Ante el corte de energía eléctrica, que en la tarde del miércoles afectó al 90% del país, en el hospital de Capiatá, a veintitrés kilómetros de la capital, hubo que realizar una operación cesárea de urgencia a la luz de teléfonos móviles, pues la batería del generador a gasolina no resistió la sobrecarga causada por el intenso calor. El Hospital General de San Lorenzo, donde los pacientes deben madrugar para que se les asigne un turno de atención, carece de medicamentos y de suficientes médicos en el área de urgencias. En Villarrica, los pacientes de urgencias del Hospital Regional deben acudir a centros privados y pagar hasta 200.000 guaraníes por las ecografías, debido a que los fines de semana faltan profesionales que realicen los estudios.
Como tantos otros, los hechos referidos hablan de la precariedad del sistema sanitario a cargo del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, tras largos años de abandono. Como es notorio, tampoco el actual Gobierno le presta la atención debida: las inauguraciones propagandísticas de obras inconclusas no pueden ocultar la penosa realidad denunciada una y otra vez por sus múltiples víctimas, es decir, los enfermos que no pueden costear una atención privada.
Lo mismo acontece en el Instituto de Previsión Social, en cuyos nosocomios acaecen “muertes evitables” porque algún aparato está fuera de servicio, mientras se compran, entre otras cosas, sábanas con sobreprecios, mediante licitaciones aparentemente amañadas. La negligencia llega allí al colmo de que un hematólogo del Hospital Central, atacado por un aneurisma, debió recurrir a un sanatorio privado porque el equipo de su propio empleador estaba averiado. Para peor, el Sindicato Nacional de Médicos informó que en los últimos meses renunciaron decenas de especialistas en varios hospitales de la entidad previsional, debido a los bajos salarios y a las malas condiciones laborales, según sostienen. Allí se tapa un agujero abriendo otro: en el Alto Paraná se retiraron varios equipos valiosos para llevarlos al Hospital Ingavi, en Fernando de la Mora, impidiendo así que los facultativos locales hagan estudios de sus pacientes.
Desde luego, la responsabilidad “política” corresponde a la máxima autoridad del organismo en cuestión, pero también es necesario que el personal denuncie las dificultades para atender a la gente, tal como es debido: el funcionario no debería temer disgustar a los responsables de la institución con “malas noticias” que les despierten del grato sueño de que “estamos mejor”. Más allá de la honestidad intelectual, también la autocrítica es necesaria para gobernar bien. En tal sentido, es llamativa la franqueza que exhibió el vicepresidente Pedro Alliana al afirmar, según publicaciones, que si él fuera el jefe de Estado, renovaría la mitad del gabinete.
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No es denigrante reconocer errores y deficiencias; al contrario, debería ser el primer paso para avanzar hacia un país mejor, pues la autocomplacencia de los gobernantes, que es engañosa, solo contribuye a que los problemas se perpetúen. En ese sentido, la salud pública no está mejor, y las autoridades deberían ser las primeras en convencerse de ello, para, a partir de allí, buscar las soluciones que se necesitan.