Un turista europeo que visitara la Gran Asunción en días de lluvia podría creer haber llegado por error a Venecia, aunque no vea una góndola, sino quizá un kayak, como el que en estos días rescató a un conductor luqueño que debió subir al capot de su vehículo para librarse del agua. El aspecto que brindan las calles y avenidas inundadas no es tan cautivante como el de la Reina del Adriático, sino que encierra un peligro que puede ser mortal, como se ha visto en los últimos tiempos en Lambaré, Luque y San Lorenzo, entre otros lugares.
El hecho trágico es que una lluvia en el área metropolitana puede causar no solo severos daños materiales, sino también la pérdida de vidas humanas, por culpa de la corrupción, la incapacidad y la indolencia de las autoridades municipales. Conste que en la “Madre de Ciudades” se ha llegado al colmo de cobrar cada año una contribución para construir unos ficticios desagües pluviales y una tasa para mantenerlos, lo que podría implicar el delito de exacción. Una tasa solo debe ser cobrada tras la prestación efectiva de un servicio. Por lo demás, las pocas obras en curso suelen carecer de vallas de seguridad y las concluidas son a todas luces insuficientes. Desde 2009, la competencia para diseñar, construir, explotar y administrar proyectos de desagüe pluvial corresponde a las municipalidades. Cabe preguntarse qué han venido haciendo las de la Gran Asunción con el dinero recaudado para el efecto: han pasado casi dos décadas y todo se inunda cuando las nubes se descargan.
Es necesario que la Contraloría General de la República realice en cada Municipalidad del área metropolitana una “fiscalización especial inmediata” sobre lo que se hizo y lo que se dejó de hacer en este grave asunto. También sería oportuno que intervenga el Ministerio Público –aunque su aporte en estos casos suele ser muy pobre–, más aún porque, aparte de la probable comisión de hechos punibles, hay consecuencias fatales para los pobladores. Vale recordar el derecho constitucional a ser resarcido por los daños de que uno sea objeto por parte del Estado, dentro del cual deben incluirse las municipalidades. Los funcionarios son personalmente responsables si los daños son causados por ilicitudes cometidas por ellos mismos. La responsabilidad que cabe a las Municipalidades y a sus autoridades no excluye la de los vecinos habituados a lanzar a los raudales la basura no recogida, que termina bloqueando las tomas de agua.
Habrá que invertir bastante dinero, con honestidad y sapiencia, para que Asunción y las ciudades vecinas no se aneguen, incluso tras una lluvia de mediana intensidad: estas catástrofes urbanas deben terminar. Es absurdo que se pierdan vidas a causa de los raudales derivados de la falta de desagües, aunque el genial intendente capitalino, Luis Bello (ANR, cartista), diga que si los mismos existen es solo “porque llueve, no por las obras”. Olvida que la culpa por esa carencia la tienen unos intendentes y ediles corruptos, ineptos o distraídos que, en primer lugar, tendrían que ser castigados en los próximos comicios, si buscaran ser reelectos.
De los ciudadanos del área metropolitana dependerá que su vida y sus bienes estén a salvo de gobiernos locales como los que han venido soportando con tanta paciencia. Es de lamentar que la nefasta gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez no haya sido algo excepcional, pues todo indica que sus colegas de otrora concluirán sus respectivos mandatos sin haber hecho en absoluto mejor las cosas.
Aunque parezca sorprendente, es mucho lo que está en juego durante una lluvia. Es absurdo pagar durante años una contribución para construir desagües pluviales y una tasa para mantenerlos, pero a la vez exponerse a sucumbir ante el embate de las aguas. Ojalá que el próximo 4 de octubre se agote la paciencia de los votantes de la Gran Asunción: ya han tenido tiempo suficiente para advertir que las autoridades comunales los han venido engañando, cobrándoles por obras no construidas o mal conservadas.
En esta vergonzosa historia habría no solo responsabilidades políticas, sino también penales y civiles que hacer valer, previa intervención de los órganos competentes. Así lo exige la necesidad de preservar la vida de las personas y el patrimonio municipal, mal que les pese a los “políticos” comunales del área metropolitana, electos en muy mala hora. Habrá quienes sean honestos, capaces y laboriosos, pero es evidente que están en minoría. Es deseable que la triste experiencia sirva para que la población victimizada no siga temiendo, entre otras penurias, sufrir percances tan serios debido a un fenómeno meteorológico nada inusual. Está en sus manos procurar cambiar las cosas en las próximas elecciones.