Comenzó su administración con dos iniciativas que parecían muy importantes. La primera fue sincerar la contabilidad estatal tras acusar a su antecesor de esconder bajo la alfombra deudas vencidas con proveedores y contratistas para que no afectasen la cifra oficial del déficit fiscal. Con ese propósito se solicitó una ampliación presupuestaria, se realizó una colocación extra de bonos por 600 millones de dólares, supuestamente para ponerse al día y comenzar de cero, y se reprogramó el cronograma de convergencia del déficit, con la promesa de que “sin inconvenientes” se regresaría al tope del 1,5% del PIB en 2026.
Como la medida, evidentemente, no fue acompañada por una racionalización estructural del gasto público, después de haberse esfumado esos 600 millones de dólares, casi tres años después la deuda vencida ya no es de 600, sino de más de 1.000 millones de dólares, solamente con constructoras y farmacéuticas, y la contabilidad estatal sigue tan maquillada como antes o peor.
La otra iniciativa importante fue crear la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, aun con la resistencia de varios sectores, en el entendimiento de que era imperioso supervisar los sistemas de aportes de cientos de miles de trabajadores y empleadores, en particular del IPS. Pero esa superintendencia, que en teoría solo era el inicio de la necesaria reforma previsional, recién se instaló en enero de 2026. Mientras tanto, el IPS se ha visto envuelto en interminables escándalos y en muy dudosos manejos financieros, y la superintendenta nombrada, Griselda Figueredo, hasta el momento brilla por su ausencia.
Otro campo en donde había enormes expectativas era en la renegociación de los términos del Tratado de Itaipú, habida cuenta de que Santiago Peña asumió la Presidencia con la deuda de la binacional totalmente cancelada y en coincidencia con el vencimiento del plazo de revisión del Anexo C. En vez de concentrarse en restituir los derechos del Paraguay, puso todo el énfasis en conseguir más “fondos socioambientales” por diferencia tarifaria. Pasó el tiempo, nada absolutamente ha cambiado en Itaipú, la ciudadanía no sabe a ciencia cierta a cuánto ascendieron tales fondos, cómo y en qué se ejecutaron, y los mismos se acaban al término de este ejercicio sin pena ni gloria (aunque con muchos indicios y sospechas de negociados).
Otra supuesta reforma fue la de reorganización administrativa del Estado, con la que originalmente se pretendía fusionar instituciones en diez áreas específicas, para reducir los gastos y eliminar superposiciones. El Ejecutivo aceptó que el Congreso le modificara la ley, le quitara todo mandato específico y lo obligara a hacer aprobar caso por caso y “de manera gradual” cualquier modificación de la estructura estatal. Como resultado, a excepción de la Subsecretaría de Tributación y la Dirección de Aduanas, que se unieron por una ley especial, no hubo una sola fusión importante en el Estado.
Lo mismo ocurrió con la tan mentada ley de la función pública y del servicio civil, que era una de las grandes patas de la reforma del Estado. Santiago Peña no solo aceptó que el Congreso la desnaturalizara completamente, sino que toleró que el Poder Legislativo y el Poder Judicial pudieran reglamentarla a su antojo, como y cuando quisieran. Por lo tanto, la tibia ley únicamente entró en vigencia (julio de 2025) en los entes dependientes del Poder Ejecutivo, no hay ninguna señal de achicamiento y saneamiento de la burocracia estatal, en tanto que todo el tiempo salen a luz casos nuevos de nepotismo, de ingresos y ascensos sin concurso y de reparto discrecional de bonificaciones.
Hubo varios otros casos, pero el último y más emblemático es el del deficitario Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público, o Caja Fiscal, que era crucial para la sostenibilidad de las finanzas estatales. Para no enfrentarse con la clientela, Santiago Peña postergó su presentación hasta que fue muy tarde, en tiempo electoral y ya sin el apoyo incondicional del oficialismo. Muestra de ello es que el vicepresidente Pedro Alliana, quien ya está promocionando su próxima candidatura, negoció con los gremios un proyecto distinto y mucho más laxo que el del Poder Ejecutivo, que es el que se terminó aprobando. El entonces ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, dijo que la ley sancionada no cambiaba el statu quo y que al próximo gobierno le tocaría tapar un agujero de 1.000 millones de dólares. Al ministro lo sacaron; la ley se quedó tal cual.
A la mitad de su mandato, Santiago Peña enfrenta un panorama muy complejo. El fisco está en crisis, los ingresos cayeron dramáticamente, hay deudas por todos lados y difícilmente se puedan cumplir las metas. Consecuencias de “reformas light”, de un gobierno “light” y de un presidente “light”.