El aparato estatal paraguayo está profundamente infectado por la corrupción, la ineptitud, la negligencia y el derroche. Esta última lacra hace no solo que el Estado sea obeso, aparte de ineficiente: también engorda a su plantilla de elevado rango a través, por ejemplo, de los gastos de representación y las bonificaciones por responsabilidad en el cargo, previstas estas últimas en el Presupuesto nacional, desde 2018. Más allá de las dietas de los legisladores o de los salarios de los ministros y altos servidores públicos, hay ingresos mensuales en otros conceptos que abultan sus bolsillos, mientras el sueldo básico de una enfermera nombrada es de unos 4.320.000 guaraníes.
Son muchos los ejemplos que podrían darse acerca del despilfarro en provecho de las altas esferas y en perjuicio de quienes sufren carencias dramáticas en el sistema sanitario, en la educación pública y en la vialidad, entre otros servicios, en particular. En la Presidencia de la República, el ministro asesor (secretario privado) Jorge Cappello y el asesor jurídico Roberto Moreno ganan desde el año pasado 32.617.069 guaraníes mensuales, tras agregarse a sus respectivos sueldos de 22.000.000 de guaraníes un pago mensual de 6.523.414 guaraníes como bonificación por responsabilidad en el cargo y aumentarse en 1.242.455 guaraníes mensuales el pago referente a los gastos de representación. La citada bonificación está prevista solo para los ordenadores de gastos, o sea, para los encargados de administrar fondos públicos.
Esos notables aumentos, que no alcanzaron a los jefes de otros órganos del Poder Ejecutivo que ostentan dicho título, también beneficiaron desde 2025 a quienes dirigen los diversos ministerios: sus ingresos mensuales pasaron de 24.851.200 guaraníes a 32.617.069, gracias a los gastos de representación incrementados y al agregado de la bonificación por responsabilidad en el cargo, por valor de 6.523.414 guaraníes. Como es obvio, entre estos últimos beneficiarios figura el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, quien hace una semana anunció la aplicación de una “economía de guerra”, lo que significaría, según sostuvo, que “los pocos recursos que tenemos hay que gastar de manera muy inteligente”. Pero, por lo que se ve, la caridad venía comenzando por casa.
Esa capacidad de entender cómo hacer las cosas, también lejos está de demostrar el senador Basilio Núñez (ANR, cartista), presidente del Congreso: en tal carácter, hasta 2024 ganaba en total 37.076.740 guaraníes mensuales, suma que desde el año siguiente llega a 63.076.850, mediante aumentos en los conceptos de dieta y gastos de representación y el agregado de 21.100.950 guaraníes como bonificación por responsabilidad en el cargo.
Por su parte, el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre (ANR, cartista), tampoco se quedó corto, pues cobra hoy 42.201.900 guaraníes, en concepto de dieta y de gastos de representación. Contra lo que sostiene Bachi Núñez, ningún antecesor suyo al frente del Congreso había sido “bonificado” por la “responsabilidad” que conllevaría el cargo. De hecho, él ha sido el primer favorecido, pero ahora descubre que el esfuerzo que se le pide a la ciudadanía debe empezar por los que mandan. Ante tan bochornosa situación, anunció su renuncia al cobro de la asignación hasta el fin de su mandato, pero no que devolverá las sumas ya recibidas.
En opinión del titular del Congreso, el problema es “político y ético”. Resulta raro que, de repente, recién luego de fuertes muestras de indignación de diversos sectores, este señor invoque la ética; cuesta creer que la vaya a considerar en sus futuras actuaciones, aunque nunca se deba desesperar de la redención humana. Más aún, como el panorama económico de este año sería “desalentador”, de repente como si viera la luz habló de promover un proyecto de ley de reprogramación presupuestaria que elimine las bonificaciones en los niveles estatales superiores, para redirigir los fondos destinados a ellas a la salud y a la educación públicas. Puede que le hayan hecho recapacitar las muestras de repudio que recibió en un evento deportivo. Habrá que ver ahora si su repentina actitud redentora ejerce alguna influencia en sus colegas y en otros organismos, como el Instituto de Previsión Social, donde lisa y llanamente se ignora la ley, según constató la Contraloría General de la República en su informe del ejercicio fiscal 2024: las bonificaciones irregulares habrían costado casi cinco mil millones de guaraníes, habiéndose llegado al colmo de recurrir a ellas para incrementar el sueldo de gerentes, directores y coordinadores, que no manejan la “caja diaria”.
No sería sorprendente que artimañas similares, que suponen un grosero desvío de fondos, sean usuales en otros numerosos organismos, porque nuestra administración pública es calamitosa: está al servicio de sí misma, a expensas de la ciudadanía. Se plantea la pregunta de si está haciendo algo al respecto la Secretaría de la Función Pública, hoy parte del Ministerio de Economía y Finanzas, más aún atendiendo las alarmantes palabras del ministro sobre la “economía de guerra”. Pero pese a comprobarse los bárbaros saqueos a las arcas públicas que se han venido conociendo sobre todo en los últimos tiempos, bajo diversas modalidades, no existen funcionarios importantes castigados u obligados a devolver el fruto de sus latrocinios, por lo que no debe descartarse que las diversas formas de pillaje continuarán una vez que nuevos escándalos de todo tipo reemplacen a los actuales.