En noviembre último, el jefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción, Máximo Medina, reveló que ella debía 328.000 millones de guaraníes y que la recaudación no bastaba para cubrir las deudas. Entre los acreedores figuran cooperativas, sindicatos, bomberos voluntarios, proveedores y dueños de inmuebles. En otros términos, la Municipalidad está lisa y llanamente “en quiebra”, razón por la que, por ejemplo, estaría en mora desde hace dieciséis meses con el pago del alquiler de la vivienda ocupada por el Centro Municipal Nº 2, así como del consumo de energía eléctrica y de agua corriente.
Hace unos días, la Junta Municipal se limitó a “tomar nota” del pago de 50.000 millones de guaraníes a tenedores de bonos, negociado por el intendente Luis Bello (ANR, cartista). El jefe comunal debe pagar las cuotas vencidas sin firmar acuerdos paralelos, según los ediles. El desastre confesado por el jefe de Gabinete deriva de la corrupción, el derroche y el prebendarismo, que ninguna “ingeniería financiera” podría reparar mientras no exista la “voluntad política” de erradicar esos vicios.
En julio de 2025, el entonces interventor Carlos Pereira afirmó que la Municipalidad destina el 75% de sus ingresos al pago de remuneraciones y solo el 25% restante a la prestación de servicios, a lo que cabe agregar que el art. 179 de la Ley Orgánica Municipal dispone que las municipalidades no deben gastar en servicios personales más del 60% de sus ingresos corrientes ejecutados, según el último informe anual de ejecución presupuestaria. En agosto, el exinterventor dijo que el ente comunal superaría su crisis financiera si se desligara de tres mil funcionarios, contratados y jornaleros, que “no se necesitan”. En aquel entonces eran 9.119, de los cuales unos 1.800 ingresaron bajo la desastrosa gestión de Nenecho.
Carlos Pereira no fue desmentido por el fracasado exintendente ni por algún concejal que haya venido aprobando la sanción y la ejecución de unos presupuestos aberrantes. Hasta hoy, ningún candidato a la Intendencia o a la Junta Municipal ha dicho algo al respecto, salvo Camilo Pérez (ANR, cartista), quien había sostenido que no piensa despedir funcionarios, aunque aclaró que no aceptará planilleros. En las carpas opositoras, hasta ahora poco o nada se ha dicho al respecto.
La administración municipal suele quejarse de la elevada evasión tributaria, la que puede atribuirse a la ineficiencia y a la corrupción del aparato administrativo, así como al hecho de que los contribuyentes no perciben que su dinero se destine a obras o servicios. Una tasa solo debe cobrarse cuando el servicio es realmente prestado, lo que a menudo no ocurre con el de recolección de basuras, por ejemplo. Más aún, se paga una contribución para el mantenimiento de obras de desagüe pluvial en zonas en las que no existen y una tasa por la recolección de basuras no recogidas.
Es injusto cobrar tributos sin una contraprestación. Por de pronto, lo único que se le ocurre a la Municipalidad asuncena es pedir préstamos para pagar otros; es decir, abrir agujeros para tapar los existentes. Es evidente que esta “política financiera” no tiene mucho futuro y que para sanear las cuentas es necesario reducir en gran medida el frondoso plantel de funcionarios, contratados y jornaleros. Es cuestión de tener el valor de atender las necesidades de los vecinos indefensos antes que las de la clientela política enchufada en el Presupuesto y, desde luego, de abandonar la práctica rutinaria de las malversaciones. Si la Municipalidad no abona ni sus alquileres, poca esperanza queda de que pueda honrar sus deudas en la cantidad necesaria como para sacar a flote a la hundida institución. Así como está, debe a cada santo una vela.