Poco después de haber llegado al Palacio de López, Santiago Peña impartió “instrucciones muy precisas” a la ministra de Salud Pública y Bienestar Social, María Teresa Barán, y al presidente del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, en el sentido de que los servicios sanitarios de ambos organismos sean integrados. En la ocasión, la ministra aseguró que su cartera no iba a absorber los recursos del IPS, pues solo se buscaría “trabajar en forma articulada”; empero, en junio de 2024, el exgerente de Salud y actual consejero de la entidad previsional por el citado Ministerio, Gustavo González, había revelado que ella “provee medicamentos también a no asegurados”, en virtud de un acuerdo de 2022, fundado en una resolución de su Consejo de Administración de 2021, relativo a la integración de servicios médicos, infraestructura, recursos humanos y compra de bienes, entre el IPS y el Ministerio. Es decir, este último ya estaría absorbiendo recursos de la otra parte.
El Poder Ejecutivo ha resuelto ahora acelerar la integración de los servicios sanitarios, apuntando a una “optimización estratégica de recursos”, sin que los organismos referidos se muestren dispuestos a dar explicaciones sobre el punto. Resulta pues así que los asegurados financian el sistema sanitario por partida doble, solventando a la entidad previsional con sus aportes y al Ministerio con los impuestos que pagan. Entre otras muchas cosas, los aportantes carecen de medicamentos, pero el IPS, cuya crisis financiera es crónica, debe desangrarse aún más para atenuar los efectos de la notoria ineptitud del Ministerio a cargo de María Teresa Barán. El tema es de vieja data. Valga como ejemplo que en 2017, el Hospital Regional del IPS y el Centro de Salud de Ayolas acordaron integrar sus servicios en provecho de nueve médicos que atendían en ambos sitios, con el pretexto de que el local del centro estaba “en situación de vulnerabilidad”. Todo indica que lo de “trabajar en forma articulada” apunta, en realidad, a desvestir –aún más– a un santo para vestir –un poco– a otro.
La Ley Nº 1032/96, que creó el Sistema Nacional de Salud para “distribuir de manera equitativa y justa los recursos nacionales” en dicho sector, ordena que el Comité Ejecutivo dependiente del Consejo Nacional de Salud regule el financiamiento intrasectorial público, incluyendo, entre otras cosas, el Presupuesto, los mecanismos de transferencia a los establecimientos públicos y las políticas sectoriales para recuperar costos. Aunque tales órganos existan y el financiamiento haya sido en verdad reglamentado, sería muy ingenuo confiar en que el IPS no transfiera al Ministerio sus ya escasos recursos, sin tan siquiera poder asegurarse de una futura contrapartida. Es razonable suponer que la renovada iniciativa solo servirá para que dos instituciones con terribles carencias se priven recíprocamente de recursos, sin que ello suponga que la salud pública sea mejor atendida.
La cuestión de fondo es por qué una persona no asegurada debe ser atendida por el IPS, que es solventada por los aportantes y sus patrones y no por los contribuyentes al Fisco: su Carta Orgánica no le permite. En virtud del principio de legalidad del Derecho Público, la administración solo puede hacer lo que le ha sido autorizado por ley. Más allá de lo estrictamente jurídico, es sabido que en este país una “orden superior” puede vencer obstáculos de diverso tipo, de modo que los aportantes de la entidad previsional tienen buenos motivos para inquietarse bastante: la desatención que sufren, por motivos diversos, habrá de empeorar, sin que por ello vaya a mejorar las prestaciones del Ministerio en cuestión.
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Las “instrucciones muy precisas” del presidente Santiago Peña no servirán para fortalecer la salud pública. Aparte de que “el marco legal del IPS avala el servicio único a aportantes”, como dicen los gremios de sus asegurados, “abrir las puertas al sistema general, sin haber saneado primero la atención del asegurado, es sentenciar al colapso total”. También habría que emprender un saneamiento institucional, lo mismo que en el Ministerio que María Teresa Barán dirige de la peor manera.
Se trata en suma de la vulneración de los derechos de los asegurados por parte del presidente Santiago Peña, como de hecho lo hicieron ya administraciones anteriores. Los aportantes, que mantienen una enorme y costosa maquinaria de prebendas y corrupción, al menos no deberían sufrir un despojo institucionalizado, como viene ocurriendo.