En Colombia, la investigación fue ejemplar. En cuestión de semanas, las autoridades capturaron a los sicarios, a los transportistas, a los “marcadores” y al supuesto cerebro logístico del atentado. Francisco Correa Galeano, Margareth Lizeth Chacón y otros involucrados fueron procesados y condenados. La tecnología, la cooperación internacional y la voluntad política permitieron desmantelar la cadena material del crimen casi de inmediato. Paraguay, sin embargo, parece vivir en otro mundo.
El fiscal que investigaba redes transnacionales de narcotráfico fue ejecutado presuntamente por atreverse a tocar intereses poderosos dentro de nuestras fronteras, y aquí, donde se originó el mandato criminal, no pasa nada. Cuatro años de expedientes bajo llave, de “cooperación” que nunca llega a nada concreto, de declaraciones vacías y de un hermetismo que huele a encubrimiento.
El propio fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, de entrada prácticamente ya cerró las puertas de que la investigación en nuestro país llegaría a buen puerto, al señalar con crudeza una parálisis institucional. Ante las críticas por la falta de avances en la autoría intelectual, declaró públicamente: “Ni Mandrake puede solucionar el tema con su varita mágica”. La frase, que pretendía ser una defensa ante la supuesta “carestía investigativa”, se convirtió en un bochorno nacional. No solo admitió la impotencia del Ministerio Público, sino que la convirtió en política de Estado.
¿Cómo es posible que un país que presume de tener instituciones funcionales reconozca que ni un mago de historieta podría resolver el asesinato de su propio fiscal antimafia? La excusa de la falta de tecnología y recursos suena hueca cuando se contrasta con la velocidad colombiana. Lo que falta no es varita mágica: falta voluntad, falta independencia y, sobre todo, falta coraje.
Este escándalo envía un mensaje clarísimo al narcotráfico: pueden matar a los soldados de la primera línea sin consecuencias. Pecci era uno de esos soldados. No estaba en la retaguardia; estaba en la trinchera, investigando operaciones de lavado, cargamentos de droga y conexiones políticas que incomodaban a los verdaderos poderes.
Al dejar impune la autoría moral –esa que se gestó en Paraguay, según todas las hipótesis razonables–, es como si el Estado paraguayo le dijera al crimen organizado: “Adelante. Ejecuten a quien moleste. Nadie los va a tocar”. Es una invitación abierta a la impunidad.
Si un fiscal especializado puede ser asesinado en su luna de miel y el caso se pudre en los archivos del Ministerio Público, ¿qué le queda al resto de los operadores de justicia? ¿Qué mensaje reciben los jueces, los policías y los demás fiscales que aún intentan hacer su trabajo? Porque esa es la verdadera tragedia.
El agente fiscal de a pie hoy enfrenta una disyuntiva cruel: doblar las rodillas y mirar para otro lado, enrolarse directamente en las filas del enemigo o pelear contra molinos de viento como el Quijote, sabiendo que nadie lo respaldará cuando vengan por él. El Ministerio Público, lejos de ser un escudo protector, se ha convertido en un lastre que desmoraliza a sus propios funcionarios.
La viuda de Pecci y su familia siguen clamando por respuestas. La sociedad paraguaya también merece una explicación. ¿Hasta cuándo seguiremos tolerando que los autores intelectuales –posiblemente vinculados a los mismos grupos que Pecci investigaba– caminen libres, protegidos por la inercia o por algo peor? Cuatro años no son nada en la memoria de un país que quiere creer en la justicia. Pero son una eternidad para una familia brutalmente golpeada y para una institución que ha perdido toda credibilidad.
El caso Pecci no es solo un homicidio impune: es la radiografía de un Estado capturado. Mientras el Ministerio Público siga escondiéndose detrás de excusas y frases de cómic, el narcotráfico seguirá riéndose. Y los fiscales honestos, los verdaderos soldados, seguirán preguntándose si vale la pena jugarse la vida por una patria que no los protege.
Es hora de que el Ministerio Público deje de cargar vergüenza y empiece a cargar responsabilidad. Porque si no hay justicia para Marcelo Pecci, no habrá justicia para nadie. Y el mensaje que estamos enviando al crimen organizado es tan claro como peligroso: aquí pueden matar a quien quieran. Nadie los detendrá. Ni el Mago Mandrake.