El exconcejal asunceno Luis Bello (ANR, cartista), devenido en intendente tras la forzada renuncia del impresentable Óscar “Nenecho” Rodríguez, destina al pago de gastos corrientes una suma equivalente, por de pronto, al 159% de lo recaudado mediante el impuesto inmobiliario, la principal fuente de ingresos municipales. La mayor parte de esos gastos está compuesta por los salarios de casi nueve mil funcionarios, contratados y jornaleros, de los cuales unos 1.300 “trabajan” en la Junta Municipal de 24 miembros, aunque cueste creerlo. Si todos acudieran a la sede de sus funciones, no cabría allí un alfiler. La Ley Nº 5513/15 prohíbe que lo recaudado con el impuesto citado supere el 40% de los gastos corrientes, constituidos, sobre todo, por las retribuciones al copioso personal.
Lo antedicho implica que, como su antecesor, el actual intendente incurre en erogaciones ilegales, a costa de las inversiones en servicios y obras de infraestructura, con el acuerdo de los ediles que aprobaron el Presupuesto. Ocurre que la Municipalidad capitalina prioriza las necesidades de la clientela política mantenida por los vecinos sin su consentimiento; está integrada en gran parte por “operadores” que ya se estarán preparando para los próximos comicios, tras haber actuado en los del último 7 de junio.
Ciertamente, el prebendarismo desenfrenado no empezó con “Nenecho”, pues viene castigando a los asuncenos desde hace muy largos años: si los “punteros” son tan bien recompensados es quizá porque abundan los electores descreídos que no esperan que el Gobierno municipal mejore un tanto sus condiciones de vida; así las cosas, preferirían sacar algún provecho inmediato de su voto. No obstante, es alentador que los votantes colorados en las recientes internas al menos hayan frustrado la pretensión del último exintendente de volver a candidatarse como concejal.
Pero la cuestión de fondo sigue en pie, es decir, la de que, más allá de los intendentes y de los ediles de turno, así como de sus respectivas afiliaciones, el “voto castigo” no sería contundente el 4 de octubre venidero: es probable, por ejemplo, que sea reelecto Augusto Wagner (PLRA), concejal desde hace un cuarto de siglo, que apoyó sin rubor las barbaridades de Nenecho. Lo mismo cabe decir de varios de sus colegas colorados que hicieron lo mismo.
Así como están las cosas, no hay el menor indicio de que el superpoblado personal vaya a ser reducido. Esta cuestión no es un tema debatido en la Junta Municipal, como si careciera de toda relevancia: se diría que allí, al menos para el caso de continuar un Gobierno comunal del mismo signo, hay un consenso tácito en el sentido de que cada uno de sus miembros seguiría teniendo derecho a instalar en el Presupuesto a cierto número de paniaguados, aunque ello implique endeudar a la Municipalidad y reducir los gastos de capital. Por cobardía o por conveniencia, en el “Palacete” no se habla de achicar el recargado aparato burocrático: si el dinero no alcanza para los sueldos, se pueden desviar fondos recaudados para obras de infraestructura, como enseña la experiencia, o pedir créditos para seguir endeudando a la institución. A fines del año pasado, la deuda acumulada ascendía a nada menos que 392.974 millones de guaraníes, en buena medida debido al exceso de personal.
El exinterventor Carlos Pereira dijo que podría prescindirse de tres mil asalariados. Sería deseable que en el futuro algún candidado patriota tenga el coraje de abordar el tema, considerando las privaciones de los vecinos, causadas en gran parte por el aberrante prebendarismo, tan arraigado en la praxis político-administrativa. No es mucho pedir, por el bien de los asuncenos victimizados desde hace mucho por intendentes y concejales que incluso delinquen en el ejercicio del cargo, hasta ahora con toda impunidad.