que la heroína y unas 80 a 100 veces más que la morfina, y ocasiona una alta mortandad entre sus consumidores. El Paraguay ya no sufre el narcotráfico solamente por la droga que se envía desde nuestro país y se decomisan en otras naciones, sino que hoy es la propia población la que está inundada de diferentes productos nocivos que permean todas las esferas y estratos sociales, según revelan los medios de prensa todos los días. Entre los primeros pasos para enfrentar el problema deben figurar el combate a la corruptela y la ineptitud.

El director del Hospital General de Itapúa, Juan María Martínez, llamó la atención acerca del aumento del consumo de fentanilo, cocaína y sus derivados, sobre todo entre los jóvenes de la capital del departamento. La aparición del fentanilo debe ser motivo de enorme preocupación, ya que se lo considera cincuenta veces más potente que la heroína y unas 80 a 100 veces más que la morfina, y ocasiona una alta mortandad entre sus consumidores. En la mayoría de unos 300 test toxicológicos se habría detectado en ellos una o más drogas: los casos de sobredosis tendrían que ver con el crack (“chespi”), un residuo barato y muy adictivo de la cocaína. Algo similar ocurriría en muchas otras zonas de nuestro país, según las denuncias que tienen estado público.

Hace unos días, en Capiatá, un padre ató a su hijo adolescente a un árbol antes de entregarlo a agentes policiales, por haber hurtado puertas, focos y cables de su casa deshabitada: quería comprar drogas, tras haberse fugado de un centro de tratamiento. En los últimos tiempos surgió la novedosa práctica de acudir a moteles para consumir el crack calentado mediante virulanas (!), con lo que se inhalarían además metales dañinos para los pulmones. Hace unos días, un hombre habría muerto en Ciudad del Este por una sobredosis resultante.

En fin, el Paraguay ya no sufre el narcotráfico solamente por la droga que se envía desde nuestro país y se decomisan en otras naciones, sino que hoy es la propia población la que está inundada de diferentes productos nocivos que permean todas las esferas y estratos sociales. Mencionamos algunos títulos que han aparecido de un tiempo a esta parte en la prensa nacional al respecto: “Capturan a toda una familia en la esquina de los chespis en Sajonia”; “Casa abandonada: foco de contaminación y ‘aguantadero de chespis’, denuncian vecinos” (del barrio Santa Rosa de Asunción), “Vecinos del barrio Tacumbú están cansados de los ‘chespis’”, “Adictos tienen tomada toda una compañía en Itá”, “Denuncian ‘nido de chespis’ en el barrio Molino de Luque”, “Feriantes denuncian presencia de ‘chespis’ en espacio destinado al comercio en Encarnación”, son apenas algunos de los numerosos y alarmantes casos denunciados.

En noviembre último, el viceministro de Seguridad Interna, Óscar Pereira; el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, y el jefe de su Departamento de Crimen Organizado, Luis López, revelaron que el número de drogadictos en Asunción y en el Departamento Central asciende a unos 90.000. La urgencia por obtener una nueva dosis llevaría a los consumidores a sustraer incluso bienes de escaso valor (“robos bagatelarios”), de modo que el microtráfico sería el principal motor de la delincuencia común. Como debido al síndrome de abstinencia, los detenidos en las comisarías se darían golpes y hasta se suicidarían en el calabozo, ya no están siendo recluidos en dependencias policiales, sino internados en una Unidad de Salud de la Familia, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, para ser tratados en el marco del Plan Sumar, en el que intervienen veintidós entidades estatales.

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Siendo candidato presidencial, Santiago Peña dijo que su “obsesión” iba a ser “reducir el chespi en las calles, porque con más seguridad también vamos a estar mejor”. Es evidente que su “obsesión” no ha servido para que se logren buenos resultados. Las autoridades competentes atribuyen el fracaso a la falta de centros de rehabilitación –los actuales estarían saturados– y de especialistas en el tratamiento de la toxicomanía, que dura de tres a ocho meses e implica un alto costo económico en institutos privados, insostenible para las familias de bajos ingresos. La drogadicción, que afecta tanto la salud pública como a la seguridad interna, ha alcanzado incluso a decenas de agentes policiales en los últimos años; otros suelen quedarse con una tajada del microtráfico o de uno a mayor escala, lo que también explicaría el auge del fenómeno comentado. De esta manera, la probabilidad de que el mercadeo quede impune es bastante alta.

Si para reprimir el narcotráfico es necesario depurar instituciones, para prevenir la toxicomanía, es indispensable la concienciación, tarea que deben abordar la Secretaría Nacional de la Juventud y el Ministerio de Educación y Ciencias, que en 2016 había creado un “circuito de atención ante el consumo y/o presencia de drogas en instituciones educativas”, cuyos frutos no parecen haber sido considerables. Para recuperar a los adictos, habrá que ampliar en gran medida los recursos humanos y materiales disponibles para el efecto en el sistema sanitario.

Hay mucho que hacer ante la preocupante realidad. Es preciso poner manos a la obra antes de que la alarmante situación empeore aún más. Aquí están en juego nada menos que la salud pública y la seguridad interna. Aparte de infestar las instituciones, la mafia destruye vidas y familias, que el Estado tiene la obligación constitucional de proteger. Entre los primeros pasos para enfrentar el problema deben figurar el combate a la corruptela y la ineptitud.