La ley estipula que “la inversión en títulos de deuda emitidos o garantizados por un mismo banco o entidad financiera no podrá representar más del 10% del valor total de los recursos financieros y no financieros administrados por las entidades de jubilaciones y pensiones”. Al 30 de abril de 2026, último dato publicado, el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del IPS tenía un portafolio total de 20,1 billones de guaraníes, de los cuales 2,2 billones están en Ueno Bank, lo que representa un 11%. La entidad no solamente supera el tope, sino que se encuentra en esa situación irregular, por lo menos, desde febrero de 2025.
La inconsistencia salió a luz en junio de este año, cuando se trató en el Consejo la colocación de 100.000 millones de guaraníes del fondo de jubilaciones en el sistema financiero. En esa ocasión, dos consejeros, Bettina Albertini y José Emilio Argaña, manifestaron preocupación por la concentración de las colocaciones y el cumplimiento de los parámetros legales, en alusión a Ueno Bank.
Se decidió entonces pedir una aclaratoria a la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, a cargo de Griselda Figueredo. La respuesta fue tratada en la sesión del 2 de julio. En ella se indicó que la ley era clara y se dejó en evidencia que los límites en Ueno Bank estaban excedidos.
El director de Inversiones, Hugo Díaz, intentó justificarlo con el argumento de que, a criterio de su Dirección, no debían computarse los ahorros a la vista, que representan aproximadamente la mitad de los fondos de IPS colocados en Ueno Bank, o sea 1,1 billón de guaraníes, unos 180 millones de dólares. La consejera Albertini no se dio por satisfecha con esa explicación y Díaz terminó reconociendo que, de acuerdo con la postura de la Superintendencia, “estamos sobrepasados”. Conforme el acta de la sesión, se determinó pedir una nueva aclaratoria. No se sabe si eso se llegó a hacer ni cuál fue el resultado.
“Hay una duda razonable con respecto a si los depósitos a la vista realmente son considerados inversiones. A criterio de la Dirección no son inversiones porque para ser una inversión necesita tener unas condiciones: plazo, tasa y generalmente no está disponible”, dijo Hugo Díaz en esa oportunidad.
Si se excluyen los depósitos a la vista, se abre el margen para que Ueno Bank pueda captar más dinero del IPS, pero ello choca con varios problemas. Uno es el hecho en sí. Los fondos a la vista son para cubrir operaciones corrientes de muy corto plazo. No se entiende por qué el IPS tiene en Ueno Bank nada menos que 180 millones de dólares a la vista, sin generar rendimientos, y los mantiene en esa condición durante períodos prolongados. Por decir lo menos, se trata de una pésima administración de los recursos y de un serio indicio de colusión.
Otro problema es que la interpretación que deslizó Hugo Díaz en nombre de la Dirección de Inversiones se contrapone a las reglas históricas del propio IPS, sobre todo desde la reglamentación de 2005, realizada luego de las ingentes pérdidas que sufrió la institución con las sucesivas crisis financieras de mediados de los noventa en adelante. Ese reglamento fue sistemáticamente modificado durante este Gobierno, precisamente a medida de Ueno Bank. El mismo contemplaba, a los efectos del cálculo de los ratios exigidos, la inclusión de certificados de depósitos de ahorro, cuentas corrientes, cajas de ahorro y bonos colocados por el ente en cada entidad en cuestión.
La vinculación de Santiago Peña con el Grupo Vázquez, dueño de Ueno Bank, es conocida. Tuvo que admitirla tras quedar expuesto en la prensa, pese a haber afirmado anteriormente que no tenía nexo con ningún grupo económico. Formalmente se desprendió de sus acciones en Ueno Holding en abril de 2025, ya después de que se flexibilizara al máximo el reglamento de inversiones del IPS (noviembre de 2023 y 2024) y se nombrara titular del Banco Central a Carlos Carvallo Spalding, quien era el presidente de Ueno Bank. Todo esto genera inevitables suspicacias sobre el rigor de la supervisión tanto de Ueno Bank como del IPS, a la luz del historial de favoritismos para esa entidad durante este Gobierno y de su crecimiento meteórico en la captación de fondos públicos y previsionales.
La Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones debe pronunciarse de manera clara y categórica, no solo en cuanto a Ueno Bank, sino en cuanto a las reglas para todo el sistema financiero. De su coraje, firmeza y apego a la ley dependen su propia credibilidad y la tranquilidad de cientos de miles de trabajadores y empleadores sobre el manejo de sus aportes.