Un estadio de fútbol y sus adyacencias han vuelto a ser el domingo último escenarios de graves hechos de violencia generados por jóvenes “barrabravas”. Ayer se informó que seis integrantes de la barra de Cerro Porteño procesados por los disturbios deberán cumplir prisión preventiva en Tacumbú por disposición del juez José Agustín Delmás. También se libró orden de detención de la Fiscalía contra otros siete del mismo club. Tras la jornada dominical hubo decenas de detenidos, en tanto que varios agentes policiales debieron ser atendidos por heridas leves. En la misma noche del domingo, otro agente del grupo Lince sufrió el impacto de una bala disparada en un barrio de Fernando de la Mora por un hincha “organizado” del club Olimpia. Este también ya fue imputado y llevado a prisión.
Según parece, los primeros incidentes en el estadio Defensores del Chaco resultaron de un conflicto desatado en las graderías entre hinchas de los mismos colores, lo que implica que el fanatismo derivado del “amor a la camiseta” no sería la única causa de la brutalidad que suele exhibirse en los eventos futbolísticos.
Se trata de una vieja historia, a la que los dirigentes de la Asociación Paraguaya de Fútbol no prestan la atención debida, pese a la vigencia de la Ley Nº 7269/24, de prevención, control y erradicación de la violencia en el deporte, cuyo órgano de aplicación es el Ministerio del Interior, que debe trabajar en forma coordinada con el Consejo Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos. Ante lo ocurrido y como era de esperar, este Consejo expresó su “profunda preocupación” y su rechazo ante toda forma de agresión y su compromiso con la promoción de un fútbol “libre de violencia”. Mas allá de las palabras de circunstancia, urge que se ejecuten las normas preventivas incluidas en la ley citada, entre ellas la de que los organizadores emitan “entradas personalizadas”, instalen circuitos cerrados de televisión, contraten personal de seguridad e impidan la venta y el consumo de alcohol y estupefacientes en el recinto deportivo; estas normas son letra muerta, al igual que la prohibición de “expedir entradas, medios de transporte, descuentos, o cualquier otro tipo de promoción o apoyo a aquellos aficionados e hinchas organizados, que cuenten con restricciones para participar en eventos”.
Cuenten o no con restricciones, los dirigentes de los clubes siguen financiando el ingreso en los estadios de unos energúmenos más interesados en desatar el vandalismo dentro y fuera de ellos que en alentar a su equipo favorito. Claro que también es preciso que el incumplimiento de la ley antes citada conlleve la aplicación de las sanciones previstas en ella, como la multa y la prohibición de ingresar en instalaciones deportivas, sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil por la comisión de hechos punibles o por daños causados. De hecho, esta normativa, que data del 11 de junio del año antepasado, apenas ha sido aplicada ahora, ni a los organizadores ni a los espectadores de sucesos deportivos. Ni siquiera el artículo que prohíbe el acceso a estos eventos en ocho casos estaría siendo acatada, pues esta vez habrían ingresado incluso con “cebollones”, gracias a las entradas proveidas por dirigentes deportivos. De otro modo no podrían ingresar a estadios durante diez años por haber cometido antes ciertas infracciones.
¿Son conscientes estos señores de que, de hecho, se van convirtiendo así en cómplices de los delincuentes que practican la violencia “por amor al arte”? Serán de guante blanco, pero alguna responsabilidad les cabría por dar pie a que sus amigos delincan, con la excusa de animar al equipo. Es plausible que la agente fiscal Soledad González haya informado que han sido detenidos seis presuntos autores de los delitos de perturbación de la paz pública, resistencia a la autoridad y tentativa de lesión grave, a los que se podrían sumar ahora otras siete personas.
Hechos similares plantean la pregunta de si las fuerzas policiales están bien equipadas e instruidas, tanto para prevenirlos como para intervenir en ellas con rapidez y eficacia. También surge la interrogante de fondo de si la Secretaría Nacional de la Juventud y la sociedad en general están haciendo lo bastante para encarar la violencia juvenil ejercida bajo el transparente manto de la afición a un club, acompañada del consumo de estupefacientes.
La preocupante cuestión va mucho más allá del fútbol y exige que de una vez por todas se la aborde con la seriedad debida: están en juego el presente y el futuro de este país, cuya población de entre 15 y 29 años, que asciende al 25,4%. Ella incurre cada vez más en la tentación de dar rienda suelta a sus frustraciones, sobre todo en las zonas urbanas. En dicha franja etaria abundarían los que no estudian ni trabajan que si no incurren en la delincuencia pura y dura, se desahogan agrediendo a cualquiera, sin ni siquiera temer lesionar a las criaturas que asisten a un estadio. Observar el juego les importa mucho menos que tener en la mira a los adversarios, incluso a los adictos a la misma camiseta. Se diría que el fútbol es un mero pretexto para el desahogo a como dé lugar, por tanto la terapia adecuada para semejante insania sería una condigna sanción penal.