Y bien, ya en la primera etapa del emprendimiento en curso, en la que se asfaltarán y empedrarán unos 305 kilómetros a un costo aproximado de 67,6 millones de dólares, a ser administrados en el marco de quince convenios con diversas organizaciones no gubernamentales escogidas sin transparencia alguna por Itaipú Binacional, ha surgido una seria crítica relativa al uso discriminatorio del dinero público, es decir, al trato desigual de los municipios por motivos político-partidarios. La formuló el intendente de Caacupé, Diego Riveros (PLRA), al señalar que están siendo priorizados los municipios colorados, en un departamento, como el de Cordillera, donde la mayoría de los intendentes son liberales. Pese a las repetidas notas entregadas a la Fundación Ysapy y a la Organización de Desarrollo Integral Comunitario, que ya cuentan con los fondos previstos, en la capital departamental no se registra ningún avance en los trabajos; lo mismo ocurriría en los otros municipios liberales, según el citado intendente.
No sería nada sorprendente que la denuncia fuera cierta, más aún considerando que el director general paraguayo de la entidad binacional se llama Justo Zacarías Irún y que el 4 de octubre venidero habrá elecciones comunales. Resulta aberrante que, incluso a través de ONG, el dinero público sea gestionado atendiendo la afiliación partidaria de quien dirige una Municipalidad. Es intolerable que haya municipios “de primera y de segunda”, según la afiliación partidaria del intendente. Debería tratarse de una obviedad, pero no lo es tanto en un país en que impera el sectarismo, incluso dentro de una misma organización política; tan es así que no sería insólito que en esta primera etapa del “Plan 1.000”, también sean marginados los municipios regidos por intendentes colorados que no sean cartistas, teniendo en cuenta las elecciones internas simultáneas del próximo 7 de junio.
Las ONG encargadas de contratar a las empresas que habrán de realizar los trabajos fueron seleccionadas arbitrariamente y es presumible, desde luego, que respondan a las directrices “políticas” de Justo Zacarías Irún, quien a su vez podría estar sujeto a instrucciones de alguna “superioridad”. Si al intendente asunceno, Luis Bello (ANR, cartista), se le ocurrió lanzar un operativo de limpieza urbana de cara a los comicios en puertas, todo indica que el jefe de la entidad binacional habría optado por castigar a los municipios liberales privando a sus pobladores de los beneficios de un emprendimiento financiado con el dinero de todos los paraguayos y no solo con el de los colorados. La práctica de la ruindad no es la mejor manera de “hacer política”, sino de envilecerla. Parece claro que así no “vamos a estar mejor”, salvo aquellos que hacen del ejercicio rutinario de la arbitrariedad un estilo de vida que, gracias a la impunidad reinante, les otorga notables beneficios, empezando por los de orden económico.
El candidato presidencial Santiago Peña había dicho a funcionarios de Itaipú Binacional que el carnet partidario importa más en la función pública que un título académico, pero no así que también deba primar sobre el principio de igualdad en el financiamiento de obras de infraestructura vial. Es deseable que el hoy presidente, que en sus redes sociales divulga las obras realizadas en los municipios cordilleranos con intendentes de la ANR, le diga al mandamás paraguayo de la entidad referida que la discriminación es repudiable y que a él también le gustaría informar sobre los trabajos hechos en las ciudades gobernadas por el PLRA.
No son pocos los jerarcas convencidos de que las arcas del Estado se hallan a su libre disposición, no solo para servirse a sí mismos, sino también para premiar a los amigos y castigar a los adversarios. Por eso y aunque sea obvio, es preciso insistir en que el dinero público no pertenece al partido oficialista y en que debe invertirse en obras y prestaciones favorables al bien común, sin discriminaciones indignantes.