Todo esto se mantuvo convenientemente oculto. Solo se sabe por filtraciones a través de la prensa a raíz del meteórico, y hasta ahora inexplicado, ascenso patrimonial del entonces director jurídico del ente, José “José’i” González Maldonado, cuyos bienes declarados se incrementaron 215% en quince meses y a quien se lo ha identificado en redes sociales haciendo ostentación de muy buen vivir. González Maldonado se vio forzado a renunciar, pero hay derecho a suponer que no es el único que pasó a “estar mejor”.
González y su colega Jorgelina Gómez, jefa de Dictámenes y Contratos, son quienes remitieron los informes jurídicos para los millonarios pagos, pero la aprobación final vía resolución recayó sobre el Consejo de Administración, presidido por Jorge Brítez y conformado por Gustavo González Maffiodo por el Ministerio de Salud, Carlos Pereira por el Ministerio de Trabajo, José Jara Rojas, Víctor Insfrán Dietrich y José Emilio Argaña Contreras, en “representación” de los jubilados, trabajadores y empleadores, respectivamente. Todos ellos gozan de altos salarios y múltiples privilegios. Este año Pereira y Argaña pusieron sus “cargos a disposición”. El primero fue reemplazado por Bettina Albertini y el segundo continúa en su puesto, de acuerdo con el portal oficial del ente.
Desde septiembre de 2023 hasta el cierre de 2025, el IPS utilizó 177.657 millones de guaraníes bajo el “rubro 915”, dedicado a “gastos judiciales”, para llegar a acuerdos con proveedores sin ninguna transparencia y con fundadas sospechas de arreglos bajo la mesa y jugosos “incentivos”.
Uno de los hechos muy llamativos tiene que ver con el monto desmedido. En los ocho años anteriores, desde 2015 hasta agosto de 2023, el total de ejecución del mismo rubro fue de 109.729 millones de guaraníes, un promedio de 2 millones de dólares por año. Repentinamente, pasó a 1 millón de dólares ¡por mes! desde que se hizo cargo la actual administración.
Otro hecho que llama poderosamente la atención es que muchas de estas operaciones se hicieron en contra de advertencias expresas del Ministerio de Economía. Ya en diciembre de 2023 el MEF alertó al IPS que no se podían realizar pagos no previstos en el Presupuesto y fuera de la vigencia de un contrato, y que “en lo sucesivo (2023) no deberán realizarse contrataciones de bienes y servicios sin que la entidad cuente con disponibilidad presupuestaria y financiera y sin contar con un contrato vigente, so pena de incurrir en las infracciones previstas en los artículos 82 y 83 de la Ley 1535/99, de Administración Financiera del Estado”.
Pese a ello, el Consejo de Administración del IPS autorizó pagos al margen del presupuesto y con contratos vencidos, en forma de “acuerdos extrajudiciales”, utilizando el rubro 915, eludiendo normas y principios administrativos.
Otro elemento de sospecha guarda relación con algunos casos concretos que se conocieron. Por ejemplo, el 8 de octubre de 2024, por resolución del Consejo de Administración 081-007/2024, firmada por Jorge Brítez, Gustavo González y José E. Argaña, se aprobó la homologación de un acuerdo extrajudicial con la empresa Wels SA por 4.779 millones de guaraníes por servicios prestados fuera de contrato entre abril y agosto de ese mismo año. Esta empresa estuvo vinculada comercialmente con Manuel Peña, hermano del Presidente de la República, y todo el proceso se finiquitó en el tiempo récord de dos meses.
Un caso similar fue el de la resolución 042-009/2025, por la que se aprobó el acuerdo extrajudicial con el Consorcio Central (Mariela Molas) por 10.726 millones de guaraníes a través del rubro 915, por servicios prestados fuera de contrato entre julio y noviembre de 2024. Y así, sucesivamente, de manera sistemática, para pagar altos montos con rápidos acuerdos entre partes, mientras en el IPS hay deudas vencidas mucho más prioritarias que no se cancelan. Difícil de creer que no haya un “costo de facilitación”.
El IPS se financia con aportes obrero-patronales de 700.000 trabajadores formales del sector privado y sus empleadores. El Fondo de Salud está casi quebrado, las carencias son dramáticas, mientras que el Fondo de Jubilaciones entró en déficit mucho antes de lo previsto y se estima que sus reservas podrían agotarse antes de mitad de siglo. En contrapartida, sigue habiendo toda una casta que medra a su costa, sin que nadie defienda al asegurado y al aportante, ni el Consejo de Administración, ni la Superintendencia de Pensiones ni el Presidente de la República.