Sin mencionarla, la Cámara Paraguaya de la Construcción y la Cámara Vial Paraguaya le contestaron con una lista de diecisiete obras suspendidas por imposibilidad financiera y de seis empresas que han tenido que recurrir a concurso de acreedores por no poder honrar sus compromisos, situación que afecta especialmente a compañías medianas que no tienen la espalda suficiente para soportar, aun con los redescuentos que puedan obtener en el sistema bancario.
No todos esos proyectos corresponden al MOPC, aunque sí varios de ellos, como los tramos San Juan-Ybyraty, San Lorenzo-Plan Central 2, Villeta km 40-Alberdi, los lotes del emprendimiento Graneros del Sur, y los del Plan Central 3, que abarcan localidades como Itá, Lambaré, Itauguá, Ypacaraí y Luque. Prácticamente solo están continuando los que están a cargo de consorcios muy fuertes, y no en todos los casos, o que tienen financiamiento de organismos multilaterales con asignación específica, y ni siquiera todos estos, o que reciben a cuentagotas fondos de Itaipú.
Hay más proyectos de obras paralizados en otras carteras, todos por el mismo motivo. Por ejemplo, mantenimiento y reparación edilicia en hospitales en Capital y Central, y construcción y reparación de infraestructura en 43 colegios técnicos, todo de acuerdo con la información brindada por los gremios, que identificaron por nombre a las empresas contratistas más afectadas. Insisten en que los certificados impagos ascienden a 200 millones de dólares, a los que se agregan cerca de 110 millones de dólares en intereses moratorios.
Claudia Centurión atribuyó la raíz del problema a las deudas vencidas dejadas por el gobierno anterior, pero esa afirmación no tiene sentido y sus propios dichos la desmienten.
Es cierto que el gobierno anterior dejó atrasos, pero el actual obtuvo autorización para una emisión adicional de bonos por 600 millones de dólares en 2023 supuestamente para ponerse al día y comenzar de cero. Al respecto, la ministra dijo que en aquella oportunidad se pagó el capital, pero que quedaron pendientes 100 millones de dólares de intereses.
Al margen de que ello genera dudas sobre la aplicación de esos fondos, ¿cómo puede ser que, casi tres años después, los intereses moratorios sigan siendo de más de 100 millones de dólares y que los atrasos por obras asciendan a 200 millones de dólares más? La respuesta evidente es que no se trata de deudas heredadas, sino de trabajos realizados y no pagados durante esta administración, no la que pasó.
La propia ministra lo reconoce al señalar que el nivel actual de pagos en su cartera es de alrededor de 40 millones de dólares por mes, cuando se necesitan 60 o 70 millones para las obras en ejecución. La propuesta es recurrir a un esquema de cesión de certificados al sistema financiero o “factoring” (nada nuevo), y pasar un proyecto de ley para pagar con bonos. Lo quieren presentar como algún tipo de solución mágica, pero no es otra cosa que más endeudamiento y más déficit para tapar agujeros de una gestión claramente deficiente, lo cual pone seriamente en entredicho las metas macroeconómicas comprometidas ante la población, los inversores, los organismos internacionales y las calificadoras de riesgo.
Por otro lado, los atrasos no se circunscriben solamente a obras. En 2023/24 se pagaron 600 millones de dólares (al menos eso es lo que se informó) y resulta que hoy la deuda vencida con contratistas y proveedores es de 1.000 millones, sin considerar lo que debe el IPS.
Este Gobierno no sufrió ninguna emergencia; tuvo récord de recaudaciones, es decir, de dinero aportado por los contribuyentes; fondos extras de Itaipú, financiados parcialmente con las facturas de los consumidores de electricidad; larga prórroga para retornar al tope del déficit fiscal; un saldo de deuda pública que pasó del 36% al 43% del PIB. Con todo ello, las finanzas estatales están peor que antes. Eso no es culpa de Mario Abdo Benítez, sino responsabilidad exclusiva de Santiago Peña Palacios.