La delegación técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) que acaba de concluir su misión produjo un duro informe que, aunque diplomáticamente, expone una muy deficiente gestión administrativa por parte del gobierno de Santiago Peña. Por primera vez un organismo oficial confirma que no se han hecho los debidos registros en la contabilidad estatal y que no se va a cumplir el plan de convergencia fiscal al que se habían comprometido las autoridades. Siendo optimistas, el lado bueno es que parece haber un entendimiento para un nuevo cronograma. El aval del FMI será fundamental para sincerar las cuentas nacionales, poner la casa en orden y rogar que ello no socave de manera irreparable la credibilidad y la imagen del país ante inversores extranjeros y ante las calificadoras de riesgo.
Todos los países miembros del FMI y signatarios de su Convenio Constitutivo, como lo es Paraguay, se someten periódicamente a revisiones de consulta establecidas en el Artículo IV que, en la práctica, funcionan como una especie de auditoría externa. Las recomendaciones no son de carácter obligatorio, pero constituyen uno de los principales marcos de referencia internacional sobre el país en cuestión y típicamente derivan en compromisos de adecuarse a ciertos parámetros en plazos determinados, con el fin de fortalecer los indicadores económico-financieros, los fundamentos macroeconómicos y contrarrestar riesgos internos o externos inminentes o potenciales.
La misión que estuvo en Paraguay el mes pasado divulgó su informe el 29 de junio y en él se anticipa que el déficit no se reducirá al nivel previsto en 2026, año en el cual debía retornar al tope de la ley de responsabilidad fiscal, del 1,5% del PIB, conforme al compromiso asumido por Santiago Peña al inicio de su mandato, y por primera vez se revela que se está preparando un nuevo plan para extender el plazo hasta 2028.
También por primera vez una fuente oficial, aunque indirectamente y con otras palabras, confirma que se escondieron pasivos bajo la alfombra para maquillar la contabilidad pública y mostrar un nivel de déficit irreal, que es exactamente lo que este Gobierno tanto le criticó a su antecesor, calificándolo de irresponsable. En su momento ese fue el argumento que utilizó la administración de Santiago Peña precisamente ante el FMI para reprogramar el calendario de convergencia, que al final tampoco cumplió.
Se trata de las deudas vencidas con proveedores y contratistas por adquisiciones y obras que se ordenaron y ejecutaron, pero no se pagaron ni se contabilizaron, lo cual es una muy seria irregularidad administrativa. El monto de estos atrasos es enorme, se estima en por lo menos 1.500 millones de dólares, más que todo el déficit oficialmente admitido, a pesar de que este Gobierno, poco después de asumir, emitió bonos por 600 millones de dólares supuestamente para ponerse al día. Nunca se llegó a explicar convincentemente qué pasó con la plata.
“La resolución oportuna de estos atrasos, así como su registro y presentación de forma transparente en las estadísticas fiscales, reforzaría la credibilidad de la política fiscal, que tanto ha costado conseguir”, señala el informe del FMI.
La misión indicó que es necesaria “una mejor alineación entre el presupuesto y la planificación financiera y de caja, además de reforzar la supervisión y los controles del gasto”. Léase: no gastar más de lo que se tiene, no obligarse si no se va a poder pagar, no presupuestar si no se cuenta con el necesario financiamiento, algo sumamente importante ahora, que se está comenzando a elaborar el presupuesto para 2027, el cual se estudiará en plena época electoral.
Por el lado positivo, la misión destacó la resiliencia de la economía paraguaya, con un crecimiento económico sólido, algo atribuible al sector privado, respaldado por un régimen creíble de metas de inflación y amplias reservas internacionales, lo que entra dentro de las funciones del Banco Central.
En síntesis, la economía del país está fuerte, pero el Estado paraguayo está sumido en un grave desorden administrativo. A este Gobierno le tocaron condiciones altamente favorables, con un ciclo de crecimiento económico y ausencia de emergencias nacionales, no hay excusas para haber llegado a esta situación: simplemente se gestionó mal el gasto público y no se realizaron reformas profundas para asegurar la sostenibilidad fiscal. Ahora hay que aceptar la realidad, pagar las cuentas, establecer un nuevo plan de reducción del déficit y esta vez cumplirlo a rajatabla.