En una entrevista concedida el 23 de octubre de 2018 a Radio Monumental y reproducida por el diario Última Hora, Ramón Jiménez Gaona, exministro de Obras Públicas y Comunicaciones del Gobierno de Horacio Cartes, reconoció su responsabilidad en el fracaso del proyecto Metrobús, al señalar lo siguiente: “Acá hay culpas compartidas de quienes han diseñado el proyecto, los frentistas y los que ADMINISTRAMOS el proyecto” (las mayúsculas son nuestras). Más claro, agua. En el editorial que reproducimos abajo, por considerarlo de interés y actualidad, recordamos también que en setiembre de 2019 el exministro había admitido en otra entrevista que su error fue haber ordenado el inicio de las obras sin haberse liberado previamente la franja de dominio. Por eso, llama poderosamente la atención que, repentinamente, los fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti imputen al extitular del MOPC y precandidato presidencial opuesto al cartismo, Arnoldo Wiens, mientras piden el sobreseimiento para Jiménez Gaona. Aquello de “a confesión de parte…” no rige para los aparentemente obedientes fiscales. A continuación, nuestro editorial que puede considerarse casi premonitorio, del 23 de diciembre de 2023.
Gobierno actual intenta salvar a auténticos responsables de la estafa del metrobús
El presidente de la República, Santiago Peña, culpó a su antecesor Mario Abdo Benítez del laudo arbitral que condenó al Paraguay al pago de casi 17 millones de dólares a la firma portuguesa Mota-Engil, encargada de realizar las obras del fracasado metrobús: la rescisión del contrato en vías de ejecución habría respondido a un mero “revanchismo político” del Gobierno anterior. Sea verídica o no dicha aseveración del Jefe de Estado, el proyecto en sí venía fallado desde el principio, y si bien muchos Gobiernos pasaron desde el inicio, el que lo ejecutó a tambor batiente, desoyendo numerosas advertencias sobre la viabilidad del emprendimiento, fue el de Horacio Cartes, teniendo como ministro de Obras Públicas a Ramón Jiménez Gaona. Y uno de los aspectos más cuestionables de esta malhadada historia es haber resuelto que el metrobús se moviera a base de gasoíl, descartando la abundante disponibilidad de electricidad de la que se vanagloria nuestro país.
El infausto proyecto fue impulsado con la complicidad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pese a múltiples advertencias: ya a fines de 2011, este diario había publicado un editorial bajo el título “Mejor no hacer nada que hacerlo mal”. Y bien, todo se hizo mal, empezando por la mencionada decisión de que el metrobús funcione a gasoíl y no sobre vías electrificadas. Fue bajo el Gobierno de Cartes y bajo la batuta de Jiménez Gaona, que se firmó el contrato por 300.417 millones de guaraníes, en marzo de 2016, y las tareas empezaron en enero del año siguiente, sin la desafectación de las franjas de dominio, ni el permiso municipal asunceno. Pretendieron que el fiasco terminara costando a los contribuyentes 403.900 millones de guaraníes, tras una adenda, que no habrían servido para otra cosa que para enriquecer a algunos, tal como lo había temido nuestro editorial “En marcha el negociado del siglo”, de julio de 2015.
Pero ahora resulta que Santiago Peña tiene el desparpajo de pretender eximir de responsabilidades a su jefe político Horacio Cartes y al extitular del MOPC Ramón Jiménez Gaona, trasladándolas a su antecesor. ¿Acaso no recuerda que en septiembre de 2019, el propio Jiménez Gaona admitió que no debió haber ordenado el inicio de los trabajos sin haberse liberado la franja de dominio? Los gravísimos perjuicios causados al erario y a centenares de frentistas, así como las penurias sufridas por usuarios del transporte público, se generaron en su mayor parte en el periodo presidencial 2013-2018: ya en mayo de 2018, el ingeniero Hermann Pankow presentó una denuncia penal en nombre de los frentistas, razón por la que están procesados por lesión de confianza el exministro referido, la exviceministra de Finanzas Marta Benítez y el gerente del proyecto, Guillermo Alcaraz.
A esta investigación fiscal se agregó un informe de la Contraloría General de la República, de 2022, que contiene 77 observaciones, 17 de las cuales sirvieron de base para la imputación fiscal, en la que se apunta que el daño a las arcas estatales llegó a 29 millones de dólares. Entre las observaciones hechas figuran un sobrecosto del 34%, pagos por trabajos no realizados y por otros adicionales sin intervención de la firma fiscalizadora, la falta de aplicación de multas a la empresa Mota-Engil y la ausencia de acuerdos con las Municipalidades de Asunción, Fernando de la Mora y San Lorenzo. En suma, el engendro había privado al país de beneficios económicos por valor de 85 millones de dólares, en tanto que la empresa constructora cobró un total de 32 millones de dólares, sin que se hubiera ejecutado ni la mitad del malhadado plan.
Hablar de “revanchismo político”, a la luz de estos antecedentes, implica un desesperado intento por distorsionar el campo de la realidad, motivado por el afán de blanquear a Horacio Cartes y a Ramón Jiménez Gaona, presuntos principales responsables de los tremendos daños causados por haber emprendido, a toda costa, una iniciativa chapucera a la que el primero se había opuesto siendo candidato presidencial. Antes de asumir el cargo, el BID le emplazó al Gobierno de Cartes por 180 días para presentar un proyecto alternativo al estudiado bajo los de Fernando Lugo y de Federico Franco, pero no lo hizo: prefirió seguir adelante, por razones que él sabrá. Y ahora ocurre que el nuevo Jefe de Estado le lava las manos, quizá para demostrarle su lealtad inquebrantable, aunque ello suponga posiblemente faltar a la verdad.
En este hediondo asunto se hizo todo mal, desde un principio. En un editorial de diciembre de 2013, sostuvimos que el proyecto del metrobús iba a ser “otro elefante blanco que arrojará a un barril sin fondo multimillonarios recursos” y que estaba lleno de imprecisiones, que causarían una catástrofe urbanística y una gran frustración ciudadana. Lamentamos profundamente no habernos equivocado, así como lamentaríamos mañana que quienes parecen ser los verdaderos culpables escapen al rigor del Código Penal.