En un país que supuestamente vive bajo “economía de guerra”, donde el Gobierno pide sacrificios a los maestros, a los médicos, a los jubilados y a las familias que aprietan el cinturón para pagar la luz y comprar el pan, hay un mundo paralelo donde la fiesta nunca termina.
Ese mundo se llama Itaipú y Yacyretá, “las binacionales de oro”. En un país donde el salario mínimo dura menos de una semana es un despropósito que la mayoría de sus funcionarios ganen millonadas por ser afín o familiares de los políticos.
No es exageración. Es la cruda realidad. En la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), 92 funcionarios perciben salarios superiores al del presidente de la República, Santiago Peña, que ronda los G. 37,9 millones mensuales, según una publicación del diario Última Hora.
Algunos superan los G. 100 millones. El propio director paraguayo, Luis Federico Benítez Cuevas –exdiputado colorado que renunció a su banca para asumir el cargo y cedérsela a la esposa del vicepresidente Pedro Alliana–, cobró en marzo casi G. 137 millones entre sueldo básico, bonificaciones y viáticos.
Solo en bonificaciones, la EBY despilfarró más de G. 4.305 millones en un solo mes. Eso es casi 700.000 dólares que se evaporaron en “incentivos” para una casta dorada mientras el país habla de recortes.
Esto no es un error administrativo. Es el “negocio de ser político” en su máxima expresión. La política en Paraguay, en la mayoría de los casos, no es vocación de servicio; es una empresa familiar y partidaria que se financia con el dinero de todos.
Entran al partido, militan, ganan una elección o se casan con “el que manda”, y de repente la consuegra, el primo, el cuñado o el operador político aparecen en planillas de binacionales con sueldos que ni un gerente de multinacional en Singapur se atrevería a soñar.
En Yacyretá saltan a la vista los “nepoEBYs”: la consuegra del vicepresidente Pedro Alliana, Sandra Saldívar, o el hermano del diputado colorado Luis “Tiki” González Vaesken, Juan Bautista, son solo ejemplos de una red de parientes y aliados del oficialismo que ya “están mejor”, como ellos mismos alardean sin rubor, tal como lo publicó el diario ABC Color el 13 de enero de 2025.
No es nuevo. Es cíclico. En Itaipú, el mismo esquema se repite una y otra vez. En 2024 y 2025 se denunciaron ascensos irregulares y contratos sin concurso para familiares de legisladores e intendentes: la hermana del senador Dionisio Amarilla, la nuera del intendente de Hernandarias, la esposa del senador Juan Carlos “Nano” Galaverna (como “asesora de turismo” con G. 68 millones), o primos de Beto Ovelar con salarios de G. 47 a 75 millones para cargos que nadie puede explicar qué aportan al funcionamiento de la represa, son algunos ejemplos.
Mientras tanto, el tratado de Itaipú se renegocia a cuentagotas y el pueblo paraguayo sigue recibiendo migajas de una riqueza que debería ser motor de desarrollo nacional.
El negocio es redondo. Las binacionales no son empresas privadas donde el dueño arriesga su plata y exige resultados. Son entidades públicas financiadas con recursos de los dos países, pero administradas como feudos políticos. Los directores y consejeros no llegan por mérito técnico; llegan por lealtad partidaria.
Renuncian a una banca de diputado (que ya paga bien) para multiplicar por cuatro o cinco su ingreso. Y cuando la presión pública crece, se escudan en la “naturaleza binacional”: “No se puede regular por ley nacional”. Se creen intocables. Mientras el Congreso, dominado por los mismos que colocan a sus parientes, bloquea cualquier intento de auditoría profunda o techo salarial.
¿Y el pueblo? El que paga la luz, que no es barata, a pesar de tener dos de las represas más grandes del mundo. El que ve cómo miles de millones se van en bonificaciones, viáticos y “sobresueldos”, mientras hospitales carecen de medicamentos y escuelas se caen a pedazos.
Es un insulto moral. Es corrupción descarada disfrazada de “compensación por responsabilidad”. Es el festín de siempre: el 1% de la clase política y sus allegados viviendo como jeques, mientras el 99% restante aprieta el cinturón en nombre de la “economía de guerra”.
No alcanza con indignados en redes sociales ni con diputados opositores que denuncian el despilfarro para congraciarse. Hace falta voluntad política real. El Gobierno que pregona austeridad debe empezar por casa: aplicar la misma tijera a las binacionales. Exigir transparencia total de planillas (sin encriptarlas como si fueran secreto de Estado).
Establecer topes salariales razonables, vinculados al sueldo del Presidente o a un múltiplo estricto del salario mínimo. Prohibir de manera efectiva el nepotismo, con sanciones penales para quienes coloquen familiares o correligionarios en cargos millonarios. Auditar cada bonificación y cada contrato sin concurso. Y, sobre todo, recordar que estas entidades pertenecen al Estado paraguayo, argentino y brasileño, no al partido de turno.
El “negocio de ser político” convirtió las binacionales en un cajero automático para la élite. Mientras eso siga, cualquier discurso de sacrificio nacional es una burla. El pueblo paraguayo siente día a día el contraste brutal entre el funcionario que cobra 137 millones por “administrar” y la maestra que cobra una miseria por educar a los hijos de los que “administran”. ¡¡¡Basta ya!!!
Es hora de terminar con el festín. La economía de guerra, si es seria, debe llegar primero a quienes más abusaron de la plata pública. Porque mientras las binacionales sigan siendo el botín de los políticos, el verdadero desarrollo del Paraguay seguirá siendo un sueño postergado.