Si regalar es renunciar a algo propio para dárselo pródigamente a otro, es exactamente lo que ha estado haciendo Paraguay con sus vecinos durante 42 años en Itaipú, desde que comenzó a producir en 1984, y durante 32 años en Yacyretá, desde que se puso en operación la primera turbina en 1994. Esta situación sigue incólume hasta el día de hoy y el Gobierno no dice una palabra al respecto.
Los emprendimientos de Itaipú y Yacyretá tienen el propósito de explotar el potencial energético del río Paraná en los tramos respectivos, un recurso natural paraguayo en un 50%. Legalmente, en ambas hidroeléctricas la mitad son paraguayas y en las dos están concebidas para autofinanciarse, lo que significa que sus tarifas por contratación de potencia, tanto por parte de la ANDE como de las empresas eléctricas de Brasil y Argentina, tienen que cubrir todos sus costos, incluidos los derivados de las deudas contraídas para la construcción de las centrales. ¿Por qué, entonces, si todos los costos están cubiertos, Paraguay tiene que ceder su parte sobrante a precio vil?
Esto nunca tuvo sentido y siempre ha sido tremendamente desfavorable para el país. Solamente en Itaipú, en 42 años Paraguay cedió al Brasil (a julio de 2025) 1.235 millones de megavatios/hora de electricidad, un volumen gigantesco, equivalente al consumo nacional de todo el año pasado multiplicado por cuarenta.
Brasil se ha quedado con esa energía paraguaya a precio de costo, más una “compensación” irrisoria de 4,4 dólares el MWh en promedio, unos 5.500 millones de dólares en total. Con solo tomar un muy modesto precio de referencia de 40 dólares el MWh (en la región el precio de mercado es de 100 dólares y más), nuestro país debió recibir por su energía cedida en Itaipú al menos 50.000 millones de dólares, no 5.500 millones.
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Con esos recursos, provenientes de la explotación de sus riquezas naturales, Paraguay tendría que ser hoy un país desarrollado. En cambio, lo que ha hecho ha sido subsidiar el desarrollo de los ricos estados del sudeste brasileño, incluido el poderoso São Paulo. Con Argentina ha pasado algo similar, si no peor en términos proporcionales.
La justificación empleada en su momento fue que Paraguay no tenía la capacidad financiera para hacerse cargo de su parte de la deuda ni para asegurar la contratación de su parte de la potencia, argumento falaz y cínico. Por un lado, la pobreza relativa de uno de los socios, dueño del recurso, no puede ser utilizada para expoliarlo. Por el otro, no son Brasil ni Argentina los que pagan las deudas, sino las propias binacionales con la energía generada. Al contrario, ambos se han beneficiado enormemente con el cobro de intereses, a menudo usurarios, de deudas groseramente infladas.
Pero, además, 53 años después de la firma de los tratados, esas excusas han dejado de existir. Los plazos de revisión de los respectivos Anexos C, que regulan las bases financieras y de prestación de servicio de las entidades, están ambos cumplidos, el de Yacyretá desde 2014 y el de Itaipú desde 2023. En el caso de esta última, la exorbitante deuda ya ha sido totalmente cancelada. ¿Por qué, entonces, sigue todo igual?
La respuesta es: porque el gobierno paraguayo lo permite. Ni atina a exigir la renegociación de los términos de los tratados, estando ya plenamente habilitado para ello, ni ejerce la soberanía que le corresponde al Paraguay sobre sus recursos. No hay nada ni legal ni moral que le impida contratar la energía que le corresponde al país y subastarla al mejor postor en su territorio, a lo sumo concediéndoles a Brasil y Argentina el derecho de igualar la oferta, pero prefiere seguir cediendo los excedentes paraguayos en detrimento del interés nacional. Lo conforman con altos sueldos y con un poco de plata dulce en forma de “fondos socioambientales” para gastar y repartir a discreción.