La inoperancia estatal induce a los padres a reclamar que las instalaciones sean arregladas, a recurrir al auxilio de donaciones particulares o a confiar en el auxilio de una entidad binacional. Es de señalar que a través del Fonae (Fondo Nacional de Alimentación Escolar, ex-Fonacide) las municipalidades reciben fondos para infraestructura escolar, con énfasis en comedores. Se recuerda que el exintendente lambareño Roberto Cárdenas fue condenado en 2021 a ocho años de cárcel por lesión de confianza, al haber causado a dicho fondo un daño patrimonial de casi 860 millones de guaraníes en la construcción, remodelación y ampliación de quince centros educativos. Es decir, aparte de la indolencia, también la corrupción tiene mucho que ver con la pésima infraestructura educativa.
Obviamente, la mayor responsabilidad recae sobre el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), que cuenta con una Dirección General de Infraestructura para que la enseñanza sea brindada en unas cómodas y seguras condiciones edilicias, que a menudo faltan. Como tampoco el equipamiento resulta suficiente, es comprensible que la calidad de la enseñanza recibida por casi un millón y medio de alumnos se resienta en gran medida: bien se sabe que los periódicos informes del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) revelan que el analfabetismo funcional está muy extendido. Peor aún, el propio MEC señala que esa gravísima deficiencia afecta incluso a los docentes ya que no es raro que en los exámenes de evaluación, cuyo grado de dificultad siempre les parece excesivo, muchos no comprendan las preguntas formuladas en castellano y que, por ende, los fracasos masivos sean la norma; valga como ejemplo que en noviembre del año pasado se aplazó el 80% de los 3.020 educadores caazapeños examinados.
La pobrísima formación docente no salta a la vista como las carencias en materia de infraestructura y de equipos, pero sus consecuencias se advierten, como es obvio, en la muy escasa preparación de los educandos: es imposible transmitir los conocimientos no poseídos. Resulta entendible que el magisterio se ocupe bastante de asuntos salariales y jubilatorios, pero también debería intentar, tras una serena autocrítica, subsanar por propia iniciativa sus carencias didácticas.
El MEC está haciendo poco o nada al respecto; al menos, debería controlar mucho más el desempeño de los 80 institutos de formación docente, la gran mayoría de los cuales no cuenta con el certificado de la Agencia de Evaluación de la Educación Superior (Aneaes). Unos docentes mal formados no pueden enseñar bien y por ende impiden que los alumnos enfrenten el futuro munidos de los instrumentos intelectuales adecuados. Sus víctimas provienen sobre todo de hogares de bajos y medianos ingresos, es decir, de aquellos que no pueden asumir los costos que conlleva la asistencia a un centro educativo privado.
En última instancia, de lo que se trata es de garantizar el derecho de aprender y la igualdad de oportunidades. Al decir de la Constitución quienes concurren a escuelas y colegios públicos deben recibir una enseñanza de mucha mejor calidad que la de hoy para lo cual es imprescindible que los docentes sean idóneos. Dado que ni el carnet partidario ni el padrinazgo político deben influir en la concesión de un “rubro”, es plausible que se realicen concursos públicos de oposición; en julio del año pasado, solo 4.547 de los 15.354 postulantes aprobaron el examen correspondiente: una evidencia más de la pésima formación del magisterio.
Claro que los problemas aquí mencionados no empezaron con este Gobierno, pues se vienen arrastrando desde hace largas décadas, pero por eso mismo ya es hora de “poner de moda la educación”, con toda seriedad. Está bien que los estudiantes se alimenten en los centros de enseñanza, pues el estómago vacío dificulta el aprendizaje; empero, lo primordial es que se nutran de saberes útiles para ellos mismos y para el país, en instalaciones bien construidas y equipadas, gracias a unos profesores competentes.