Es de preguntarse si el IPS tiene en cuenta que la Ley de Suministro y Contrataciones Públicas dice que la negligencia e imprevisión del funcionario al planificar las contrataciones será sancionada y que su planificación debe ajustarse a la calendarización de recursos presupuestarios, atendiendo a su efectiva disponibilidad y al plan financiero aprobado; también dispone que el programa anual de contrataciones incluya la lista de los bienes a ser comprados durante el ejercicio fiscal, el valor del procedimiento de contratación y la fecha en la que empezará el procedimiento; el programa debe incluir los proyectos que abarquen más de un ejercicio, los que deben alinearse a los Presupuestos plurianuales. Vale citar esas disposiciones sobre la planificación porque si ella estuviera bien concebida, no faltarían remedios, insumos ni equipos; si se contara con datos estadísticos, no solo se sabría la cantidad aproximada de bienes requeridos, sino también la duración promedio de los procesos licitatorios: las sorpresas estarían excluidas, incluso en los casos de urgencia, cuya frecuencia media sería conocida.
También ayer se publicó la noticia –nada sorprendente– de la aguda escasez de “kits” de parto y de insumos básicos en los nosocomios del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; en este contexto, la presidenta del Sindicato Nacional de Médicos, Rossana González, habló de un retroceso histórico en la gestión ministerial; en ningún hospital se tiene la cantidad suficiente de medicinas y de insumos: faltan incluso hilos de sutura, que los pacientes estarían comprando. “El Ministerio nunca tuvo ese problema que vemos hoy”, según la citada profesional. Aquí vale volver a recordar la ley citada, pues también María Teresa Barán alega que los procesos licitatorios “son lentos”, tratando así de justificar las crónicas carencias sanitarias.
Su notoria ineptitud debía moverla a dimitir del cargo que tan mal ejerce, recordando que el Presidente de la República había dicho a sus ministros en junio de 2025 que “si sienten que ya no están en condiciones, siempre está la posibilidad de dar un paso al costado para ceder la posta a otra persona”. Pues bien, María Teresa Barán no se dio por aludida y sigue creyendo que está en condiciones, sin que la inmuten las continuas protestas contra su pésimo desempeño, como la realizada el último martes –Día Mundial de la Salud– frente a la sede ministerial, bajo el elocuente eslogan “No hay”. La aún ministra sostiene incluso que “huir de la crisis es de cobardes”, como si ella no la estuviera agravando: no tener conciencia de las propias limitaciones y aferrarse al cargo es de caraduras y no destituir a un ministro inepto es de irresponsables. Ni siquiera está al tanto de cuántas obras están estancadas, aunque haya inaugurado alguna inconclusa, como el Hospital General de Coronel Oviedo.
Al igual que el IPS, el Ministerio de Salud Pública debe estar en manos mucho mejores para que no haya tantas “muertes evitables”. Eso de echar la culpa a los procedimientos de contrataciones públicas es una burda excusa; lo que ocurre es que la incapacidad, la negligencia y la corrupción también distinguen a la administración sanitaria; en opinión del presidente del Círculo Paraguayo de Médicos, Jorge Rodas, “la corrupción es la regla en el Ministerio; hay una estructura perversa que tiene como fin la renta”. En suma, la ministra “tiene que salir con todo su equipo”, según el facultativo. Así las cosas, resta la pregunta de por qué el Presidente de la República la mantiene en el cargo, lo que conlleva la de a quiénes beneficia su deplorable gestión. Las mismas preguntas caben plantearse con respecto a Jorge Brítez, el fracasado presidente del Consejo de Administración del IPS.
Por decir lo menos, ni la una ni el otro están a la altura de sus respectivos puestos, de modo que Santiago Peña debería tomar la decisión exigida por el bien común, de una vez por todas: el sistema sanitario no debe continuar tal como está, por respeto a la vida y a la integridad física de los habitantes de este país tan castigado por los vicios de la función pública, bien evidentes en la sanidad.