La Justicia paraguaya, en su manejo del caso Metrobús, ofreció en las últimas semanas un espectáculo que parece sacado de un restaurante con un “menú a la carta” donde, dependiendo del comensal, el mismo plato principal cambia radicalmente de sabor, y tal vez de precio.
Mientras un exministro de Obras Públicas recibe un pedido de sobreseimiento definitivo por parte de la fiscalía, otro es imputado por hechos que, en teoría, forman parte del mismo expediente fallido. La comparación entre el intento de desvinculación de Ramón Jiménez Gaona y el procesamiento de Arnoldo Wiens desnuda, una vez más, las sospechas de selectividad, influencias políticas y doble vara que carcomen la credibilidad del sistema judicial y socaban el Estado de derecho.
Haciendo memoria de los hechos recientes, el Ministerio Público –se supone que tras revisar documentación extensa, incluyendo arbitrajes internacionales y pericias– solicitó el sobreseimiento definitivo para Jiménez Gaona, exministro en la era de Horacio Cartes, argumentando que no existió perjuicio patrimonial durante su gestión.
El equipo fiscal conformado por Giovanni Grisetti, Nathalia Silva y Yeimy Adle argumentó en su pedido, que la obra avanzó aproximadamente un 40%, fue entregada en funcionamiento y validada por fiscalizadores externos y el BID. Aludió además que no existió pago sin obra y que no hubo malversación demostrable. (Última Hora – 16/02/2026). De esta forma, el exministro cartista parecía encaminarse a quedar fuera del proceso sin mayores sobresaltos y hasta con honores.
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En cambio, su sucesor en el cargo, Arnoldo Wiens (exministro de la administración de Mario Abdo Benítez), no corrió con la misma suerte, sino que fue imputado por lesión de confianza y daño a obras o medios técnicos, bajo la tesis de que al rescindir el contrato con Mota-Engil habría causado un perjuicio millonario al Estado.
La Fiscalía sostuvo que el daño se consumó en su período, ignorando, según críticos, que Wiens heredó un proyecto ya en crisis, con la contratista suspendiendo trabajos por falta de accesos y problemas previos no resueltos.
Este contraste genera más que sospechas, alimenta la percepción ciudadana de que la Justicia opera como un instrumento político selectivo. Cuando conviene proteger a ciertos sectores, vinculados al poder económico o político dominante, las pruebas se diluyen y los sobreseimientos aparecen veloces. Cuando se busca golpear a otros, quizá por conveniencias electorales o venganzas cruzadas, las imputaciones surgen aunque el escrito fiscal sea devuelto por insuficiente.
Este patrón no es aislado. El ejemplo claro es el caso de Kattya González, exsenadora del Partido Encuentro Nacional que en febrero de 2024, con solo 23 votos y mediante una maniobra impulsada por el cartismo y aliados, fue destituida del Senado por supuesto uso indebido de influencias, pese a cuestionamientos sobre la legalidad de las pruebas y el atropello al reglamento parlamentario.
Sin embargo, la acción de inconstitucionalidad planteada por su arbitraria expulsión sigue durmiendo en los cajones de ministros de la Corte Suprema de Justicia hace ya dos años.
Otros ejemplos recientes refuerzan la percepción de selectividad. En casos de corrupción o irregularidades durante la pandemia, varios procesados por sobrefacturación en compras de insumos (como tapabocas) recibieron sobreseimientos, argumentando falta de pruebas contundentes o ausencia de perjuicio demostrado. Sin embargo, figuras opositoras o disidentes del oficialismo enfrentan imputaciones que se mantienen vivas pese a debilidades similares en la acusación.
En el ámbito político el blindaje a aliados de Honor Colorado es notorio. Parlamentarios procesados por lavado de dinero, desvío de fondos o planillerismo gozan de impunidad práctica, con investigaciones que se dilatan o archivan, mientras el propio Cartes ve cómo son desestimadas denuncias en su contra sin siquiera ser investigadas.
Por el contrario, exfuncionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez, incluido el propio expresidente, fueron imputados entre el 2024 y 2025 por hechos como el supuesto espionaje ilegal o irregularidades en Itaipú, con acusaciones que se presentan con gran ruido mediático y político, aunque luego enfrentan rechazos técnicos o dilaciones. La narrativa de “persecución política” se activa selectivamente: cuando conviene a un sector, se denuncia selectividad; cuando beneficia al otro, se celebra como “avance de la justicia”.
La senadora colorada Lilian Samaniego expresó con claridad: que estas decisiones generan desconfianza y exigen transparencia total con documentación a la vista, refiriéndose al caso de fallido Metrobús. Pero más allá de las palabras, los hechos hablan solos. La ciudadanía paraguaya ya no se sorprende, solo se cansa.
Un sistema donde la toga parece ajustarse al color político del momento no es justicia; es un menú privilegiado donde unos comen gratis y otros pagan la cuenta completa. Y cuando la justicia se sirve a la carta, el único plato que queda para la sociedad es la frustración.