Dos reos condenados por robo agravado huyeron durante la madrugada del lunes de la cárcel “de máxima seguridad” de Minga Guazú. Habilitada en mayo de 2024 como “Centro de Reinserción Social” por el exministro de Justicia Ángel Barchini, que calificó el hecho –cuando no– de “histórico”, puede alojar a hasta 1.300 reclusos, distribuidos en 432 celdas. Según el comisario Humberto Galeano, jefe de Prevención y Seguridad de la Policía Nacional (PN) en el Alto Paraná, los fugados cortaron los barrotes de la ventana de su celda con alicates extraídos de la talabartería donde trabajaban, usaron sábanas para bajar al patio interior, rompieron un cerco que lo separa del muro perimetral, subieron a una garita que no estaba cubierta por ningún guardia, casualmente en un lugar en que la cámara de seguridad no funcionaba, luego saltaron al exterior del penal y se encaminaron hacia una zona boscosa.
Por su parte, el director de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio de Justicia, Rubén Peña, niega que la cámara de seguridad no haya estado funcionando y afirma que las garitas del muro exterior de la prisión dependen de la PN en virtud de un convenio, algo que desmiente el comisario general Carlos Acosta, director en el Alto Paraná, pues tanto la Policía como el ministerio citado serían corresponsables de la custodia perimetral, y la garita desocupada estaría a cargo del personal penitenciario, que le habría manifestado “que no tenían recursos humanos, por eso no cubrieron”. Como ocurre en estos casos, todos “se tiran la pelota” y las responsabilidades se diluyen.
Se recuerda que en marzo de 2025, ocho reclusos se habían fugado de la misma cárcel, motivo por el que cinco agentes penitenciarios están hoy recluidos por sospecha de complicidad; la cárcel fue intervenida durante un mes, algo que por lo visto no ha conducido a reforzar las medidas de seguridad. Ahora se anuncia, como es habitual en casos como este, la apertura de un sumario administrativo, dado que se sospecha la cooperación del personal carcelario.
El viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, coincidió con lo revelado por el comisario general Carlos Acosta al repetir los dichos del personal, en el sentido de que sería insuficiente el número de guardias, que hoy ascendería a unos trescientos, en tres turnos: se requerirían ciento cincuenta más, en total. Según el viceministro, el déficit respondería a la falta de interés: “el llamado fue para trescientos cargos de agente penitenciario y la cantidad de personas que se presentaron fue de menos de cien”. No hace muchos años, los guardias penitenciarios realizaron una medida de fuerza porque incluso algunos de ellos no ganaban ni el salario mínimo. Posiblemente si se les ofrecieran pagas como las que reciben, por ejemplo, los “nepobabies” del Congreso, se presentarían muchos más candidatos para resguardar las penitenciarías.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Es muy plausible la construcción de nuevas penitenciarías, pues las condiciones de hacinamiento y precariedades en que se desenvuelven las existentes es lamentable, pero habilitar una cárcel sin contar con el plantel cuantitativa y cualitativamente necesario para la seguridad de los reclusos, e incluso para las poblaciones circundantes, es de una supina irresponsabilidad. Es como habilitar hospitales cascarones donde se producen atenciones deficientes y hasta muerte de pacientes.
La coyuntura reinante se resume en las palabras del antes citado director del Ministerio de Justicia: “Estamos por cuarto año consecutivo con emergencia penitenciaria y tenemos un funcionariado que adolece de muchos valores morales (...) a pesar de nuestros esfuerzos para capacitarlos (...), este año vamos a formar a unas ochocientas personas nuevas”.
¿Hasta cuándo continuará la emergencia penitenciaria? Para que no se extienda a un quinto año y el sistema carcelario no vuelva a caer en manos del crimen organizado, habrá que hacer mucho más, desde ya: el mayor gasto público que fuera indispensable sería holgadamente compensado por la eliminación de ingentes gastos superfluos, dentro y fuera de las instituciones del Estado.