La autónoma Contraloría General de la República (CGR), creada por la Constitución vigente, tiene el muy importante cometido de examinar las actividades económicas y financieras del Estado, de los departamentos y de las municipalidades. Está integrada por un contralor y un subcontralor que duran en sus funciones cinco años, no coincidentes con el mandato presidencial. Dado que pueden ser confirmados en sus cargos por un periodo más, Camilo Benítez y Augusto Paiva podrían ser reelectos si el Senado los incluyera en la terna de candidatos por mayoría absoluta y la Cámara de Diputados los designara por igual mayoría. Al vencimiento del plazo para la inscripción de los candidatos, la Cámara Alta recibió en total 49 postulaciones.
Es de lamentar que algunos legisladores hayan hablado de un acuerdo concertado entre el cartismo y sectores liberales para reelegirlos. Retrotrae a la memoria los famosos “pactos azulgranas”, de cuestionados resultados. No se trata necesariamente de que carezcan de méritos, sino de que las componendas politiqueras no deben determinar las decisiones de ambas Cámaras para integrar la cúpula de la CGR. La Constitución dice que el contralor y el subcontralor deben ser paraguayos, tener treinta años cumplidos y ser graduados en Derecho o en Ciencias Económicas, Administrativas o Contables. No dispone, por ejemplo, que “la Contraloría debe ser de la oposición”, como cree el senador Líder Amarilla (PLRA), ni que el primero y el segundo de a bordo deban pertenecer a distintos partidos. Lo que importa es que ejerzan sus respectivas funciones con idoneidad, honestidad y diligencia, más allá de los colores.
El estudio de los antecedentes de los candidatos debería servir para constatar si tienen o no dichas cualidades. La viciosa práctica de repartirse cargos, de acuerdo a los carnets partidarios, le hace mucho mal a la función pública y, por ende, al país. Existe una cuestión adicional que agrava los efectos del partidismo al realizar designaciones en el Congreso o incluso al sancionar leyes: el despiadado internismo, sobre todo en la ANR y en el PLRA. De hecho, la pertenencia a un grupo influye tanto como el carnet de afiliado. Por si fuera poco, el arreglo logrado en este caso se extendería a la composición del personal de la CGR: los nombramientos y las contrataciones responderían a cierto cuoteo que refleje la correlación de fuerzas entre los aliados del momento. Bien se sabe que, para más de un legislador, la política consiste en lograr cargos públicos para los parientes, los amigos y los correligionarios.
Como las atribuciones del órgano en cuestión son de suma relevancia para la marcha del país, es deseable que el contubernio en curso se deshaga atendiendo el evidente interés general de que las actividades económicas y financieras del sector público sean bien controladas. Los convencionales de 1992 hicieron muy bien en crear la CGR, ya que poner bajo la lupa el uso del dinero de los contribuyentes resulta indispensable para evitar o reprimir malversaciones y dispendios, entre otras fechorías. El contralor y el subcontralor solo pueden ser removidos mediante juicio político, por la comisión de delitos o mal desempeño de sus funciones.
Las maquinaciones en curso también agravian a los postulantes no apadrinados por los politicastros que se empeñan en repartirse la CGR porque no sienten el menor respeto por la ciudadanía ni por las instituciones, entre ellas la que por desgracia integran. No tienen conciencia de que enlodan sus respectivas bancas, pues les parece lo más natural del mundo amañar decisiones colectivas contrarias a la ley o a la moral: simplemente, ya están acostumbrados a que en “política” todo valga, sin que el bien común tenga la menor importancia. Actuando así, se creen extremadamente astutos, en provecho propio y de la clientela. Es de esperar que prevalezca una pizca de patriotismo en el momento de elegir a las principales autoridades de la CGR, por el bien del país.