Una vez más, el Instituto de Previsión Social (IPS) se convierte en noticia por la peor de las razones. Una mujer de 62 años, diagnosticada con cáncer de mama derecha, entró al quirófano del Hospital Ingavi para una mastectomía. Salió con el seno izquierdo sano extirpado. La propia paciente tuvo que alertar a los médicos del error.
Tres horas después, la volvieron a operar para quitarle el órgano que realmente correspondía. Sin empatía, sin disculpas de fondo, solo una “auditoría interna” que huele a cortina de humo. IPS no asume: evade, promete investigar. Como siempre. Las soluciones no llegan.
Esto no es un accidente aislado. Es el mismo guion macabro que ya lo vivió don Ramón Samudio. En 2022, en el Hospital Central del IPS, le amputaron la pierna izquierda sana en lugar de la derecha afectada por trombosis. “Error de comunicación”, dijeron. Hoy don Ramón no tiene ninguna pierna y su familia sigue mendigando justicia en tribunales donde los casos duermen el sueño de los justos. Dos años y medio después, la causa está congelada, desatendida, diluida.
No se puede olvidar el caso de Braulio Vázquez, trabajador de prensa con 15 años de aportes, quien en enero de este año, tras un infarto, esperó días en el Hospital Central por un cateterismo urgente. No había angiógrafo funcional. La familia tuvo que comprar insumos por millones de guaraníes. La cirugía se postergó una y otra vez por “fallas técnicas”. Una auditoría calificó este caso como “muerte evitable”. Así de simple.
Braulio no aguantó. Murió esperando un procedimiento que el IPS no pudo (o no quiso) realizar a tiempo. Su familia presentó denuncia penal por homicidio culposo. Otra investigación que, muy probablemente, terminará en la nada.
Y esto porque, puede estimarse, en IPS la mala praxis no es excepción: es patrón. Cirugías equivocadas, diagnósticos tardíos, protocolos que parecen escritos en servilletas, salas sin insumos mientras los contratos de fumigación se multiplican por dos y las famosas “sábanas de oro” brillan con sobreprecios del 103%.
Sobrefacturaciones escandalosas, licitaciones que apestan a corrupción, funcionarios que se enriquecen mientras los aportantes mueren en la fila o salen mutilados de sus quirófanos. Y la Superintendencia de Salud abre otra “investigación”. Y la Fiscalía promete. Y los jueces archivan.
Los aportantes –esos trabajadores que mes a mes ven descontado su salario para financiar este monstruo– son los grandes estafados. Pagan con sudor un sistema que les devuelve negligencia, dolor y humillación. Pagan para que les operen el seno equivocado, la pierna sana, y les roben el futuro. Pagan para que unos pocos se llenen los bolsillos mientras la justicia, cómplice pasiva, nunca dicta la condena ejemplar que la sociedad exige.
Basta ya. No es “error humano”. Es crimen institucional. No es “falta de recursos”. Es saqueo sistemático. No es “mala suerte”. Es desprecio absoluto por la vida de quien financia el IPS con su trabajo honesto.
Mientras los aportantes sigan callados, seguirán mutilándolos. Hoy fue un seno. Mañana puede ser otra vida. Y la próxima vez, el error podría tocar a una madre, a una esposa, a una hija.
El IPS no se arregla con auditorías de cartón. Se arregla con cárcel para los corruptos, con destitución inmediata de los ineptos y con una reforma profunda que devuelva al aportante el derecho a ser atendido, no a ser víctima.
Si el sistema que se paga con esfuerzo es el que mata de a poco, entonces ya no es previsión social. Es una sentencia de muerte disfrazada de seguro. Y los aportantes deben demostrar que ya no están dispuestos a seguir firmando su propia condena.