Cuando Horacio Cartes asumió la Presidencia de la República, en agosto de 2013, el saldo de la deuda pública paraguaya era de 4.014 millones de dólares, equivalentes al 10% del PIB. Hacía poco que el país había reingresado al mercado de bonos soberanos y el Gobierno planteó aprovechar ciertas condiciones favorables para consumar por “única vez” una emisión extraordinaria y sin precedentes de 1.000 millones de dólares, con lo cual supuestamente se iba a poder dar un salto para superar el atraso en infraestructura.
Aquello causó un gran revuelo por el temor a que la audaz jugada implicara un costo alto para las finanzas públicas y abriera un grifo de endeudamiento discrecional, no atado a proyectos específicos, como es el caso de los préstamos tomados de organismos multilaterales. Dicho y hecho. No solamente la deuda casi se sextuplicó en apenas poco más de una década, sino que ahora como si nada se colocan miles de millones de dólares en títulos del Tesoro para financiar el imparable gasto público y para bicicletear los vencimientos de bonos anteriores, en un círculo vicioso que no parece tener fin.
Para colmo, el saldo actual de la deuda pública con estas nuevas colocaciones es un misterio, porque el Ministerio de Economía desde el primer trimestre que no actualiza los datos, por lo que la cifra oficial todavía corresponde a la gestión del anterior ministro, que dejó el cargo el 31 de marzo. De acuerdo con ello, hace tres meses el país debía 21.781 millones de dólares, casi 6.000 millones de dólares más que cuando Santiago Peña asumió el poder. Ello representaba el 36% del PIB, con la salvedad de que ese porcentaje es en cierto sentido solo aparente, por la apreciación del guaraní frente al dólar.
Más importante aún, ese excesivo endeudamiento no se destina mayormente a inversiones en infraestructura para fortalecer la economía y generar una acorde tasa de retorno, sino para sostener la burocracia estatal y para pagar la misma deuda, que son dos de los mayores componentes del gasto público. Según el informe financiero del ejercicio fiscal 2025 que acaba de divulgar el Ministerio de Economía (de nuevo con mucho retraso), el año pasado el servicio de la deuda consumió 1.233 millones de dólares, de los cuales 832,7 millones, el 67,5%, fueron solamente para pagar intereses.
Ello se refleja en el hecho de que el Estado cada vez gasta más y cada vez se endeuda más, pero no se ve una correspondencia equiparable ni en infraestructura ni en mejoras significativas en los servicios básicos a la ciudadanía. Al contrario, lo que se observa es que se hacen adquisiciones y se encargan obras, pero no se pagan, por la sencilla razón de que el dinero que debía estar destinado a ello se esfuma en otros conceptos.
Solamente los sectores farmacéuticos y de construcción reclaman facturas y certificados vencidos por 1.400 millones de dólares, un monto que representa el 2,3% del PIB, sin contar lo que debe el IPS, a lo que hay que sumar muchos otros “monos” que aparecen por todos lados, con lo cual el déficit fiscal real es el triple o más de lo que se admite oficialmente.
Antes de continuar endeudando al país el Gobierno debe sincerarse. Los agentes económicos, los inversores, los contribuyentes y los ciudadanos en general necesitan información veraz, sin maquillajes y sin excusas, sobre cuál es la verdadera situación y qué se hará para controlar el gasto y restablecer el equilibrio de las cuentas estatales.